L'Entesa pedirá en el Congreso la devolución de los documentos de Salamanca
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados debatirá el próximo miércoles, 9 de febrero, la petición de la diputada de EU-L'Entesa Isaura Navarro para que los documentos incautados durante la Guerra Civil en la Comundiad Valenciana y depositados en el archivo de Salamanca se devuelvan a sus propietarios. Navarro hizo un llamamiento al Gobierno central para que demuestren que la justicia "está al margen de si los demandantes son de unos o de otros", refiriéndose así a la devolución de los documentos catalanes. La diputada aseguró en un comunicado que no se puede concebir "otra decisión...
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados debatirá el próximo miércoles, 9 de febrero, la petición de la diputada de EU-L'Entesa Isaura Navarro para que los documentos incautados durante la Guerra Civil en la Comundiad Valenciana y depositados en el archivo de Salamanca se devuelvan a sus propietarios. Navarro hizo un llamamiento al Gobierno central para que demuestren que la justicia "está al margen de si los demandantes son de unos o de otros", refiriéndose así a la devolución de los documentos catalanes. La diputada aseguró en un comunicado que no se puede concebir "otra decisión que la devolución definitiva", ya que cualquier otra cosa "sería un agravio comparativo intolerable". Isaura Navarro recordó que, de acuerdo con la Comisión de la Dignitat del País Valencià, más de 200 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y el claustro de la Universitat de València han reclamado la devolución de la documentación que incautaron las tropas de Franco tras la Guerra Civil y que depositaron en el archivo de Salamanca. El régimen franquista requisó toda la documentación perteneciente a las instituciones, ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales y culturales "para perseguir a los defensores de la legalidad democrática republicana", apuntó la diputada. Con estos documentos, según explicó Navarro, se elaboraron "con fines represivos" más de tres millones de fichas personales y miles de expedientes de antecedentes políticos, que utilizaban la Auditoría de Guerra, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, los Tribunales de depuración de funcionarios y trabajadores públicos y el Tribunal Especial para la represión de la Masonería y el Comunismo, al que sucederá después el Tribunal de Orden Público. Para la diputada de EU-L'Entesa, hay que tener en cuenta que en la actualidad existe un Estado con comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas y transferidas en materia de Cultura, "por eso es el momento de restablecer la legalidad".