Los progresistas del Poder Judicial acusan a la mayoría conservadora de copar el 80% de las vacantes

El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apeló ayer una vez más al presidente del CGPJ, Francisco Hernando, para que medie con el sector mayoritario y conservador a fin de lograr un criterio proporcional en materia de nombramientos, acorde con la composición del órgano de gobierno de los jueces. La minoría acusa a la mayoría conservadora de que el 80% de los jueces designados en el Supremo han sido candidatos suyos.

La Comisión de Calificación del CGPJ -encargada de ofrecer al pleno ternas para la designación de cargos judiciales- vivió ayer un episodio similar al de la semana pasada, dado el enfrentamiento entre el sector conservador, que insiste en utilizar la mayoría de 10 vocales propuestos por el PP para nombrar jueces de similar tendencia, y la minoría de los seis consejeros propuestos por el PSOE -el séptimo era José Antonio Alonso, actual ministro del Interior- y el propuesto por CiU, que plantean una negociación previa sobre la política de nombramientos.

El enfrentamiento se materializó cuando el presidente de dicha comisión, Enrique Míguez, se negó a aplazar la designación de ternas hasta tanto se produzca esa negociación. Javier Martínez Lázaro -que ayer sustituía a Montserrat Comas en dicha comisión- y Ángeles García, ambos vocales propuestos por el PSOE, hicieron uso de su derecho reglamentario a ausentarse y la reunión hubo de suspenderse. Se celebrará el lunes próximo, en segunda convocatoria, en la que bastará la presencia de los tres vocales propuestos por el PP.

Antes de la suspensión, se acordó proponer que Luis Román Puerta sea reelegido presidente de la Sala Penal del Supremo, por ser el único candidato.

Precisamente la cobertura de las cuatro vacantes producidas en dicha Sala Penal del Supremo -encargada de juzgar a los aforados de ámbito estatal- es uno de los agravios alegados por el sector progresista, según el cual hasta ahora el tanteo ha sido de "cuatro a cero", ya que a tres conservadores -José Manuel Maza, Miguel Colmenero y Francisco Monterde- se une ahora otro, Juan Ramón Berdugo, para relevar al progresista Cándido Conde-Pumpido, designado fiscal general del Estado.

Míguez calificó la forzada suspensión de la comisión que preside de "antidemocrática y anticonstitucional", por ser la asistencia a la misma "inexcusable".

Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Salinas, y los cinco vocales propuestos, como él, por el PSOE, más el propuesto por CiU, calificaron de "desolador" el balance del actual Consejo en sus dos años y medio de mandato, y aseguraron sufrir "un auténtico rodillo" en materia de nombramientos, sin permitir la mayoría conservadora "dibujar las políticas a seguir en el Consejo". El "cuatro a cero" de la Sala Penal del Supremo lo califican de "obsceno" e informan de que "se ha anunciado que así continuará en el futuro, cualesquiera que sean los méritos de los que aspiran a dicha Sala".

Además del 80% de nombramientos del Supremo a propuesta conservadora, la minoría recuerda que el 83% de los presidentes de audiencias provinciales y letrados del Consejo han sido designados a igual iniciativa.

"Arrogancia"

Los siete consejeros critican que, "con una arrogancia preconstitucional, se ignoran los principios de mérito y capacidad y el pluralismo político (...), fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".

De ahí que exigen "la inmediata mediación activa" del presidente del CGPJ, del que esperan que convoque una reunión para alcanzar acuerdos.

Entre otros importantes nombramientos pendientes figura el del presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, solicitado por Baltasar Garzón y por otros ocho magistrados, entre los cuales figuran magistrados con experiencia en esa sala, como José Ricardo de Prada y Ángela Murillo. Sin embargo, la mayoría se inclina por uno de los más conservadores: Eduardo de Urbano Castrillo.

Para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los progresistas quieren que se reelija a Guillem Vidal, pero la mayoría propone a la conservadora María Eugenia Alegret.