El doble de especialistas en prevención
El sector que trabaja contra la siniestralidad estima que hacen falta 30.000 nuevos profesionales
A golpe de desgracias, un sector económico está surgiendo en España: el de la prevención de accidentes laborales. Unas 30.000 personas trabajan en estas actividades. Sin embargo, según cálculos de una de las patronales, para profesionalizar este sector de reciente aparición hace falta duplicar ese número hasta llegar a los 60.000 empleados cualificados.
Según la patronal ANEIP, las compañías que externalizan la prevención ven reducirse los accidentes en dos tercios
Cuando entró en vigor la ley, en 1997, trabajaban en estas empresas unas 6.000 personas. Hoy lo hacen 30.000
En torno a 6.000 personas trabajaban en prevención laboral en España en 1997, según estimaciones de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA), patronal que agrupa a las empresas con mayor facturación del sector. Ese año fue el de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desde entonces hasta ahora, la ocupación se ha multiplicado por cinco, hasta alcanzar los 30.000 empleados.
Sin embargo, la cifra aún se queda corta para las necesidades reales de una economía en crecimiento, muy dependiente del sector de la construcción. "Si hiciéramos todo lo que nos corresponde hacer y queremos que el de la prevención sea un sector de calidad, deberíamos estabilizarnos en torno a los 60.000 empleados, sin contar a los especialistas en medicina del trabajo", explica Juan Carlos Bajo, presidente de ANEPA.
¿Cómo se puede avanzar hacia esa anhelada profesionalización de un sector naciente? Desde la Asociación Nacional de Entidades de Implantación en la Prevención (ANEIP), patronal creada en marzo y que agrupa a las principales empresas dedicadas a prevenir la siniestralidad en la edificación, el problema reside en la falta de regulación, paso a paso, de los procedimientos en cada fase de una obra: proyecto, ejecución y explotación. Ésta es su principal inquietud, y así se lo transmitirán a los ministerios de Trabajo y Fomento con un documento que están elaborando. Para Pedro Blázquez, su presidente, el sector peca de "un exceso de burocratización y de la presencia de multitud de entidades" no especializadas.
"Nosotros defendemos", prosigue, "que a las empresas especializadas en la práctica diaria de implantación de medidas preventivas se nos asigne por ley operar en todo el proceso de edificación, evitando así la dispersión actual con cada subcontratista, llevando a cabo sus propias actuaciones de prevención por separado".
¿Cuáles serían las ventajas de esta regulación? Según Blázquez, la principal sería la reducción drástica de la siniestralidad, al "asumir de forma profesional y con dedicación exclusiva todo el proceso preventivo, a diferencia de lo que en buena parte pasa ahora, con los jefes de obra ocupándose de la cuestión como una más de sus tareas". De acuerdo con sus estadísticas, aquellas obras que, ya hoy, acuden a servicios externos de implantación de medidas preventivas, reducen en dos tercios la accidentalidad. Precisamente otro de los objetivos de ANEIP es lograr que quienes contraten firmas especializadas obtengan reducciones en los seguros.
La formación pendiente
La formación es otra de las cuestiones pendientes. Las empresas de ANEIP contratan sobre todo ingenieros de obras públicas e industriales, así como arquitectos técnicos y superiores, que preferentemente tengan o estén dispuestos a recibir algún master en prevención de riesgos laborales. Además, cuentan con operarios formados específicamente para la implantación y con años de experiencia en la construcción. "Ponemos profesionales cuya única dedicación en una obra es la prevención", resume Blázquez.
Sin embargo, desde ANEPA, cuyas empresas se dedican a diseñar, supervisar, formar y auditar planes de prevención en cualquier sector productivo, observan un grave problema: la presencia de licenciados en Humanidades y en carreras de letras en masters de Prevención Laboral, en la creencia de que hay trabajo asegurado en el sector. "Hay un verdadero fraude en academias que aceptan determinados perfiles en unos cursos que luego no les servirán para colocarse, porque nadie quiere a un filólogo vigilando una obra", explica Juan Carlos Bajo.
Además de revisar los criterios de formación y fomentar la especialización en medicina del trabajo, Bajo reclama "la creación de un organismo, dependiente de Trabajo, dedicado a acreditar la calidad de la prevención en las empresas, para evitar el intrusismo actual y para reducir gastos al Estado, derivados de los índices de siniestralidad cuando hay quienes hacen las cosas mal".
"El peor indicador del país"
Pese a que las cifras de los cinco primeros meses de 2004 suponen un ligero alivio en la siniestralidad laboral, con una caída del 6,8% respecto al año anterior, si se contemplan los datos de las dos últimas legislaturas (1996-2004) estamos ante lo que Javier Torres, responsable adjunto de Salud Laboral de CC OO, califica como "el peor indicador socioeconómico de nuestro país". Más de 10 millones de accidentes y más de 10.000 muertes en el puesto de trabajo así lo atestiguan, según las cifras del sindicato.
Para contribuir a la rebaja de estas cifras, hay quienes reclaman un cambio legislativo en la periodicidad de las auditorías. Para Alfonso Masoliver, vocal de ANEPA, "el ritmo de las auditorías se debe fijar en función del riesgo que presentan las empresas". En su opinión, las de más de 50 trabajadores y las de riesgo elevado deberían auditarse cada año y el resto, cada dos. Juan Carlos Bajo reclama que las auditorías se hagan al menos cada tres años, no cada cinco como hoy fija la ley, y que se regulen en función de los índices de siniestralidad previos de cada empresa.
