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EL DEBATE PARLAMENTARIO DEL 'PLAN IBARRETXE'

El proyecto de "libre asociación" vuelve a Vitoria

Las claves de la reforma rechazada por el Congreso

La propuesta de Estatuto que el Parlamento vasco aprobó por mayoría absoluta gracias a tres votos de Batasuna sienta las bases jurídicas para la independencia del País Vasco. El Congreso ha rechazado esta iniciativa legislativa, cuyas principales apuestas son las que siguen:

- IDENTIDAD. LA LIBRE ASOCIACIÓN. "El pueblo vasco o Euskal Herria es un pueblo con identidad propia en el conjunto de los pueblos de Europa (...) que se asienta (...) en siete territorios actualmente articulados en tres ámbitos de dos Estados. El pueblo vasco tiene derecho a decidir su propio futuro (...) de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido internacionalmente. (...) El ejercicio del derecho del pueblo vasco a decidir su (...) futuro se materializa desde el respeto al derecho

de los diferentes ámbitos jurídico-políticos en los que actualmente se articula a ser consultados para decidir su futuro", establece el preámbulo del texto. Los ciudadanos vascos manifiestan su "voluntad de formalizar un nuevo pacto político para la convivencia, que se materializa en un nuevo modelo de relación con el Estado español, basado en la libre asociación (...)". Los ciudadanos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, "en el ejercicio del derecho a decidir libre y democráticamente su propio marco de organización y de relaciones políticas (...) se constituyen en una comunidad vasca libremente asociada al Estado español (...) bajo la denominación de Comunidad de Euskadi o Euskadi". Se reconoce el derecho de estos territorios y de Navarra y los tres territorios del País Vasco francés "a vincularse en un marco territorial común de relaciones".

- LA POSIBILIDAD DE INDEPENDENCIA. El artículo 13.3. abre la vía a la secesión y la independencia, partiendo, de nuevo, de la libre decisión de los vascos. Cuando éstos manifiesten, "en consulta planteada al efecto, su voluntad clara e inequívoca, sustentada en la mayoría absoluta de los votos declarados válidos, de alterar íntegra y sustancialmente el modelo y régimen de relación política con el Estado español", las instituciones vascas y españolas "se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación para establecer las nuevas condiciones (...) que permitan materializar (...)" la voluntad de los vascos.

- CONFLICTOS CON EL ESTADO. Se crea una "Comisión Bilateral Euskadi-Estado" para dar cauce a esas relaciones de cooperación y se detallan la composición y funciones de una nueva sala del Tribunal Constitucional configurada como "Tribunal de Conflictos Euskadi-Estado". "La impugnación por el Gobierno del Estado de las disposiciones de las instituciones vascas no supondrá su suspensión automática" que prevé el artículo 161.2 de la Constitución.

- REFERÉNDUM SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO. Finaliza el título 1 (artículo 17) fijando el procedimiento de modificación del nuevo Estatuto, que sustituye al establecido en los artículos 46 y 47 del texto de Gernika, y se establece que, de no alcanzarse un acuerdo en la negociación en un máximo de seis meses con las Cortes, el Parlamento vasco podrá solicitar al Gobierno de Euskadi que someta la propuesta inicial a referéndum, para luego negociar de nuevo con el Estado.

- NUEVO PODER JUDICIAL VASCO. El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi es la última instancia judicial, "ante la que se agotarán las sucesivas instancias procesales, incluyendo los recursos de casación". Al Tribunal Supremo se le reconoce básicamente la "unificación de doctrina". El Gobierno del Poder Judicial se encarga a una nueva institución llamada Consejo Judicial Vasco, "que ejercerá sus competencias y funciones en estrecha colaboración" con el Consejo General del Poder Judicial. Este nuevo Consejo designará al presidente del Superior y a su fiscal jefe y tendrá las competencias de inspección, y las correspondientes sobre secretarios, jueces, magistrados y fiscales. El artículo 29 traspasa del Estado a Euskadi la organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal.

- COMPETENCIAS. Establece que corresponden a Euskadi tanto la potestad legislativa como la de ejecución de todas las políticas no atribuidas expresamente al Estado en el texto. Se reservan exclusivamente al Estado la potestad legislativa y de ejecución sobre siete materias (nacionalidad española, Defensa o moneda, entre ellas) y la legislación común en otros cinco ámbitos, incluyendo la penal, procesal, mercantil y civil, "sin perjuicio de la capacidad de las instituciones vascas para su desarrollo (...), así como para su aplicación y ejercicio de las potestades de ejecución".

- DERECHO DE GRACIA, SELECCIONES DEPORTIVAS Y CÁRCELES. Él artículo 24 señala que "la aprobación del derecho de gracia respecto de las ciudadanas y ciudadanos vascos corresponderá al Gobierno Vasco, y lo ejercerá con arreglo a lo que disponga el ordenamiento jurídico". Además, entre las competencias nuevas se incluye atribuir a Euskadi todo el régimen electoral, el derecho a disponer de selecciones deportivas nacionales, las instituciones penitenciarias, inmigración, la titularidad de todas las infraestructuras y obras públicas o las aguas territoriales. A las fuerzas de seguridad del Estado se dejan "exclusivamente los servicios policiales asociados al control de las políticas (...) atribuidas al Estado con carácter exclusivo en este Estatuto" (52.2).

La polémica sobre la Seguridad Social se resuelve atribuyendo (54.2) a Euskadi "la gestión del sistema público de seguridad social en su ámbito".

- RELACIONES EXTERIORES. Euskadi tendrá representación directa en los órganos de la UE y representantes de sus instituciones se integrarán en las delegaciones españolas en el Consejo de Ministros de la UE en los asuntos que afecten a sus políticas exclusivas. Euskadi será circunscripción única en las elecciones europeas (artículo 65.6).

"La formalización por parta del Gobierno español de tratados y convenios internacionales" que alteren o restrinjan las competencias del Estatuto "exigirá la autorización previa de las instituciones comunes vascas" (artículo 68.1).

- DERECHOS HISTÓRICOS. Una disposición transitoria establece un plazo máximo de seis meses para que Euskadi asuma materialmente y comience a ejercer "todas las potestades, funciones y servicios" que le corresponden. En ese plazo, una comisión de ambos Gobiernos resolverá definitivamente la continuidad de los servicios públicos y el traspaso a Euskadi de los medios estatales. La falta de acuerdo "no impedirá" a Euskadi ejercer con sus recursos las competencias asumidas, sin perjuicio de reclamar luego daños al Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2005