Respuesta democrática

El 'lehendakari' Ibarretxe sufrió ayer una clara derrota política. Su plan fue rechazado y devuelto al Parlamento de Vitoria por el voto de una mayoría amplísima de los diputados, incluida la mayoría de los representantes vascos en el Congreso. El recurso al victimismo no sirvió en esta ocasión, y tampoco la amenaza de que si no se aprobaba la propuesta sería sometida a referéndum. Esa derrota marca el terreno en el que deberán plantear sus reformas estatutarias las formaciones nacionalistas que ayer respaldaron el plan del lehendakari sin considerar sus contenidos, no sólo inconstitucionales, sino incompatibles con las reglas de juego democráticas.

De momento, el plan Ibarretxe es la prueba del acierto de las previsiones constitucionales sobre la reforma de los Estatutos de autonomía, que hace imprescindible su aprobación por las Cortes. Esa intervención es una garantía frente a eventuales extralimitaciones, como es el caso, por parte de una asamblea autonómica, y también frente a disparates incompatibles con la lógica del sistema autonómico. El Congreso devolvió ayer la propuesta al Parlamento vasco, sin cerrar la puerta a otra posible reforma, siempre que venga avalada por lo que esta vez ha faltado: la voluntad integradora, que es lo contrario a la imposición de una parte.

El presidente del Gobierno y el líder del primer partido de la oposición explicaron con razones complementarias el motivo de su rechazo. Fueron razones jurídicas, pero también democráticas.

La defensa de la unidad de España, vino a decir Zapatero, es la defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Son los derechos de los ciudadanos vascos no nacionalistas los que pone en peligro el plan al vaciar de competencias al Estado y limitar así la protección que las instituciones comunes garantizan frente a posibles abusos, argumentó Rajoy. La distinción que la propuesta de Ibarretxe establece entre ciudadanía y nacionalidad es una puerta hacia la limitación de derechos políticos, algo que en su día teorizó Arzalluz y que figura en el proyecto de estatuto elaborado por Eusko Alkartasuna, uno de los socios del Gobierno tripartito que preside Ibarretxe.

La petición de diálogo por parte del lehendakari choca espectacularmente con su propia incapacidad para integrar o siquiera intentar refutar los argumentos de los que durante cuatro años han discutido los suyos. Volvió a tópicos como el de los 200 años de conflicto con España o a silogismos como el de que su plan era consecuencia del incumplimiento por el Estado del Estatuto de Gernika. Afirmación incompatible con el hecho de que el 90% de lo recaudado en Euskadi se queda en la comunidad vasca, y con su opinión de que todo ha ido estupendamente gracias al Estatuto de Gernika. Argumento que también fue esgrimido por la diputada de Eusko Alkartasuna. La insistencia en reclamar el derecho a decidir sugiere que los vascos no llevan casi treinta años votando libremente (sobre todo los no amenazados por ETA) y decidiendo sobre aquello sobre lo que pueden decidir, de acuerdo con el reparto competencial propio de cualquier sistema federal.

Ibarretxe ha llevado las cosas a un punto que un político responsable hubiera tratado de evitar: un planteamiento del problema vasco en términos de enfrentamiento entre dos legitimidades (o dos soberanías), representadas por el Parlamento vasco y el Parlamento español. En esos términos el acuerdo es imposible, y por eso Ibarretxe debió retirar su plan cuando comprobó, hace tiempo, que no sería capaz de sumar apoyos de las fuerzas representativas de la mitad no nacionalista de la población vasca, y que sólo podría alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria con el respaldo de Batasuna, con cuyo voto se había comprometido a no contar mientras no se distanciara de ETA. En esa situación era inevitable el rechazo por las Cortes y, por tanto, el choque indeseable, por irresoluble, entre legitimidades. Unas Cortes que constituyen uno de los ámbitos de decisión de los vascos, para determinadas cuestiones, y en las que durante las tres últimas legislaturas, y con independencia de que se presentase o no Batasuna, ha habido más parlamentarios vascos de partidos no nacionalistas (11) que de formaciones nacionalistas (8).

Haber aceptado el texto como base para su negociación artículo por artículo, como pretendía Ibarretxe, habría sido legitimar el procedimiento seguido para su elaboración, determinante a su vez de un contenido que nunca podrán aceptar los no nacionalistas. Por eso tenía que ser devuelto; no para evitar la posibilidad de mejorar el Estatuto, sino para dar al Parlamento vasco la posibilidad de elaborar una reforma que contribuya a superar la división entre nacionalistas y no nacionalistas. Sólo así podrá obtener el respaldo de las Cortes.