Revisar los permisos y aplicar medidas de control
El doble crimen de las mujeres policías no hubiera provocado tanta alarma si el supuesto asesino no hubiera sido un preso que ya cometió otra violación estando también de permiso.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, propuso anteayer corregir el actual sistema de permisos penitenciarios y enmendó la plana a su consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, quien el pasado jueves se había opuesto a hacer cambios "en caliente". Horas después de conocer las declaraciones de Maragall, el consejero emitió un extenso comunicado en el mismo sentido que el presidente de la Generalitat, que es el único Gobierno autónomo que tiene transferidas las competencias de prisiones desde hace 20 años.
"El fracaso del sistema penitenciario ha de asumirse. No es fiable al cien por cien y siempre existe un riesgo", asegura el magistrado Gerard Thomàs, presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, y que formó parte del tribunal que condenó a Jiménez García y que resuelve los recursos penitenciarios.
Por su parte, la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente de Cataluña asegura que dos de cada cinco presos vuelven a reincidir en los permisos de fin de semana y que uno de cada diez vuelve a delinquir sexulamente tras haber cumplido largas condenas. Por eso reclaman de la Administración que varíe su política de permisos y que establezca medidas de control sobre estos presos cuando salgan unos días de prisión.
Al hilo de ese planteamiento, el Gobierno británico puso en marcha el pasado mes de septiembre un sistema de vigilancia por satélite a presos reincidentes o condenados por malos tratos y agresión sexual. Se trata de una iniciativa pionera en Europa que obliga a los delincuentes a llevar unas pulseras que permitan su localización vía GPS. El plan prevé hacerlo extensivo a 5.000 reclusos en los próximos años. Pero para aplicar iniciativas como ésta hace falta voluntad política y dotación presupuestaria.
Un funcionario de prisiones de Barcelona que pide el anonimato entiende que, en el caso de España, no se dan esos condicionantes y recuerda que, hace unos años, cuando propuso que fuese controlado un preso durante un permiso, un directivo de la cárcel le espetó: "Lo que ocurra fuera de la prisión no es mi problema". El autor de la frase sigue teniendo responsabilidades.
El funcionario y el magistrado Thomàs coinciden en que los equipos de tratamiento de las prisiones han de disponer de medios para hacer un buen trabajo y que eso resulta difícil con la actual masificación de las cárceles. En Cataluña hay más de 8.000 presos y casi en el conjunto de España aproximadamente unos 60.000.
