Jugadores de ventaja
COMO SUELE OCURRIR con los partidos que aterrizan en el páramo de la oposición después de haber disfrutado -esta vez, ocho años-de las verduras del gobierno, el PP pretende cambiar a su favor las reglas de juego parlamentarias. Tras su inesperada derrota electoral del 14-M, los populares piden la reforma del reglamento del Congreso que se negaron a aceptar, en cambio, mientras ejercían el poder. Tambien los centristas (entre 1977 y 1982) y los socialistas (desde 1983 hasta 1996) acomodaron el funcionamiento de las Cámaras a sus conveniencias como partido gobernante. Esa cínica y contradictoria actitud tal vez se deba a una motivación inconfesable: la equivocada creencia de que nunca perderán el poder después de haberlo conquistado impide a los políticos preparar el escenario más favorable a sus intereses cuando pasen a la oposición.
Tras la derrota electoral que puso fin a ocho años de poder del PP, Rajoy propone cambiar las reglas de juego parlamentarias para fortalecer ahora a la oposición y someter a mayor control al Gobierno
En cualquier caso, los populares han dado sopas con honda a sus competidores como jugadores de ventaja en el tapete parlamentario. Durante el segundo mandato de Aznar, la mayoría absoluta popular convirtió a las Cortes Generales en una servil correa de transmisión de los abusos, caprichos y desplantes del Gobierno. Los portavoces del PSOE y de los demás grupos de la oposición vieron obstaculizadas y coartadas sus tareas de control y vigilancia del poder; para acallar sus voces y ahogar sus críticas, el jefe del Ejecutivo y sus ministros recurrieron a la arrogante trapecería de replicar a las preguntas parlamentarias con el monocorde e incongruente recordatorio de los escándalos de guerra sucia y corrupción surgidos durante el mandato socialista.
Tal vez su incapacidad para entender las reglas de juego de un sistema democrático llevó al PP a confundir durante su etapa de poder el Parlamento como institución (de la que también forman parte las minorías) con su mayoría partidista. Esa perversa sinécdoque política dio un paso todavía mas peligroso al identificar al Gobierno, primero, y sólo a su presidente, después, con el interés general, con el Estado y con España. El corolario de ese sectario reduccionismo fue la autoritaria tendencia del jefe del Ejecutivo y sus ministros a descaliificar a la oposición por antidemocrática, antipatriótica y anticonstitucional; si Rajoy acusó a los socialistas de traicionar los intereses nacionales durante la catástrofe del Prestige, Aznar llegaría a tildar a Zapatero de compañero de viaje de Sadam Husein en los debates sobre la guerra de Irak.
La propuesta de Rajoy según la cual el partido mayoritario no pueda formular preguntas al presidente y a sus ministros en las sesiones de control al Gobierno ha sido ya aplicada por los socialistras como uso parlamentario desde el comienzo de la legislatura; sin embargo, no parece que la elevación a norma de esa práctica tenga encaje constitucional. En cualquier caso, aún no se han desvanecido los sentimientos de vergüenza ajena que embargaban al hemiciclo cada vez que un diputado del PP se levantaba de su escaño para plantear cuestiones adulatorias al entonces presidente del Gobierno o a sus ministros. Será difícil superar, por ejemplo, el nivel de cortesanía y obsecuencia de la pregunta dirigida a Aznar durante el último debate en el Congreeso de la anterior legislatura por el portavoz del grupo parlamentario: nadie podrá regatearle a Luis de Grandes el mérito de haberse ganado a pulso el escaño en Estrasburgo con ese gesto de rendida pleitesía.
El paquete de reformas presentado por el PP -la única oposición patriotica según Rajoy- para obtener mas instrumentos de control sobre el Gobierno será negociado con los demás grupos parlamentarios. A fin de garantizar la limpieza de sus intenciones y la sinceridad de su arrepentimiento, el PP tal vez debiera comprometerse solemnemente de antemano a respetar esas reformas cuando regrese al poder y a ponerlas en práctica de inmediato en aquellas asambleas autonómicas (Madrid, Valencia, Galicia, Baleares, Castilla-León, Murcia y Rioja) donde tiene mayoría para hacerlo.
