Las autonomías del PP se quedan solas en su rechazo al plan para regularizar inmigrantes

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se quedaron solas ayer en su oposición a la regularización de inmigrantes que residen en España desde hace seis meses y tienen contrato de trabajo. Esta fórmula está prevista en el borrador del Reglamento de Extranjería precisamente para hacer aflorar la bolsa de sin papeles que dejó en herencia el Gobierno del PP. Representantes de ese partido presentes en la reunión que celebró el Consejo Superior de Políticas de Inmigración se mostraron dispuestos, sin embargo, a alcanzar un acuerdo sobre el resto del texto legal.

El Consejo Superior de Políticas de Inmigración es el órgano de coordinación entre las Administraciones central, autonómica y local en materia de integración de los inmigrantes. Además del Gobierno central, están presentes en él las comunidades y ciudades autónomas y los ayuntamientos. Ayer fue convocado por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, para analizar el texto del proyecto de Reglamento que el Gobierno ha consensuado con los empresarios, los sindicatos y los partidos del arco parlamentario, salvo el PP.

Los consejeros autonómicos de ese partido, que por la mañana se habían reunido con la responsable de Política Social de su organización, Ana Pastor, comparecieron ante la prensa para lamentar que, según dijeron, el Gobierno no hubiera dado a las comunidades autónomas "la oportunidad de participar en el proceso de elaboración del texto".

Mientras otras comunidades con Gobiernos de distinto signo como Cataluña, Euskadi o Andalucía han contribuido con sugerencias al Reglamento, sólo una de las autonomías en manos del PP, Galicia, ha hecho aportaciones. El representante del Gobierno de Castilla y León, que ejerció como portavoz de las comunidades del PP, achacó su inhibición a que sólo habían recibido el texto dos días antes de la reunión. Pero apenas unas horas antes de su comparecencia la propia Ana Pastor había revelado ante un grupo de periodistas que la patronal CEOE se lo había hecho llegar dos días antes del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales; es decir: el documento esté en poder del PP desde el día 25 del mes pasado.

Al contrario que el primer partido de la oposición, los consejeros de las comunidades gobernadas por el PSOE felicitaron a Rumí por darles, "por primera vez, la oportunidad de participar activamente en la elaboración del texto".

Apoyo de los ayuntamientos

El representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, que agrupa a todos los ayuntamientos, se sumó a esa felicitación. Y aún fue más lejos, al anunciar que habían sido los ayuntamientos los primeros que pidieron la articulación del proceso de normalización al que se opone el PP y que ha sido respaldado por los empresarios, los sindicatos y hasta por la Iglesia: "La mayoría de los sin papeles que hay en España están trabajando", afirmó, "y sería una monstruosidad continuar con ellos tirados" en las calles de España.

Aunque mantuvo su oferta de diálogo al PP, la secretaria de Estado fue muy dura con las declaraciones contra el proyecto de Reglamento realizadas en los últimos días por el presidente del PP, Mariano Rajoy, el secretario general, Ángel Acebes, y la responsable de Política Social de ese partido, Ana Pastor. A Rajoy le recordó que había sido él quien había generado el problema de cientos de miles de extranjeros en situación irregular y que no había ofrecido una sola solución. A Acebes le acusó de haber sido, como ministro del Interior, responsable directo del colapso burocrático de 370.000 expedientes de inmigrantes sin resolver, de haber permitido que numerosos extranjeros cayeran por ello en irregularidad sobrevenida y de legar al Gobierno socialista una bolsa de cientos de miles de irregulares. A Ana Pastor le rogó que "se documente antes de hablar".