Vuelven 68 años después de muertos

"Lo hemos conseguido gracias a Pepe", comentaba ayer a las puertas del cementerio de Ubrique (Cádiz) el nieto de uno de los 13 vecinos del pueblo que, 68 años después de ser fusilados, por fin estaban recibiendo sepultura de una forma digna. José Vázquez Jiménez, Pepe para los familiares de estas víctimas de la Guerra Civil española, estaba también ayer en el camposanto ubriqueño. A sus 92 años este agricultor asistía por segunda vez al entierro de estos hombres y mujeres. Él fue quien, obligado por las circunstancias y amenazas de la guerra, tuvo que echar los cuerpos a una fosa común del cem...

"Lo hemos conseguido gracias a Pepe", comentaba ayer a las puertas del cementerio de Ubrique (Cádiz) el nieto de uno de los 13 vecinos del pueblo que, 68 años después de ser fusilados, por fin estaban recibiendo sepultura de una forma digna. José Vázquez Jiménez, Pepe para los familiares de estas víctimas de la Guerra Civil española, estaba también ayer en el camposanto ubriqueño. A sus 92 años este agricultor asistía por segunda vez al entierro de estos hombres y mujeres. Él fue quien, obligado por las circunstancias y amenazas de la guerra, tuvo que echar los cuerpos a una fosa común del cementerio de la vecina localidad de El Bosque, minutos después del fusilamiento.

Pero Pepe fue también quien décadas después, y al saber que los buscaban, dijo a los familiares el lugar exacto dónde yacían sus seres queridos. "Habíamos unos cuantos que el que mandaba echaba mano de nosotros para enterrar a los hombres que habían matado, y yo tuve que ayudar para enterrar a nueve de aquí", recordaba apoyado en el brazo de su hija.

La emoción y las banderas republicanas se dejaban ver claramente durante el acto, en el que se evitaron todo tipo de símbolos religiosos. Los restos, metidos en 13 cajas de madera, fueron depositados en tres nichos y tapados con una lápida en la que se podía leer los nombres de los fusilados y una frase para el recuerdo: "El camino, la vida, la paloma, la paz, la palabra dueña de la libertad".

Allí, en unos pocos metros cuadrados, recuperaban la dignidad unos hombres y mujeres cuyas historias y tragedias habían caído en el olvido. Alfonso Yuste Ramírez, trabajador de la piel de Ubrique, sólo tenía 16 años cuando pereció bajo las balas del pelotón de fusilamiento; Manuel Flores Núñez, de 20 años, fue abatido ante los ojos de su padre, el zapatero Diego Flores Cruz, quien suplicó inútilmente morir antes que su hijo; el delito de José Bazán Viruéz, de 33 años, fue ser elegido concejal de Izquierda Republicana en febrero de 1936; otro marroquinero, Andrés García Fernández, fue el fundador de las Juventudes Socialistas de Ubrique y lo mataron con 34 años; José Castro Blanco, de 35 años, fue fusilado por fundar la Agrupación Socialista; Juan Peña Rubiales tenía 42 años, trabajaba en la huerta y vendía sus hortalizas; José García Moreno sólo contaba 21 años, escribía coplas de carnaval; Sebastián Flores Jiménez, de 40 años, era profesional de la construcción; José Gil Ruiz y su mujer Manuela Pardeza García, ambos de 64 años, eran campesinos y fueron sacados del chozo donde vivían para su fusilamiento; Francisco Moreno López, de 47 años, huyó andando hasta Málaga, pero volvió poco después a su pueblo para encontrar la muerte; y Antonio Gómez Frías, de 42 años, era marroquinero y ayudaba a los analfabetos de la localidad.

Para Mateo Venegas Bazán "fueron víctimas de la barbarie y el fascismo de la guerra incivil". No entiende como en 68 años nadie, excepto las familias, se ha preocupado por darles un entierro digno. "No estamos buscando a los culpables, no queremos revancha, pero sí justicia para ellos, que dieron su vida por la libertad y la democracia o por pensar diferente", asegura. Los recuerdos asaltaban a Inés Castro. Tenía cinco años cuando fusilaron a su padre. "En mi casa se pasó mucho, éramos cuatro hermanos, y mi madre se quedó viuda con 31 años", rememora Inés. En opinión de Cecilio Gordillo, vocal de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, "esta situación se ha debido a un problema más político que legal, a que hay administraciones que no se atreven a dar este paso".