Las 34 familias del Carmel que perdieron su casa tendrán un piso y 100.000 euros

Los abogados de las 34 familias del Carmel que residían en los cuatro edificios afectados por derribos cerraron ayer un preacuerdo con la Generalitat por el que cada familia recibirá una vivienda nueva, un mínimo de 70.000 euros para reponer mobiliario y enseres, y 30.000 euros por persona por daños morales. El acuerdo prevé desproteger los pisos puente de protección oficial, a los que se les dará acceso si quieren quedarse en ellos.

Cuatro horas duraron ayer las negociaciones finales, que empezaron el pasado 11 de febrero y que en algunos momentos pareció que iban a romperse. Ambas partes -Generalitat y abogados- salieron satisfechas de la reunión, en la que se establecieron las indemnizaciones que percibirán las familias que residían en los inmuebles 6, 8 y 10 del pasaje de Calafell y el 8 de Conca de Tremp. El preacuerdo debía comunicarse ayer a los representados y se prevé que se firme mediante un convenio la próxima semana.

El secretario general de Vivienda del Gobierno catalán, Ricard Fernández, explicó que cada familia recibirá primero una casa que sustituya la anterior. "De momento, se les alojará en pisos puente hasta que se les halle una ubicación definitiva, y las familias que lo deseen podrán quedarse en estos pisos", explicó Fernández.

Para respetar la equivalencia patrimonial de las viviendas que tenían antes, explicó Fernández, se acordó descalificar los pisos protegidos que se les faciliten, en caso de que los afectados deseen quedarse en ellos. Así los podrán vender en el mercado libre si lo desean. Además, los técnicos independientes que tasen los pisos afectados añadirán 30.000 euros al precio que establezcan, como "margen técnico".

Cada familia recibirá 70.000 euros para adquirir mobiliario y enseres. A partir del segundo miembro de la familia, percibirán 10.000 euros más por persona. Además, cada uno de ellos recibirá 30.000 euros por daños morales.El preacuerdo que alcanzaron ayer los siete abogados de los afectados por derribos y la Generalitat establece que el Gobierno catalán procurará "garantizar la neutralidad fiscal" de la operación, es decir, que las indemnizaciones que cobrarán estén libres de impuestos.

El secretario general de Vivienda, Ricard Fernández, también explicó que 15 familias irán a vivir a pisos puente de la calle de Garcilaso y otras 15 a las viviendas de la calle del Llobregós. Para las otras cuatro familias se prevé la posibilidad de que sean realojadas en otros pisos puente o de pagarles 900 euros mensuales.

Por otra parte, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, anunció ayer que el Ayuntamiento se ha personado como parte perjudicada en la querella que tramita el Juzgado de Instrucción número 33 por el hundimiento del Carmel. Clos aclaró que si en ese proceso, instado por varios comerciantes de la zona, o en otros diferentes se concretan acusaciones contra alguien, el Ayuntamiento ejercerá la acusación particular. "Somos los primeros interesado en saber qué ha pasado", dijo.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, anunció ayer las iniciativas que su grupo propondrá en el Congreso de los Diputados para ayudar a los vecinos del Carmel: un comisionado para coordinar la acción de las administraciones y la solicitud para declarar el barrio zona catastrófica. En un ámbito más político, Zaplana avanzó que la sesión de control al Gobierno del miércoles será monográfica y que pedirá la comparecencia de los ministros de Vivienda, Industria y Fomento.

Algunos de los 1.000 desalojados mostraron su rechazo a la indemnización por daños y perjuicios, incluidos los morales, anunciada ayer por la Generalitat, que asciende a 6.000 euros y que se hará efectiva cuando los vecinos regresen a sus casas. El abogado de algunos vecinos, Juan Antequera, ya anticipó ayer que considera que esta cantidad es "insuficiente", por lo hoy pedirá que se cree una mesa de negociaciones.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Carmel, Fernando González, se mostró ayer "decepcionado" por la cuantía de la indemnización aprobada por el Gobierno catalán, que "ha demostrado que no se está tomando en serio" el asunto. González dijo que esta cantidad puede resultar adecuada para algunos vecinos, mientras que a otros les puede parecer insuficiente porque han sufrido peores daños en sus viviendas y han padecido daños morales más graves, informa Efe.