Mirar para otro lado
Las declaraciones de Chaves en relación con el caos y el desorden urbanístico que reinan en Andalucía, son sólo una manera de mirar para otro lado y culpabilizar directamente a los municipios para no tener que reconocer su propio fracaso y las corruptelas que principalmente afectan a Ayuntamientos socialistas. Su anunciada intención de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para reforzar el papel de la Junta y controlar más a los ayuntamientos, no es sino una huida hacia delante para tapar su inacción y dejadez en hacer cumplir eficazmente la legalidad en las actuaciones urbanísticas. Máxime cuando el nivel competencial de la Junta es ya lo bastante amplio para hacer valer y garantizar el principio de legalidad.
Y es que tanto la LOUA; el propio Estatuto de Autonomía; las transferencias en materia de suelo, vivienda y urbanismo recibidas en 1984; como la sentencia del Tribunal Supremo de 1996; dejan claro que el Ejecutivo Andaluz tiene todo los resortes para hacer cumplir con eficacia y rapidez la legalidad urbanística en la comunidad. El mismo texto de la LOUA, en su artículo 35.2, contempla la capacidad de la Junta para suspender motivadamente el planeamiento total o parcial de los municipios, como forma de salvaguardar la eficacia de las competencias autonómicas. Según recoge la ley, aunque las licencias de obras y órdenes de ejecución corresponden a los municipios, la Junta podrá suspender las mismas ante la inactividad municipal y tras requerir al alcalde, una vez haya transcurrido un mes sin que éste adopte las medidas de suspensión en dicho plazo.
La situación actual , por tanto, es más fruto de la inactividad y permisividad de la Junta que de falta de medios competenciales para garantizar la legalidad urbanística; y más allá de los inconsistentes argumentos del presidente de la Junta, es necesario poner en marcha una serie de medidas eficaces para conseguir que la actividad urbanística en Andalucía se desarrolle bajo parámetros de objetividad, eficacia y respeto a la legalidad, sin menoscabar el principio de Autonomía Municipal. Para ello el PP propone la constitución de un Grupo de Trabajo en el Parlamento con participación de técnicos y profesionales en la materia, así como la articulación de mecanismo legales ágiles para aquéllos que incumplan las Leyes Urbanísticas. Medidas urgentes y necesarias, para acabar con una situación ante la que la Junta tiene que dejar de mirar para otro lado.
Jorge Ramos Aznar es portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía.
