El Gobierno regional aboga por reformar el Estatuto para contar con una policía autonómica adscrita

El Gobierno regional, que preside Esperanza Aguirre (PP), está estudiando la posibilidad de modificar el vigente Estatuto de Autonomía como fórmula previa para poder contar con una unidad de policía adscrita que estaría bajo el mando del propio Ejecutivo madrileño, según admitió ayer el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. Las llamadas unidades adscritas están formadas por policías y guardias civiles que el Ministerio del Interior cede a las comunidades autónomas (así están ya en la Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía). En realidad son una especie de policía autonómica descafeinada.

El diario Abc publicó ayer una información según la cual "el Gobierno de Aguirre estudia incluir en el Estatuto la posibilidad de tener una policía autonómica para el ejercicio de las funciones de vigilancia y protección". Sin embargo, fuentes del Ejecutivo madrileño aseguraron que en modo alguno se está planteando crear un cuerpo de policía similar a la Ertzaintza vasca o a los Mossos d'Esquadra de Cataluña. Hace más de un año, Aguirre declaró que "no descartaba" esta posibilidad, pero en la actualidad no existe tal planteamiento. "No queremos reabrir el debate de policía autónoma, sí, policía autónoma, no", declaró Prada.

El vicepresidente segundo explicó ayer a EL PAÍS que los planes que él baraja consisten en modificar el Estatuto -aprovechando que en la Asamblea regional hay una ponencia que está estudiando las posibles reformas de este texto legal- para poder firmar un convenio con el Ministerio del Interior a fin de que Madrid disponga de 3.000 policías más. "La fórmula sería que nos adscribieran a esos agentes a la Comunidad de Madrid; nosotros les dotaríamos de los medios adecuados; y así cerraríamos el círculo completo", declaró.

Esta unidad adscrita, según Prada, se dedicaría a combatir la violencia sexista o de género, los delitos medioambientales, y a realizar tareas de policía de barrio y de seguridad ciudadana, entre otros cometidos. "La que ya existe en la Comunidad Valenciana está funcionando muy bien", aseguró el vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre.

Modificar la ley

Pero si la reforma del Estatuto de Madrid no sale adelante -ya que el PP necesitaría contar con el respaldo parlamentario de los partidos de la oposición (PSOE e IU)-, el Gobierno de Aguirre apoyaría la modificación de la vigente Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado para así poder obtener la concesión de una unidad de policía adscrita a la Comunidad, según fuentes del Ejecutivo autónomo.

El secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, se mostró ayer contrario a la posibilidad de crear una policía autonómica madrileña.

Simancas considera que añadir a la lucha contra la inseguridad un nuevo cuerpo policial autonómico "no tiene ningún sentido, sería un error". En su opinión, "el camino a emprender es el de la coordinación y la optimización de esfuerzos" entre las diversas administraciones (central, regional y local).

Lo que tendría que hacer el Ejecutivo de Aguirre, "antes de embarcarse en aventuras innecesarias e inconvenientes, es actuar desde la leal colaboración con el Gobierno de España para llevar a buen puerto el plan estratégico presentado el viernes pasado por el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez", según Simancas. Éste declaró a Efe que tiene "la impresión de que el PP de Madrid, cara a su congreso regional, da muestras de una clara desorientación, no sólo en términos de cohesión interna, sino también de desdibujamiento ideológico".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0014, 14 de noviembre de 2004.

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