Las siglas malditas del campo andaluz
La frialdad de las elecciones europeas contrasta con la enorme influencia de las OCM para 270.000 familias andaluzas
Nunca unas siglas habían despertado tanto recelo en el campo andaluz. La Organización Común de Mercados (OCM), que regula las ayudas europeas para el aceite, algodón y tabaco, pasa por ser una de las principales preocupaciones para 270.000 familias de la comunidad que, paradójicamente, asisten con frialdad y cierto escepticismo al debate electoral. El nuevo marco de ayudas aprobado el 22 de abril por el Consejo de Agricultura de la Unión Europea apuesta por pagos desacoplados, es decir, desvinculados de las cosechas reales, con el fin de evitar la sobreproducción y que las subvenciones comunit...
Nunca unas siglas habían despertado tanto recelo en el campo andaluz. La Organización Común de Mercados (OCM), que regula las ayudas europeas para el aceite, algodón y tabaco, pasa por ser una de las principales preocupaciones para 270.000 familias de la comunidad que, paradójicamente, asisten con frialdad y cierto escepticismo al debate electoral. El nuevo marco de ayudas aprobado el 22 de abril por el Consejo de Agricultura de la Unión Europea apuesta por pagos desacoplados, es decir, desvinculados de las cosechas reales, con el fin de evitar la sobreproducción y que las subvenciones comunitarias desvirtúen la competencia.
El hecho de que las reformas no entren en vigor al menos hasta el próximo año puede ayudar a entender el poco entusiasmo con el que los agricultores reciben la agria controversia política y agraria del nuevo régimen de ayudas. Especialmente intenso está siendo el debate en la OCM del aceite, pues no en balde el olivar andaluz acaparó el último año 833 de los 1.005 millones de euros asignados a España. Y eso que la Comisión Europea sólo asigna a España un cupo de 760.000 toneladas, muy por debajo del más del millón de toneladas producidas en las últimas campañas, por lo que el principal país productor ha sido el más penalizado. Para corregir esa situación, el Gobierno español y la Junta propusieron un incremento presupuestario de 150 millones de euros, pero al final sólo se han arañado 20.
Más importante que las ayudas es la comercialización desde Andalucía
El nuevo escenario contempla una ayuda desacoplada del 60%, aunque deja flexibilidad a cada Estado miembro para llegar al 100%, cuyo criterio de reparto tendrá en cuenta la media de producción de las últimas cuatro campañas. En principio, el 40% restante, no desacoplado, puede ser repartido por los gobiernos para atender al olivar menos productivo. Y es ahí donde reside la inquietud de los olivareros, que temen que se produzca un trasvase de fondos desde Andalucía a otras comunidades.
Tanto la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, como el presidente andaluz, Manuel Chaves, han asegurado que Andalucía no perderá cantidad alguna respecto a la situación actual, pero desde el PP se avala la tesis de la patronal agraria Asaja de que el 40% de ayuda no desacoplada supone unas pérdidas de 144 millones para el olivar andaluz, un cultivo que genera 2.350 millones, 22 millones de jornales (el 30% del empleo agrario) y es la actividad principal de más de 300 pueblos andaluces. Con todo, más allá de la polémica política, la reforma de la OCM ha reabierto el debate de necesidad busacar de nuevos mercados impulsando la comercialización desde Andalucía. "Mientras que el aceite de gran calidad que salga en camiones cisternas de 20.000 kilos la batalla la tenemos perdida", asegura José Pliego, presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso y diputado socialista por Jaén.
El sector del algodón vive pendiente del recurso que el Gobierno español va a presentar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. A pesar de que el Consejo Especial de Agricultura corrigió al alza las expectativas para este cultivo respecto de lo aprobado tres días antes por el Consejo de Agricultura de la UE, los algodoneros aún no están satisfechos. La nueva propuesta desacopla las ayudas en un 65%, limita a 70.000 hectáreas la superficie subvencionable, pero a cambio se eleva de 852 a 1.039 euros la prima por hectárea. Los 10.000 algodoneros andaluces reciben casi 200 millones de euros que, a diferencia de los olivareros, constituye la mayor parte de sus ingresos. Miguel López, responsable regional de COAG, cree que si la ayuda se desvincula de la producción "se estará invitando a los agricultores a abandonar el cultivo", una situación que pondría en peligro 25 industrias desmotadoras que generan 2.000 empleos y un millón de jornales.
En el caso del tabaco, la mayoría de las 1.200 explotaciones se localizan en La Vega de Granada, donde, sobre una superficie de 1.500 hectáreas, se producen unas 4.500 toneladas de tabaco negro burley, muy lejos de las 20.000 que se llegaron a producir en los años ochenta.
Con la nueva OCM, los productores aseguran que se ponen los cimientos para acabar con este cultivo. Desde el año 2006 a 2010, el 40% de la ayuda quedará desvinculada de la producción y se concederá según la superficie. El panorama será aún más sombrío a partir de 2010, cuando el 100% de las ayudas quedarán desvinculadas de la producción, pero la subvención se reducirá a la mitad para reorientarlas hacia los programas de desarrollo rural. Entonces, la ayuda comunitaria será de 1,14 euros, muy por debajo del coste de producción, fijado en 1,5 euros. El gerente de la Sociedad Agraria de Transformación de Tabacos de Granada, Cristóbal Blanco, aseguró nada más conocer la reforma que "han firmado la defunción del tabaco en Granada".
Archivado En
- OCM
- Política agrícola común
- Financiación autonómica
- Política agraria
- Comunidades autónomas
- Aceite
- Productos agrarios
- Administración autonómica
- Unión Europea
- Organizaciones internacionales
- Andalucía
- Relaciones exteriores
- España
- Agricultura
- Finanzas públicas
- Agroalimentación
- Administración pública
- Finanzas
- Alimentos
- Alimentación
- Industria