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La Generalitat Valenciana deberá pagar 793.000 euros por una negligencia médica en un parto

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Generalitat Valenciana a indemnizar con 793.604 euros a los padres de una niña nacida el 28 de enero de 2001 que sufre parálisis cerebral, retraso madurativo severo y tetraplejia causadas por el sufrimiento durante el parto, ocurrido en el hospital público General de Elda (Alicante). Esta indemnización es una de las mayores de la que haya tenido noticia la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (AVINESA), cuyo abogado, Rafael Martín Bueno, ha representado a la familia.

El fallo, en el que ha actuado como ponente la magistrada Amalia Basanta Rodríguez, se basa en el informe de la inspección médica para establecer que desde el inicio del parto, que duró siete horas y 25 minutos, se evidenció la presencia de meconio (las primeras heces de los bebés) en el líquido amniótico, pese a lo cual a la parturienta no se le ofreció la posibilidad de ser sometida a cesárea para reducir "el riesgo de sufrimiento fetal". "Tras aplicar fórceps y ventosa", la pequeña nació con el cordón enrollado en el cuello, "precisando de reanimación".

"Nació pálida, impregnada de meconio, sin latido cardiaco, hipotónica y sin respuesta a estímulos, sin realizar ningún movimiento respiratorio", continúa la sentencia. La niña tardó dos minutos en recuperar el latido del corazón y más de diez la respiración, que además era "irregular".

Necesidad de ayuda

La sentencia considera que el sufrimiento que el parto causó al feto está en el origen de las secuelas que sufre la niña: "Parálisis cerebral, tetraplejia, contracturas musculares generales, endotropia ojo izquierdo y epilepsia". Todo ello, "hará precisar a la niña durante toda su vida, en mayor o menor grado, una supervisión y ayuda continuadas de una tercera persona para realizar las actividades básicas", además de "controles y seguimientos médicos continuados" y "fisioterapia, terapia ocupacional, cirugía ortopédica, logoterapia y foniatría".

La familia de la niña presentó una reclamación ante la Generalitat Valenciana al estimar que la atención recibida por la madre y la niña durante el parto no había sido adecuada. La Generalitat no respondió a la demanda, por lo que los familiares acudieron al Tribunal Superior de Justicia.

Éste destaca que "la presencia de meconio fue detectada desde el primer momento", lo que "hacía previsible un riesgo añadido" para el feto. El tribunal no entra a valorar a fondo la actuación de los médicos porque, para "determinar la responsabilidad patrimonial de la administración" y el derecho de los afectados a ser indemnizados, "no es de menester" demostrar que exista "dolo o culpa" en la actuación de los médicos ni que "el servicio público se haya desenvuelto de forma anómala"; basta con determinar que existe "un acreditado y efectivo daño individualizado y evaluable económicamente, cuya imputación no debe soportar el perjudicado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 2004