Censo e inmigración
La entrada en vigor de la actual ley de extranjería permitía el acceso de la policía al padrón municipal. El padrón, instrumento de visibilidad e integración, pasaba a ser un elemento más de exclusión. Las asociaciones que trabajamos con inmigrantes que hasta entonces animábamos a éstos a empadronarse, desde entonces les desalentábamos de hacerlo (sus datos ya no eran confidenciales como sí lo son los nuestros). Justo ahora el nuevo reglamento sitúa esta medida como la imprescindible para demostrar arraigo e integración.
Esta medida injusta, y a nuestro entender inconstitucional, fue rechazada por algunos ayuntamientos, legítimos depositarios y garantes de dichos datos; entre ellos el Ayuntamiento de Córdoba, a instancia de las asociaciones solidarias, lo cual le honra.
Ahora es el mismo Instituto Nacional de Estadística quien sigue el ejemplo y aludiendo a que los censos locales pertenecen a los ayuntamientos, se niega a ceder estos datos. Si la Dirección General de la Policía los quiere, debe solicitarlos a los ayuntamientos. De nuevo la pelota en su tejado, ojalá todos los ayuntamientos sigan el ejemplo de Córdoba y traten los datos de sus ciudadanos inmigrantes con las mismas garantías que los del resto.
El anunciado reglamento que ha generado tantas esperanzas al rectificar ampliamente el borrador, no debe hacernos olvidar que detrás hay una mala ley de extranjería, que sigue amparando importantes violaciones de derechos humanos. Ningún reglamento, por bueno que sea, puede enmendar una mala ley.