La Cámara vasca apoya a los portavoces acusados por no disolver Batasuna

El Parlamento vasco aprobó ayer con los votos del tripartito y de Sozialista Abertzaleak (SA), el grupo parlamentario heredero de Batasuna, una proposición de respaldo a los miembros de la Junta de Portavoces y a las decisiones que adoptaron el 6 de junio de 2003, cuando desoyeron la orden del Tribunal Supremo de disolver el Grupo Parlamentario de Batasuna.

A raíz de ese acuerdo, la Fiscalía General del Estado presentó el día 20 del mismo mes una querella contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa, el vicepresidente primero, Gorka Knörr (Eusk...

El Parlamento vasco aprobó ayer con los votos del tripartito y de Sozialista Abertzaleak (SA), el grupo parlamentario heredero de Batasuna, una proposición de respaldo a los miembros de la Junta de Portavoces y a las decisiones que adoptaron el 6 de junio de 2003, cuando desoyeron la orden del Tribunal Supremo de disolver el Grupo Parlamentario de Batasuna.

A raíz de ese acuerdo, la Fiscalía General del Estado presentó el día 20 del mismo mes una querella contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa, el vicepresidente primero, Gorka Knörr (Eusko Alkartasuna), y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (IU), por un delito de desobediencia. Posteriormente, la Fiscalía amplió la querella al portavoz del PNV, Joseba Egibar, al de SA, Antton Morcillo, y al de EA, Rafael Larreina, como "colaboradores necesarios" para la desobediencia al alto tribunal.

La ampliación de la querella por parte de la Fiscalía se debió a que en la Junta de Portavoces el PNV, SA y EA votaron en contra de una propuesta de la presidencia de la Cámara vasca, que había sido ratificada en la Mesa, con los votos también del representante del PSE, y que autorizaba el paso de los miembros de Sozialista Abertzaleak al Grupo Mixto.

Sin embargo, ese hecho no sirvió para exculpar a Atutxa, y la Fiscalía consideró que el proceso de rechazo de las órdenes del Tribunal Supremo fue toda una argucia de los tres imputados y de sus partidos, primero en la Mesa y después en la Junta de Portavoces.

La proposición aprobada ayer "hace suyos" los acuerdos adoptados por mayoría en aquella Junta de Portavoces y "muestra su apoyo inequívoco a quienes han sido imputados penalmente por cumplir con su derecho y su deber de votar".

PP y PSE rechazaron toda la proposición no de ley, que en sus dos primeros puntos mostraba un apoyo explícito al Reglamento del Parlamento, y a la libertad de los parlamentarios. Unidad Alavesa apoyó estos dos primeros puntos con el tripartito y SA. Tanto el presidente de la Cámara como los otros dos imputados de la Mesa votaron en blanco.

El portavoz socialista, Rodolfo Ares, interpretó que el único objetivo de la proposición no de ley era "defender que los herederos de Batasuna tengan grupo propio", e implicar al resto de los miembros del Parlamento vasco en una decisión que está en los tribunales y por lo tanto sometida a criterios judiciales.

El portavoz popular, Antón Damborenea, también se mostró contrario a participar en una propuesta que, según dijo, a pesar de utilizar el argumento de la división de poderes como eje central del texto "tiene como objetivo influir en la decisión que vayan a adoptar los jueces en la querella promovida por la Fiscalía".