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Reportaje:

¿Habrá un colegio para él?

Patricia Ortega Dolz

En el número 4 de la calle de Santa Brígida, en el centro de Madrid, se ubica la comisión de escolarización número 4. El miércoles de la semana pasada, decenas de padres, sobre todo madres, entraban y salían después de rellenar una hoja de reclamaciones. Era el último día para solicitar una revisión del centro educativo que la comisión, órgano competente del Ministerio de Educación, le había asignado a sus hijos tras presentar las instancias correspondientes.

Son decenas de miles en toda España las familias que no han conseguido plaza para sus hijos en el centro educativo solicitado en primera opción. Los problemas de la escolarización son diversos, pero el desconcierto y la preocupación de los padres a la hora de buscar el mejor centro educativo para sus hijos es el mismo.

Son decenas de miles en toda España las familias que no han conseguido plaza para sus hijos en el centro educativo solicitado en primera opción
A medida que un colegio integra a la población inmigrante, los niños españoles empiezan a irse y siguen entrando más inmigrantes
"En los últimos ocho años, el PP, para justificar su nueva ley de la enseñanza, elaboró toda una campaña de desprestigio de la educación pública"
"Las irregularidades de falsificar documentos y certificados médicos son una constante y es algo sabido por todo el mundo. Es descarado"
"¿Por qué en el colegio de la esquina no hay ni un inmigrante y aquí tengo el 60%?", se pregunta Marina Lovelace, directora del colegio público San Cristóbal
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En una sociedad en la que los modelos de familia han cambiado, donde las mujeres se han incorporado masivamente al trabajo, donde la globalización de la información ha desbancado a los maestros y profesores como figuras claves de la transmisión del saber, donde se han producido cambios ideológicos y políticos fundamentales que han dado paso a una sociedad democrática y laica, una sociedad que ha pasado de ser inmigrante a ser receptora de inmigrantes..., la escuela refleja el grado de asimilación de todos esos grandes cambios. Las tendencias en la elección de la educación de los hijos revelan así el tipo de sociedad en la que vivimos, sus miedos, sus inseguridades, sus prejuicios y sus apuestas. Se esboza el modelo de la sociedad futura. En la pregunta ¿a qué colegio va nuestro hijo?, cada familia, por tanto, se juega mucho.

"Las listas salieron el 22 de mayo y me denegaron la entrada en el Sagrado Corazón para la mayor, de cuatro años, que está en el colegio concertado María Inmaculada [Madrid]. La pequeña, que cumple ahora tres años y que irá al cole por primera vez, sí ha obtenido plaza. ¿Cómo voy a separar a las niñas? Además, en el colegio me dicen que si la comisión les permite aumentar la ratio [número de alumnos por aula] me la cogen, y me aseguran que ellos no aceptan a más de dos niños extranjeros por clase", se queja Verónica, una mujer de 37 años que la semana pasada se encontraba reclamando en la comisión de escolarización número 4. "Quiero cambiar a la mayor de colegio porque ha bajado mucho el nivel; han venido niños de fuera y gitanos, y yo sé lo que es estar con ellos. Los primeros años, mi niña sabía escribir, sumar...; ahora me enseña el cuaderno y está sin corregir. Esos niños que vienen de fuera, que tienen más puntos por tener rentas bajas, entran en los colegios que quieren, y retrasan la clase y hacen que baje el nivel", explica.

La huida de los inmigrantes

Es el argumento fundamental de uno de los fenómenos más notorios que vive hoy día el sistema educativo español: la fuga de niños de colegios con inmigrantes a colegios sin ellos. La mayoría de las veces coincide con una fuga de niños de los centros públicos, que acogen a más del 80% de los más de 400.000 alumnos extranjeros que hay en España, a los concertados, que asumen sólo el 20% restante, según los datos del Ministerio de Educación.

Es la pescadilla que se muerde la cola: a medida que un colegio integra a población inmigrante, los niños españoles empiezan a irse y siguen entrando más inmigrantes, hasta que hay colegios que se convierten en auténticos guetos, que apenas tienen solicitudes de entrada y que cierran aulas. Así, la escuela concertada (de gestión privada, pero con subvención pública), que nació siendo una vía alternativa y minoritaria de apoyo a la escuela pública ante la falta de infraestructuras en zonas con muchos niños, se ha convertido hoy en la vía principal frente a la red pública.

Prueba de ello es que la concertada es solicitada mayoritariamente como primera opción por los padres españoles de clase media y media-baja que quieren escolarizar a sus hijos, a pesar de prestar unos servicios más caros (comedor, actividades extraescolares...) e incluso a menudo cobrar "cuotas voluntarias" cuando, en teoría, son gratuitos. En Madrid, por ejemplo, el 70% de las solicitudes de nuevo ingreso las han recibido colegios concertados.

"Yo me paso la vida poniendo denuncias en distintas instancias administrativas relaciondas con la huida de las familias españolas por la llegada de niños inmigrantes al colegio. Todas ellas argumentan que ha bajado el nivel por los extranjeros. ¿Qué tiene que saber un niño de tres años? ¿Cuál es la bajada de nivel de la que hablan? ¿Por qué en el colegio de la esquina no hay ni un inmigrante y aquí tengo el 60%?", se pregunta Marina Lovelace, directora del colegio público San Cristóbal, en el barrio de Chamberí, de Madrid.

"Llega la inmigración y nadie sabe lo que ha pasado, nadie ha estudiado el fenómeno, y no ha habido un debate profundo sobre cuál es el modelo social que queremos (y que viene) y cuál es la función de la enseñanza obligatoria al respecto, que va de los 6 a los 16 años. El resultado es una sociedad racista. Porque lo es. La fuga de españolitos de a pie que se van a colegios donde no hay niños inmigrantes es constante. En aquel colegio en el que se han colado los inmigrantes, apenas hay solicitudes. Yo casi no tengo, y este año ya me cierran un aula. Y en las Damas Negras también han bajado las solicitudes, siendo concertado y prestigioso, al igual que en el María Inmaculada (también concertado)...", analiza Lovelace, que ha buscado la forma organizativa de atender a su alumnado de manera individualizada con la ayuda del profesorado del centro. Según ella, "eso demuestra que, cuando se ponen en marcha acciones con el alumnado, la respuesta es positiva y se tiene éxito escolar, independientemente de su procedencia".

Pero no es eso lo que perciben padres como Luis, que tiene tres hijos, reside en el barrio de Salamanca, de Madrid, y prefiere dar un nombre falso: "Un día llegó una carta de la Consejería de Educación a casa que decía que Jorge [de cuatro años] estaba admitido en el colegio de los inmigrantes del barrio", cuenta. "Los colegios públicos han cambiado, ya no son lo que eran: el nivel docente es muy bajo, y además no me apetece que mi hijo vaya a una clase llena de inmigrantes. Hay veces que cuando ves las salidas de algunos institutos te echas a temblar. Aquello parece el Bronx", añade.

El reparto equitativo por la red pública-concertada de niños con necesidades educativas especiales, independientemente de cuáles sean éstas, es todavía hoy una quimera. Pero ahí radica la razón de que unos estén sobrepasados de demanda y otros carentes de ella.

De hecho, en la pelea por la obtención de la ansiada plaza las trampas están servidas. Los padres falsean las declaraciones de la renta, se cambian el lugar de empadronamiento, les inventan enfermedades alimenticias crónicas a sus hijos..., lo que sea con tal de conseguir medio punto más en el baremo de acceso. Recientemente, un colegio en Moratalaz (Madrid) se dio cuenta de que el 50% de sus alumnos tenía una alergia alimenticia.

Pilar, nombre ficticio de una madre con tres hijos, dice sentirse víctima de los engaños de otras familias. A estas alturas no tiene plaza para su hijo mayor: "Solicité plaza en el colegio concertado Pureza de María [Madrid], que está enfrente de mi casa, para matricular a mi hijo en tercero de Infantil. Y puse tres alternativas más, por si acaso no me lo admitían. No me han dado ninguno: todo porque hemos sido legales y no hemos mentido", se lamenta. La semana pasada, Pilar fue otra de las madres que tuvo que acudir a su comisión de escolarización correspondiente, en el distrito de Retiro, para comprobar en qué centros había todavía plazas libres. Quedó desolada: "Quedaban 57 plazas y había 225 niños como el mío sin colegio asignado".

Sólo en Madrid, un 55% de la demanda en la concertada-católica ha sido rechazada; en Valencia se han quedado fuera de esta opción el 30% de las solicitudes, y en Castilla y León, un 20%. Pero hay quien no se resigna y no espera: "Me consta que hay padres, cuyos hijos no han obtenido plaza en el colegio que querían, que han contratado a un detective para comprobar si alguno de los que habían entrado con más puntos que ellos mentía, y así poder denunciarlo y que corriera la lista", comenta Ricardo Villena, edil del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, que acaba de obtener una plaza por sorteo para matricular a su hijo en el famoso colegio concertado de los maristas. "No creo que la educación concertada sea mejor ni peor que la pública, pero quiero que mi hijo estudie bajo la filosofía de la religión católica", aclara.

María José Guadalupe es miembro de la comisión de escolarización número 4 de Madrid y representante de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la capital, y no tiene pelos en la lengua para decir: "Las irregularidades de falsificar documentos y certificados médicos son una constante, y es algo sabido por todo el mundo. Es descarado. El otro día me puse a repasar las solicitudes de un centro muy demandado y resulta que había habido un empadronamiento masivo en la zona en el mes de abril, justo cuando se abría el periodo de inscripción", cuenta. Según Guadalupe, todo el sistema es "absolutamente demencial", y el criterio de la renta no debería existir si no es serio y contrastable.

La labor de la inspección

Pero ¿qué hace entonces la comisión de escolarización si no investiga la veracidad de las solicitudes? "Pues se limita a redistribuir a los niños que no han entrado en el centro que habían elegido como primera opción. Ni siquiera sé si en nuestras competencias está el control de las irregularidades que se detectan".

En teoría, según los inspectores de Educación que las presiden, las comisiones de escolarización deben controlar que no se produzcan esos fraudes; pero el problema es que todo les llega a posteriori, cuando los centros han hecho su selección y han admitido a los alumnos.

"Los centros educativos no tenemos capacidad para verificar ciertos datos", señala Manuel Castro, secretario general de la Federación de Colegios de Enseñanza Religiosa (FCER). "Yo fui director de un centro y muchos padres se quejaban de que sus hijos no habían podido entrar porque muchas familias hacían trampas. Y yo siempre les decía lo mismo: ¿y cómo puedo comprobar yo que eso es falso?".

Guadalupe propuso a su comisión que, para que el reparto de inmigrantes y de niños con necesidades educativas especiales fuera equitativo, se dejasen tres plazas vacantes por aula (en lugar de las dos obligadas). "Respuesta de la Administración: se anula la reserva porque hay mucha demanda de plazas en esos centros", recuerda que contestaron. Y agrega: "Se quita la reserva sistemáticamente, incluso se aumenta la ratio de 25 a 28. Y conviene recordar que los concertados reciben subvenciones en función del número de alumnos. A ellos siempre les interesa que aumenten la ratio, y nadie habla de lo que baja el nivel el hecho de que haya 30 alumnos en lugar de 20 por aula ".

Un inspector de Educación que prefiere no dar su nombre corrobora ese testimonio. "Nosotros debemos garantizar que el proceso sea limpio, pero no existe una valoración del proceso como tal. Sólo con medidas de discriminación positiva se podría poner freno a esta descompensación. En todo caso, sería más lógico, en pro de la justicia y la objetividad, que todo se distribuyera desde una comisión única a través de subcomisiones, exactamente igual que ocurre con los ciclos de grado superior de Formación Profesional. Así no se cruzarían por medio los intereses de los centros y los de los padres, aunque es verdad que eso supone quitarles competencias a los consejos escolares en la pública y a los titulares (gestores) en la concertada".

Esta evidente inclinación de la balanza hacia la concertada frente a la pública tiene para algunos una explicación política. Los indicadores de calidad de la escuela pública y los de la concertada son muy similares: los profesores son tan buenos como los de la concertada, la ratio es menor en la pública y las instalaciones son prácticamente las mismas. "Pero durante los últimos ocho años, el Gobierno del Partido Popular, para justificar su nueva ley de enseñanza, elaboró una campaña de desprestigio basada en una falsa alarma sobre el fracaso escolar", explica José Campos, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Según él, dicha campaña ha ido acompañada de falta de inversión en la red pública frente a la concertada, justo en un momento en el que se producían cambios sociales importantes a los que había que hacer frente.

Desde que el PSOE las pusiera en marcha en los años noventa, las concertaciones han aumentado notablemente, hasta rondar el 50% de los centros en algunas comunidades como Cataluña y Madrid. Se trata básicamente de una opción política, dado que en otras comunidades como Andalucía, donde ha gobernado tradicionalmente el PSOE, no se ha favorecido tanto la concertación (sólo el 20% de la red educativa es concertada) y en cambio se ha potenciado la construcción de nuevos centros públicos. "Aquí, el 95% de las solicitudes en primera instancia son respondidas favorablemente", afirma Mercedes González, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Andalucía. "Los mayores problemas se han producido en la escolarización de Infantil y Primaria en la Costa del Sol y en el barrio de Sevilla Este, y por otras razones: han construido urbanizaciónes nuevas sin reservar espacios para nuevos colegios", agrega.

En Cataluña, el 90% de las familias lleva a sus hijos a la escuela escogida en primera opción, lo que supone "un porcentaje más que aceptable", en palabras de la consejera de Educación, Marta Cid. Pero el 10% restante de padres que no consiguen plaza en el centro que ellos consideran más adecuado a sus intereses no está de acuerdo con esta opinión, y en este descontento se incluyen algunas familias de procedencia inmigrante. Y es que, contrariamente a lo que se piensa, no todos los alumnos extranjeros tienen acceso al colegio que desean.

Iniciativa light catalana

Cataluña ha sido una comunidad pionera en el intento de ajustar estos desequilibrios. El departamento de Educación aprobó en primavera un nuevo decreto de admisión de alumnos que, entre otras cuestiones, pretendía mejorar esta distribución a través de comisiones de escolarización con poder decisorio para otorgar plazas escolares. Pero las protestas de las patronales concertadas no tardaron en llegar, y finalmente el Gobierno ha rebajado el redactado inicial y ha establecido una propuesta más light: los centros concertados recibirán ayudas económicas en caso de aumentar el número de alumnos inmigrantes en sus aulas.

Cada comunidad ha establecido su sistema desde que las competencias en Educación fueron transferidas en su totalidad (2000); sin embargo, en todas se repite el mismo problema: hay padres que no consiguen escolarizar a sus hijos en el colegio que quieren, siendo un derecho reconocido en la Constitución.

La libertad de elegir centro tiene sus límites, que son, ni más ni menos, que las plazas existentes. La compensación y la gestión de las tendencias que rigen la demanda es otra cuestión, pero es la madre de todos los problemas.

Ferran, un profesor valenciano de ESO que, después de cinco años de intentos fallidos, ha asumido ya que sus dos hijos de 8 y 10, respectivamente, terminarán su enseñanza primaria en un centro concertado, resume: "La famosa libertad de elección de centros se ha vuelto en contra de los padres que quieren una educación pública".

Una información elaborada además por: Marta Aguirregomezcorta; Carmen Morán; Neus Caballer; Margot Molina y Mar Padilla.

Salida del último día de cole, el pasado 18, del curso 2003-2004 en el colegio Pere Vila de Barcelona.
Salida del último día de cole, el pasado 18, del curso 2003-2004 en el colegio Pere Vila de Barcelona.JOAN GUERRERO

Oficinas de información educativa para padres en Cataluña

DESDE SUS INICIOS, el Gobierno tripartito que ha relevado a Convergència i Unió (CiU) en la Generalitat tras más de 23 años en el poder ha declarado su apuesta por la escuela pública y por la transparencia en los procesos de matriculación. Otra de las iniciativas que el Gobierno de Maragall ha llevado a cabo es la puesta en marcha de las oficinas de información educativa en todos los municipios catalanes y en la propia ciudad de Barcelona.

Este servicio, habitualmente ubicado en el propio Ayuntamiento,

tiene como misión centralizar todos los datos de la oferta educativa de escuelas públicas y privadas de la zona. Así, las familias pueden consultar y conocer mejor los centros en los que pueden matricular a sus hijos, y saber, entre otras cuestiones, los estudios que ofrecen, las actividades extraescolares que se llevan a cabo o los pagos que afectan a los padres. "Es una forma de acercar la escuela a las familias. Saber es poder, y cuanta más información tengan sobre los centros, su elección será mejor y más ajustada a su criterio inicial", explica un portavoz del departamento.

La familia Muñoz Bernad conoce bien este nuevo servicio. Ana, de 46 años, es profesora de instituto desde hace más de 25 años. Sabe de sobra cómo funcionan todos los vericuetos del sistema educativo, y está al tanto de todos los cambios y novedades. Pero en su caso, antes hacer la preinscripción de su hija, Marina Lian, de tres años, decidió patearse personalmente hasta siete colegios diferentes. Todos públicos y laicos. "Nosotros somos absolutamente partidarios de la escuela pública", señala Ana, quien lamenta que, en años pasados, en Cataluña "los centros concertados hayan tenido tanto apoyo". Cree en la coeducación, en la convivencia con alumnos inmigrantes y en un sistema público de calidad, que no sea asistencialista, "que inculque respeto y exija un buen rendimiento académico a todos". En su caso, no obtuvieron plaza en la escuela que habían elegido en primera opción para Marina "porque la

demanda era altísima". Viven en el barrio de Gràcia, donde ha habido un pequeño boom demográfico, por lo que finalmente la niña, que es adoptada y nació en la provincia de Cantón (China), irá al centro de segunda opción, que es una nueva escuela que, de momento, estará ubicada en barracones. "Eso sí, de primera calidad y con un director y un equipo de profesores encantadores", explica Ana.

Esta escuela virtual, como ella la llama -"porque aún no existe y porque padres y docentes nos comunicamos por Internet", según aclara-, es una muestra más de que la ciudad crece y que muchas familias apoyan la red pública, pero "la Administración debe ponerse las pilas

y responder a nuestras demandas", concluye.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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