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Editorial:

La eutanasia espera

La maestría con que el director de cine Alejandro Amenábar aborda en su recién estrenada película Mar adentro el drama humano de Ramón Sampedro, el tetrapléjico español que durante años demandó sin éxito amparo legal a su petición de ayuda para morir, servirá sin duda para comprender mejor la compleja y controvertida cuestión de la eutanasia. Sampedro, que finalmente consiguió su deseo de morir con la ayuda de manos amigas en 1998, nunca planteó su actitud como modelo a seguir por quienes se hallaban en sus mismas o parecidas circunstancias, sino como una opción personal y libre de alguien que se consideraba inmerso en una situación -la de una persona paralítica de cuello para abajo- que para él no reunía los requisitos mínimos de una vida humana.

Ése es el meollo del debate sobre la eutanasia. La sociedad y sus representantes políticos deben decidir si el Estado tiene que respetar la voluntad fehaciente y libremente expresada por quienes en situaciones terminales o extremas de su existencia demandan ayuda médica para morir, absteniéndose de perseguir penalmente esa ayuda al suicidio. Se trata de una cuestión que no por obviarla deja de plantearse sobre todo en las sociedades envejecidas de Occidente, incluida la española, en las que la prolongación extrema de la vida, además de las enfermedades irreversibles, lleva cada vez más a situaciones personales degradadas. Holanda y Bélgica han dado un paso adelante en el tratamiento legal y civilizado de esas situaciones.

El PSOE incluyó en su programa el derecho a la eutanasia. Zapatero ha puntualizado que no se trata de un compromiso legislativo a fecha fija -posiblemente, no para esta legislatura-, sino a más largo plazo. El compromiso electoral es crear una comisión parlamentaria "que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo de tratamientos de dolor". Esa comisión debe crearse cuanto antes con la participación de todos los grupos. En un asunto como éste, con connotaciones éticas, jurídicas y sanitarias, todos, Gobierno y oposición, deben afinar lo más posible. Pero no pueden dejar de dar una respuesta legal adecuada a situaciones personales muy difíciles y frecuentes hoy día, y que lo serán cada vez más en el futuro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 2004