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Cierres de consultas y diagnósticos prohibidos

El impacto de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias de noviembre de 2003 sobre los psicólogos, al dejar fuera a todos los licenciados menos a los especialistas en Psicología Clínica, se ha visto agravado por un real decreto de octubre de 2003 sobre establecimientos y servicios sanitarios.

El real decreto establece que para abrir una consulta de psicología, el titular debe tener un título sanitario, y eso deja fuera a la mayoría de los psicólogos, ya que la ley de profesiones sanitarias sólo considera sanitaria la Psicología Clínica, una especialidad minoritaria en la práctica (menos de un centenar de profesionales consigue el título anualmente), pero que es mayoritaria en las intenciones de los estudiantes y en la práctica de los licenciados.

"Es donde radica el gran problema", afirman Enrique Martín, del Colegio de Psicólogos de Madrid -el que ha convocado las movilizaciones de ayer- y Amparo Belloch, presidenta de la Asociación española de Psicología Clínica. "Se trata de una combinación desastrosa", afirma Fernando Chacón, presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

El decreto se aplica a todos los centros sanitarios, tanto de titularidad pública como privada, lo que en una interpretación rigurosa -que es lo que los convocantes de las movilizaciones de ayer temen- incluye las consultas de psicólogos se dediquen a lo que se dediquen (por ejemplo, a problemas de comportamiento infantil, incontinencia de orina, terapias de grupo en empresa o familia).

Según un documento difundido antes de esta convocatoria, una aplicación estricta de la reglamentación ha impedido que algunas consultas de psicólogos del País Vasco renueven su licencia. También la Comunidad de Madrid ha prohibido a los psicólogos de la Consejería de Educación del Área de Infantil, Primaria y Especial, realizar diagnósticos de trastorno disocial, hiperactividad y afasia/disfasia sin diagnóstico médico en el Dictamen de Escolarización. En cambio, si pueden diagnosticar pérdida auditiva y visual.

Otros profesionales que pueden tener problemas por la "falta de delimitación" de las normas y su alcance son los psicólogos de centros de día o de personas con discapacidad intelectual, apunta Martín.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004