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Un diálogo marcado por lo concordado en Roma en 1979

El Gobierno quiere una España laica y el Vaticano está decidido a "no perder a la católica España". El PSOE reclama cambios en el concordato de 3 de enero de 1979 con el Estado de la Santa Sede y los obispos no quieren oír hablar sobre tal cuestión. Es el marco en el que se mueven las negociaciones de las partes en conflicto.

"¿Y Zapatero qué hace?", inquirió el Papa la semana pasada a un prelado catalán. A finales de enero, ante el cardenal Rouco, el pontífice romano había reprochado al Gobierno "desprecio hacia lo religioso" e, incluso, insensibilidad social en el reparto del agua entre regiones. El cruce de reproches culminó con una llamada a capítulo al nuncio romano ante el Ministerio de Exteriores, un procedimiento de discordia que en los últimos 25 años sólo se ha escenificado en dos ocasiones.

Los desacuerdos entre España y la Iglesia romana afectan hoy a la financiación pública, la enseñanza religiosa, la despenalización del aborto, la legislación sobre el divorcio o la regulación de avances científicos que Roma considera reprobables. El Gobierno apela a la soberanía nacional para sostener esas reformas. "La fe no se legisla. La fe pertenece a la conciencia de cada persona", dijo Rodríguez Zapatero en las Cortes, el 20 de octubre de 2004. Pero añadió que no tenía "entre las prioridades la revisión global de los acuerdos con la Santa Sede". "No figuró en el discurso de investidura. No figuró en el programa electoral", dijo.

Muchos dirigentes socialistas sostienen, sin embargo, que las relaciones España-Santa Sede están condenadas al conflicto si no se producen cambios en los acuerdos del 3 de enero de 1979, que el PSOE considera, como mínimo, preconstitucionales. En cambio, el cardenal Rouco ve "obvio que el marco jurídico concordado" en Roma por el ministro democristiano Marcelino Oreja y el cardenal Villot "no puede ni comprenderse ni interpretarse cabalmente al margen del ordenamiento constitucional". La reivindicación del carácter de tratado internacional para los acuerdos negociados en Roma entre 1976 y 1978 -en paralelo a la redacción de la Constitución de 1978- da a lo regulado entonces rango de ley orgánica, pero también convierte a los interlocutores de la otra parte -los obispos- en representantes de un Estado extranjero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2005