Reportaje:LA COMUNIDAD EDUCATIVA ANTE LA REFORMA

Opiniones encontradas ante la nueva ley

Los agentes educativos reclaman una memoria económica para poner en marcha las medidas

La comunidad educativa sigue dividida. El anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que presentó la ministra María Jesús San Segundo la semana pasada, no ha limado asperezas. A pesar de que el ministerio ha insistido en la idea de debatir con todos los agentes desde que se paralizó la Ley de Calidad (LOCE) del PP y de llegar a un consenso, en algunos casos las divergencias se han agudizado.

La nueva norma elaborada por el departamento de San Segundo recupera algunos aspectos de la LOCE y numerosos de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), promovida en la anterior etapa socialista. Los representantes de profesores, padres, alumnos y centros concertados han analizado la nueva ley. Esto es lo que han dicho:

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- Centros concertados. La financiación de los centros concertados es uno de los temas que más controversia levanta entre los agentes del sector educativo. El secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA), Manuel de Castro, señala que el anteproyecto supone "una vuelta de tuerca hacia el control de los centros concertados, cuando ya están controlados". "Es un grave retroceso en las garantías de la libertad de enseñanza reconocida en la Constitución. Parece que se ha aprovechado para legislar contra la concertada. Una cosa es que se hable de control y otra que se confunda con mecanismos que restringen seriamente la autonomía de los centros". De Castro asegura que el anteproyecto no recoge la necesidad de módulos de concierto que cubran los gastos reales del centro. El sindicato de profesores STES es muy crítico justo por lo contrario. Su portavoz, Augusto Serrano, señala que la ley "equipara" a lo largo de todo su articulado a los centros concertados y a los públicos, "cuando no son en absoluto iguales, ni reciben el mismo tipo de alumnado, por lo que no se les puede dotar de los mismos medios".

- Admisión de alumnos. La nueva ley contempla la creación de Comisiones de Garantías de Admisión que supervisarán el proceso de admisión de alumnos y garantizarán el cumplimiento de las normas que lo regulen. La Federación de Enseñanza de UGT valora la creación de esta comisión, pues supone un "paso importante para el equilibrio de la distribución del alumnado entre los centros públicos y concertados".

Sin embargo, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) critica la creación de estas comisiones, ya que "interfiere con el derecho exclusivo de los padres en la libre elección de centro". De la misma opinión es la FERE-CECA: "Preocupan especialmente algunos mecanismos que se incorporan al procedimiento de la admisión de alumnos. Por ejemplo, se habla de reserva de plazas, pero no del límite de tiempo y cantidad de dicha reserva". Su director general, Manuel de Castro, añade: "No estamos de acuerdo con el artículo del anteproyecto que señala que en ningún caso habrá discriminación por razones ideológicas, incluido el carácter propio del centro. ¿Qué significa esto? ¿Que deberemos admitir a un alumno aunque no acepte el carácter propio del colegio?".

- Financiación. La exigencia de una financiación suficiente para poner en marcha la nueva ley educativa es uno de los clamores más compartidos por todos los sectores. "¿Cómo se va a financiar la LOE?", se pregunta el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Carlos López Cortinas. "Porque la falta de partidas financieras fue un de los grandes fallos de la LOGSE y la LOCE, y esperamos que esto no suceda ahora", señaló este dirigente.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, José Campos, señala que la ley de financiación debe incluir un gasto educativo público del 6% del PIB. El Sindicato de Estudiantes considera "inaceptable" que no exista un plan extraordinario de inversión para la educación pública. En esta línea, la confederación laica de padres CEAPA muestra su escepticismo en cuanto a que esta ley, por sí sola, mejore la calidad, sin un respaldo presupuestario suficiente. La FERE-CECA añade que tendrán que ser las comunidades autónomas las que "den el respaldo económico a una ley que a simple vista puede duplicar el coste previsto en la aplicación de la LOCE".

- Evaluación a los estudiantes. A STES le preocupa que se vaya a evaluar a los alumnos en 4º de primaria y 2º de ESO para medir el nivel general de todos los estudiantes, "pues puede acabar derivando en la creación de rankings comparativos entre centros". La Concapa, en cambio, piensa que esta ley "no potencia el esfuerzo, y prima la desidia y el fracaso al promocionar con cuatro suspensos". "¿Cómo se puede ser tan utópico para creer que un alumno que pase de curso con tres suspensos puede aprobar las materias suspendidas y también el curso?", se pregunta el presidente de la Concapa, Luis Carbonel.

También Manuel de Castro, de la FERE-CECA, se queja de la "falta de exigencia a los alumnos" que propugna la nueva ley. "El problema de la enseñanza es la falta de calidad, y eso se consigue evaluando el conocimiento de los alumnos y no dejándolos pasar de curso si no tienen esos conocimientos", señala.

La confederación laica de padres de alumnos avala, en cambio, las medidas contempladas en la nueva ley, como la diversificación curricular, los desdobles, los grupos flexibles y la implantación de asignaturas optativas en la ESO, "que ayudarán a elevar el nivel de los alumnos".

- Condiciones del profesorado. Las federaciones de enseñanza de CC OO, UGT y STES critican el documento "por no abordar con profundidad" los temas relacionados con las condiciones laborales de los docentes. Consideran que es "insuficiente" y que no mejora los aspectos que vienen reivindicando desde hace tiempo. Tanto la FETE-UGT como STES señalan que el texto no contempla el acceso diferenciado para solucionar la gran bolsa de interinos ni recoge que la jubilación voluntaria se mantenga indefinidamente. CC OO señala que "es improcedente" la continuidad del cuerpo de catedráticos, tal y como se recogía en la LOCE, y discrepa de cómo el anteproyecto aborda las titulaciones requeridas para la docencia. Este sindicato también considera "imprescindible" la negociación del Estatuto de la Función Docente.

- Elección del director. La FETE-UGT considera que habría que recuperar la elección democrática del equipo directivo por parte del consejo escolar del centro (con la LOE participa también la Administración). También STES se queja de que esta ley "no avance en la gestión democrática de los centros, pues se impide a la comunidad educativa que tenga la capacidad exclusiva de elegir a los órganos de dirección de los mismos". Mientras que la Federación de Enseñanza de CC OO señala que es "improcedente" el modelo de gestión y elección de directores que se propugna. La presidenta de la CEAPA, Lola Abelló, valora que los consejos escolares recuperen sus competencias en el control y gestión de los centros educativos, pero señala que "puede quedar en papel mojado si las administraciones no promueven la participación de los padres en el sistema educativo".

Un profesor imparte clase en un instituto de Cavanilles, Alicante.
Un profesor imparte clase en un instituto de Cavanilles, Alicante.OLIVARES NAVARRO

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