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EL DEBATE PARLAMENTARIO DEL 'PLAN IBARRETXE'

Entre la legalidad y la legitimidad

El Tribunal Constitucional tuvo la diligencia y el acierto de rechazar anteayer mediante dos autos los recursos de amparo presentados por diputados del PNV, EA, IU y Nafarroa Bai contra el procedimiento acordado por la Mesa del Congreso para celebrar el Pleno sobre el debate de totalidad de la Propuesta de Reforma del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi aprobado el pasado 30 de diciembre por el Parlamento autonómico de Vitoria. La pretensión de los apelantes según la cual la vía correcta para la reforma sería la tramitación ordenada por el artículo 151.2 para la aprobación de los Estatutos (el examen en la Comisión Constitucional del Congreso sin pasar previamente por la Mesa y Pleno) tenía muy débiles fundamentos jurídicos. El alto tribunal recuerda que todas las reformas estatutarias están reguladas por el artículo 147.3 de la Constitución; la Resolución de la Presidencia del Congreso de 17 de enero de 1993 sitúa temporalmente el debate de totalidad por el Pleno de las propuestas de reforma de los estatutos del artículo 151 antes de la eventual discusión de las enmiendas parciales en la Comisión Constitucional.

Los recursos de amparo sobre cuestiones de procedimiento no eran una simple pejiguería obstruccionista. El lehendakari tenía un especial empeño en que la Propuesta fuese discutida previamente en la Comisión Constitucional por otro motivo: la presencia en ese órgano de una delegación de la Asamblea autonómica -"para determinar de común acuerdo" con los diputados de las Cortes Generales "la formulación definitiva" de la reforma estatutaria- hubiese podido ser torticeramente interpretada como prueba de la doble legitimidad -vasca y española- de ambos parlamentos por el carácter mixto de la comisión.

La contraposición entre legitimidad y legalidad es una de las maneras posibles de plantear la dialéctica entre política y derecho en los sistemas democráticos. La estrategia jurídica aplicada -en esta ocasión y otras anteriores- por el Gobierno de Vitoria y por los partidos nacionalistas en defensa de sus reivindicaciones utiliza de manera sistemática todos los recursos procesales ante los tribunales permitidos por el ordenamiento constitucional. Desde la tribuna del Congreso, el lehendakari Ibarretxe recalcó ayer la legalidad formal de la Propuesta de Reforma del Estatuto; citó como prueba el auto del Tribunal Constitucional 20 de abril de 2004 (denominándolo equivocadamente sentencia) que rechazó la impugnación presentada por el Gobierno de Aznar al amparo del artículo 161.2 para tratar de suspender su debate en el Parlamento vasco. Esa estrategia procesal permite al Gobierno vasco y a los partidos nacionalistas cargarse de razón cuando los fallos judiciales les son favorables. Pero si los veredictos de los tribunales les llevan la contraria, no sólo se consideran desvinculados de las resoluciones correspondientes sino que además acusan de prevaricación a los magistrados.

Así pues, las críticas del lehendakari al procedimiento seguido ayer en el debate de totalidad no fueron sino la repetición de otros pronunciamientos anteriores dirigidos a desprestigiar sentencias del Constitucional, del Supremo y de otros tribunales (desde la legalización de Batasuna hasta la anulación de normas fiscales de la comunidad autónoma vasca). Esa manipulación alternativa del respeto debido a las normas jurídicas -en función exclusivamente de las ventajas obtenidas por su aplicación- socava el fundamento de cualquier relación política basada en la confianza y la buena fe. Ni siquiera la flexibilidad -en sí misma elogiable- mostrada ayer por la Presidencia del Congreso y la Junta de Portavoces a fin de que el lehendakari siguiera el debate desde el hemiciclo y tuviese un turno de réplica fue reconocida como prueba de la voluntad de concordia de quienes tuvieron esa iniciativa. Desde esa perspectiva, las reiteradas invocaciones a la negociación del lehendakari suenan como un mantra sánscrito para adormecer a los interlocutores y engañar a los espectadores: el endurecimiento de la Propuesta durante su paso por el Parlamento de Vitoria bastaría para demostrarlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2005