"No habrá perdón para quienes dieron licencias ilegales"

Juan Carlos López Caballero (Sevilla, 1956) es el fiscal coordinador de Medio Ambiente y delitos urbanísticos de la Audiencia Provincial de Málaga. De hablar pausado, mide lo que dice. Aunque a veces elude dar respuestas directas, advierte de que "no habrá perdón, olvido ni impunidad para quienes han permitido las tropelías urbanísticas de Marbella". Lamenta especialmente que, en el caso de Marbella, la vía penal contra los concejales que otorgaron las licencias en zonas no urbanizables esté paralizada a la espera de que la vía contencioso administrativa determine la responsabilidad del Ayuntamiento. Y eso puede tardar años.

Pregunta. Da la impresión de que la justicia siempre llega tarde en temas urbanísticos; las sentencias sobre licencias llegan cuando los pisos están construidos y habitados.

"Para demoler casas con licencias anuladas habrá que indemnizar a los compradores"

"Los problemas con el suelo no urbanizable se localizan ahora en el interior"

Respuesta. Hay dos tipos de delitos urbanísticos. Por un lado, los que cometen los particulares, y por otro los que cometen autoridades y funcionarios al conceder ciertas licencias. Cuando la actuación irregular la comete un Ayuntamiento, que es quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley, el problema surge porque los tribunales tienen que controlar la actuación administrativa, por la vía administrativa o por la vía penal. En esos casos, la justicia, naturalmente, llega tarde. Tiene que revisar una actuación jurídica de un Ayuntamiento. Esto implica que la licencia ya ha sido otorgada y lo normal es que se construya. Si a esto añadimos que la justicia es de por sí lenta, y más en lo contencioso administrativo, y que estamos en un momento de boom inmobiliario donde los pisos se venden antes de construirse, lo normal es que las sentencias lleguen tarde.

P. ¿Qué se puede hacer?

R. Una cosa es que las sentencias lleguen tarde y otra que, desde el punto de vista jurídico, las cosas no tengan remedio. No soy especialista en derecho administrativo, pero cuando observamos que hay licencias que contravienen la ordenación urbanística, por parte de autoridades o funcionarios, solicitamos que se incoe un procedimiento penal y formulamos una acusación. Para las construcciones ya realizadas y que después resultan ser ilegales sólo podemos solicitar la nulidad de la licencia otorgada. La situación en la que puedan encontrarse esas viviendas, si se acuerda la nulidad de la licencia, es la misma de una obra construida sin licencia. En consecuencia, la Administración, en este caso el Ayuntamiento, tiene que reestablecer la legalidad vigente.

P. ¿Aunque implique la demolición de la obra?

R. Sí, pero habrá que indemnizar a los particulares que compraron las casas. El ordenamiento jurídico tiene mecanismos para restablecer el orden jurídico perturbado. No soy especialista en derecho administrativo, pero entiendo que la Administración tiene que reconocer que ha actuado mal al conceder esas licencias y debe indemnizar a las personas que, de buena fe y con todo en regla, compraron una casa.

P. Entonces parece que no paga nadie.

R. No es así. Hay procedimientos penales abiertos por la fiscalía. Si se consigue una sentencia condenatoria que sea firme, el Código Penal prevé penas de cárcel o multa e inhabilitación. Sí hay sanción penal para quienes han aprobado esas obras.

P. En el caso de Marbella hay dos vías, la administrativa, para revocar la licencia, y la penal, para ir contra quienes aprobaron las licencias. Pero la segunda, la que ustedes impulsan, está paralizada hasta que no se resuelva la primera. ¿Cómo afecta eso?

R. Nosotros hemos formulado acusaciones porque entendemos que hay licencias contrarias a la ley. A la vez, la Junta de Andalucía ha impugnado esas licencias. Así sobre la misma licencia hay un doble procedimiento. Esto ha producido la suspensión de los procesos penales hasta que se decida la legalidad o no de las licencias de forma firme. La sala de lo contencioso del TSJA confirma todos los criterios que hemos sostenido para afirmar la ilegalidad de las obras. Esto refuerza nuestra tesis de que las licencias son ilegales. Si el Supremo ratifica estas licencias, como todo apunta, se abrirá la puerta para la acción penal, que ahora mismo está en suspenso.

P. ¿Le parece bien que esté paralizada la vía penal?

R. Nosotros recurrimos esta decisión de paralizar los procedimientos, pero la acatamos. Pero no es que se esté torpedeando la acción penal. No hay ni olvido ni impunidad de la responsabilidad penal para quienes aprobaron esas obras.

P. ¿Qué es lo más frecuente entre particulares?

R. El Código Penal sólo dedica dos artículos a la ordenación del territorio. Está penada la edificación sin licencia sobre suelos protegidos. Estos actos también son infracciones administrativas. Esto supone que el legislador penal ha decidido proteger el suelo no urbanizable y en función de la edificación. Pero hay otra serie de actuaciones irregulares que a lo mejor son muy importantes y que allanan el camino para la construcción de suelo urbanizable que no son punibles desde el punto de vista penal.

P. ¿Por ejemplo?

R. La parcelación del suelo no urbanizable, que no implica de por sí una nueva construcción está al margen del derecho penal. Todo el mundo sabe que la parcelación es el paso previo a la construcción en suelo no urbanizable. Y eso se está dando en toda Málaga. Se parcela suelo no urbanizable y luego se construye. Pero la parcelación no se puede perseguir.

P. ¿Cree que los ayuntamientos deberían estar más atentos a las parcelaciones de suelo rústico antes de que se conviertan en chalés?

R. Hay parcelaciones que son correctas y otras que no. Pero el Ayuntamiento debe velar por que las parcelaciones, aunque sean legales, no se transformen en urbanizaciones ilegales. También pueden hacer campañas de prevención. Ahora donde se producen los problemas de suelo urbanizable no es en zonas próximas a la costa, sino en el interior, y la mayoría de la gente que alquila es extranjera. Pues los ayuntamientos pueden hacer campañas de prevención y de publicidad advirtiendo de que esas construcciones pueden ser ilegales y de que hay que informarse.

P. Según la memoria de la fiscalía en Málaga hubo 30 casos penales por delitos de ordenación del territorio en 2003. ¿Es mucho o poco?

R. Habría que mirar cuáles son delitos de autoridades y cuáles de particulares. Los datos no deben distorsionar la realidad: ha habido un problema en Málaga, que se concentra en un Ayuntamiento, que ha generado el 90% de los procedimientos penales de esa estadística como consecuencia de una forma de hacer política. Los delitos en otros ayuntamientos fuera de Marbella han sido casos puntuales. El 10% son construcciones en suelo no urbanizable.

P. Algún alcalde ha denunciado que los jueces son permisivos con las obras irregulares. El alcalde de Nerja asegura que él ha precintado obras, el constructor ha roto el precinto y el juez sólo lo ha considerado como falta.

R. Se supone que si hay un precinto municipal, hay un expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento y que llevará una sanción. Pero al mismo tiempo, según la ley, la Administración tiene que restablecer la legalidad urbanística, lo que implica la necesidad de demoler lo ilegalmente construido. Y eso es obligatorio. Si el Ayuntamiento nos manda un requerimiento en forma y tiempo, consideramos que romper un precinto municipal es un delito de desobediencia, no una falta.