El fin del santuario

Pasados los primeros días de la gran operación contra ETA del domingo pasado, la cúpula de los investigadores franceses ha comenzado a suavizar los entusiasmos suscitados por titulares sobre "la decapitación de ETA" o el "golpe mortal" para la organización terrorista. "No podemos decir que la lucha contra ETA haya acabado", advirtió expresamente Pascal Mailhos, patrón de Les Renseignements Généraux (RG), el servicio de investigación de la policía francesa. Dominique de Villepin, el brillante ex ministro de Asuntos Exteriores ahora encargado del Ministerio del Interior, ha recomendado "humildad" ante este innegable brillante éxito policial. Los veteranos de la lucha antiterrorista huyen, por experiencia, de las declaraciones triunfalistas.

En estos momentos ya hay más de 150 etarras, o de sospechosos de serlo (buen número están pendientes de juicio), en prisiones francesas

Les Renseignements Généraux es el servicio de información que observó, junto con la Guardia Civil, la presencia de Mikel Albizu Iriarte, Antza, y Soledad Iparragirre, Anboto, en la casa típicamente bearnesa en la que la pareja fue sorprendida por el grupo de policías encargado de detenerles.

Sorprendido en pijama, a las seis de la mañana, Antza trató de saltar por una ventana con la pretensión de huir por los campos de maíz cercanos a la casa, según una versión policial. Otras versiones describen un intento del número uno de ETA de correr hacia la cocina de la casa para tomar un arma. Lo cierto es que no llegó a oponer resistencia, como tampoco lo hizo Soledad Iparragirre, Anboto, que estaba en el piso de arriba junto con el hijo de ambos, de siete años de edad. Los policías que arrestaron a la pareja no sabían muy bien quiénes eran; los que sí lo sabían eran los jefes del servicio de información francés y de la Guardia Civil.

La presencia de dos personajes tan importantes de ETA en ese lugar era conocida de los servicios franceses y españoles, casi desde principios de año. "Sabíamos que estaban en el interior, hace mucho tiempo", confirmó en televisión el director adjunto de Les Renseignements Généraux, Joël Bouchité. Por eso la movilización de las autoridades francesas para detenerles fue excepcional. No se organiza todos los días un operativo de casi 200 personas, entre policías, fiscales y jueces, como se hizo el domingo 3 de octubre; ni se utilizan hasta seis aviones para trasladar a 11 detenidos a París, con medidas máximas de seguridad, si las autoridades francesas no hubieran estado convencidas de la importancia de la pareja y de la doble vida que llevaban a unos tres kilómetros del pueblo en el que el hijo de ambos acudía a la escuela de Notre-Dame de l'Alliance.

En estos momentos ya hay más de 150 etarras, o sospechosos de serlo (buen número están pendientes de juicio), en prisiones francesas; una cifra considerable, porque supone que dos de cada diez miembros de la organización presos lo están en cárceles al norte de los Pirineos.

¿Pero cuál es el impacto real en ETA de las últimas detenciones? A juicio del mando policial francés ya aludido, "se ha golpeado una organización extremadamente compartimentada, jerarquizada y con militantes muy curtidos en la clandestinidad. Cuando se golpea el corazón de tal dispositivo, se le debilita notablemente porque se toca su tesoro de guerra y sus dos principales cabezas".

Sin retaguardia

Aunque ninguno de los jefes policiales lo dice, la consecuencia más inmediata de lo ocurrido es que se ha terminado, definitivamente, el llamado santuario de ETA en el País Vasco francés. Una zona que respondía "a las necesidades de regeneración de la organización terrorista, por el hecho de la existencia de un vivero de militantes nacionalistas en la región, a la imagen de los jóvenes radicales de Segi", según el lenguaje empleado en una nota de ese mismo servicio, Les Renseignements Généraux, enviada al Gobierno a finales de 2003. El ministro del Interior, Dominique de Villepin, ha confirmado la voluntad de "impedir que nuestro territorio pueda servir de retaguardia al terrorismo", palabras que en su boca se refieren a todo tipo de terrorismos; también al de ETA.

El informe citado de Les Renseignements Généraux había establecido una conclusión inquietante para los franceses: las bases de ETA se habían extendido mucho más allá de Iparralde, el nombre en vasco del País Vasco francés. La nota policial detallaba que en los 10 años transcurridos desde la caída de la cúpula etarra de Bidart (1992), medio centenar de etarras, o sospechosos de serlo, habían sido detenidos en la región de Midi-Pyrénées, un vasto territorio cuyo centro más importante es Toulouse. También aportaba indicaciones sobre la presencia de etarras en casas rurales y del uso de carreteras secundarias para sus movimientos. En el mismo periodo se habían registrado otras 20 detenciones en Las Landas, al norte de Iparralde, y una treintena en regiones del centro del país (Poitou-Charentes, Limousin), ya muy alejadas del País Vasco francés, abonando así la teoría de que los comandos armados y los transportes de explosivos circulaban por una gran parte del territorio.

Todo eso ya lo sospechaban sobradamente los servicios de investigación españoles, pero la reacción del Gobierno francés no podía ser la misma que ante una advertencia procedente de sus propios servicios.

Otros indicios apuntaron la posibilidad de ataques selectivos contra objetivos franceses. Irène Stoller, que ejerció de fiscal antiterrorista hasta 2000, había verificado la existencia de un debate interno en ETA sobre la oportunidad de revolverse contra el Estado francés. A finales de 2001, dos gendarmes fueron tiroteados por militantes de ETA, dejando a uno de ellos gravemente herido, en el curso de una persecución. Y en diciembre de 2002, uno de los pisos usados por Ibon Fernández, Susper -el jefe de comandos que escapó inexplicablemente de la comisaría de Bayona en vísperas de la Nochebuena de 2002-, proporcionó la prueba de las vigilancias realizadas a la juez Laurence Le Vert, la magistrada que instruye todos los sumarios contra ETA. Desde entonces, la posibilidad de un atentado contra un símbolo del Estado se ha incorporado a las hipótesis de trabajo de los servicios antiterroristas franceses.

En esa estrategia, la caza de Antza, señalado constantemente desde España como un personaje clave, se había convertido en uno de los objetivos más buscados. Antza pasó a Francia a finales de 1985 y presentó una solicitud de asilo político, que fue rechazada dos años más tarde. Sin embargo, pudo continuar una vida prácticamente normal en París, como periodista y hombre amante de la cultura, hasta que pasó a la clandestinidad en 1989. En 1999 emergió como representante de ETA en las conversaciones de Zúrich con los enviados de José María Aznar.

A partir de la ruptura de la tregua, las autoridades españolas le señalan como el hombre que dirigía a ETA en su enloquecida carrera de "socializar el sufrimiento", que incluyó los atentados contra concejales y periodistas, entre otras muchas personas. Y además, a raíz de la entrevista de Antza con Josep Lluís Carod-Rovira, a principios de este año, el Gobierno de José María Aznar puso un interés todavía mayor en encontrar la pista del jefe de ETA.

La organización terrorista se encuentra muy debilitada "técnicamente", pero tampoco tiene valedores políticos de ningún tipo en Francia, fuera del reducido sector de los grupos constituidos en su entorno. En la propia Abertzaleen Batasuna, un pequeño partido francés que participa en las elecciones, se vivieron con verdadera angustia las horas de duda sobre la autoría de ETA de la matanza del 11-M en Madrid. La gran mayoría de la comunidad vasca francesa en París, relativamente numerosa, también se siente muy lejos del nacionalismo violento. La Batasuna francesa, en fin, que vive una existencia legal a pesar de su ilegalización en España, apenas consigue eco para sus protestas.

La tenaz campaña emprendida a los dos lados de los Pirineos ha dejado a ETA sin peso político alguno, ha mermado sus arsenales y ha colocado infinidad de datos financieros en manos de los investigadores. Esto representa un gran cambio. Hasta finales de los años noventa, "ETA no era una prioridad para la policía francesa", según Irène Stoller, que ocupó la fiscalía antiterrorista de París hasta 2000. "A finales de los años noventa subsistían recelos para conceder extradiciones a España o aceptar las medidas de expulsión por las que presionaba Madrid", explica un ex miembro del gabinete del Ministerio del Interior, que estuvo en la época de Jean-Pierre Chevènement como ministro. "Algunos no terminábamos de fiarnos", agrega, a pesar de los asesinatos particularmente execrables que estaban produciéndose en España, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco, y de la buena relación de su ministro con el Gobierno español de la época.

Por el contrario, a principios de 2004, el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, lo tenía completamente decidido: "Puedo afirmar que Francia quiere acabar con el terrorismo. Ningún compromiso con ETA: el reloj marca la misma hora a los dos lados de los Pirineos", contestó tajantemente a preguntas de este periódico.

Victoria de Zapatero

Tras la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, ETA manifestó su "absoluta disposición" a abrir un diálogo con el Gobierno socialista "para resolver el conflicto" del País Vasco; al mismo tiempo avisó de que pensaba continuar con la lucha armada. La contradictoria oferta de la organización terrorista, subrayada por la campaña veraniega de bombas de "baja intensidad", ha permitido al Gobierno de París ofrecer a Zapatero la prueba concreta de su solidaridad en este terreno.

De ello se ha encargado Dominique de Villepin, un personaje singular en el escenario político francés. Aureolado por su brillante intervención en la ONU contra la guerra de Irak, y por la intensa campaña de gestiones diplomáticas con las que trató de evitar la invasión, De Villepin se había convertido en la bestia negra del Gobierno de Aznar en Francia. Los avatares de la política interior francesa le han colocado, sin embargo, al frente del Ministerio del Interior durante los primeros meses de gestión del Gobierno socialista en España. Su interés político es labrarse una imagen nacional y esto incluye la prevención de ataques terroristas. Lo que más le preocupa es el islamismo -a los franceses, siempre les ha parecido una amenaza mucho más grave para ellos que la etarra-, pero tampoco descuida el frente que tanto le importa a España y en el que sus propios servicios le advierten de que conviene tener cuidado.

Bajo el mando de Sarkozy y De Villepin, los ministros de Interior del Gobierno de centro-derecha, los servicios antiterroristas franceses han desarrollado una investigación iniciada a raíz de la ruptura de la tregua, en ese caso bajo el Gobierno de izquierda, dirigido entonces por Lionel Jospin. Se había producido una compra de armas por parte de ETA durante el tiempo de la tregua. La policía francesa detuvo en París a Javier Arizkuren, Kantauri, considerado jefe operativo de los comandos, y en septiembre de 2000 penetró en el apartamento de Bidart donde vivía Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, el nervioso terrorista de pequeña estatura que actuaba como jefe militar de ETA. Un año después, la captura de Asier Oyarzabal Chapartegi, Balza, detenido en Dax, sacudió otro golpe importante al aparato logístico de la banda.

Ese mismo Gobierno de Jospin comenzó a remover los obstáculos jurídicos que se suscitaban en los procesos contra etarras y en las entregas de los detenidos a España. En octubre de 2001 se negoció y aceptó el mecanismo de las "entregas temporales" de personas ya condenadas en Francia. Más importante aún -aunque pasó casi inadvertido-, los dos Estados se reconocieron el derecho de obtener, inmediatamente, copias de la documentación conseguida en cada operación y a intercambiársela entre las respectivas fiscalías, acortando así todos los plazos para explotar la información lograda en cada registro o detención.

Detenciones en cadena

Antes y después de la derrota de la izquierda en las elecciones francesas de 2002, y la toma del poder por el centro-derecha, la cooperación policial continuó a toda mecha. El 26 de enero de 2002 se descubrieron 800 kilos de dinamita Titadine, grandes cantidades de clorato, un lanzagranadas artesanal y otros materiales para la fabricación de bombas, también en el País Vasco francés. El 9 de diciembre de 2003, en la periferia de Pau (capital del departamento de los Pirineos Atlánticos) fueron detenidas cuatro personas relevantes en la organización terrorista, entre ellos Gorka Palacios Alday, considerado alto responsable del aparato militar. Todo ello sin llegar a rozar el grueso del arsenal de ETA, bien oculto en otras localidades próximas y a sólo unas decenas de kilómetros, que permanecieron en secreto hasta el domingo pasado.

El descubrimiento de escondites alimentaba las pistas para detener, sucesivamente, a los responsables del aparato logístico. Un objetivo seguido durante mucho tiempo fue el paradero de Félix Ignacio Esparza Luri, Navarro, sucesor de Balza al frente de la logística. El 22 de enero de 2003, la policía detuvo a su compañera, la francesa Laurence Guimon, pero Navarro había volado del nido con su hijo de seis meses. En noviembre de ese año, dos etarras fueron detenidos en una casa rural de Lot-et-Garonne tras varios días de vigilancia, guiados por la observación de una sillita de niño y ropas infantiles. Buscaban a Navarro, pero no estaba allí. A comienzos de abril de 2004, los investigadores le descubrieron finalmente junto con otro conocido personaje, Félix Alonso López de la Calle, Mobutu, a su vez evadido de las manos de la policía francesa unos años antes.

La información a las autoridades españolas también comenzó a llegar con mayor rapidez. En la Nochebuena de 2003, un etarra fue detenido cuando se disponía a subirse a un tren con destino a Madrid para depositar a bordo un paquete de 25 kilos de explosivos; poco después, un segundo etarra fue detenido tras haber depositado una carga de 20 kilos en ese mismo tren. Estos arrestos, llevados a cabo en España, fueron posibles "con información francesa", según una persona bien situada en el Ministerio francés del Interior.

La estrategia de esa larga investigación se basó siempre en los mismos criterios: vigilar y descubrir los escondites de armas, explosivos, los ordenadores, las imprentas; identificar todos los puntos posibles del apoyo logístico a la organización; analizar con más rapidez la documentación encontrada en los pisos y demás escondites, y cercenar en lo posible los medios de cometer nuevos atentados, de enviar coches-bomba a España, de surtir de armas a los comandos.