ANÁLISIS | NACIONALColumna
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Alboroto en las aulas

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN del Gobierno tripartito catalán anunció el pasado martes su intención de inaplicar a partir de ahora dos preceptos de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE) que habían sido desarrollados reglamentariamente al comienzo del año académico 2003-2004: la repetición forzosa de los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) con tres suspensos y la prueba extraordinaria de recuperación posterior para salvar tal obstáculo. Ese incoado propósito implica una doble irregularidad: de un lado, la suspensión de una medida en vigor siempre corre el peligro de incurrir en retroactividad; de otro, la paralización por una comunidad autónoma de una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales vulnera la jerarquía normativa del Estado de Derecho. Para mayor alarma, la consejera de Educación del Gobierno de Vitoria se unió alegremente a la fiesta con el anuncio de la próxima sustitución de la LOCE por una ley de ámbito vasco "siguiendo directrices europeas".

La competencia para declarar una moratoria en el calendario de la ley de calidad de la enseñanza no corresponde a las comunidades autónomas, sino al Gobierno presidido por Zapatero

El motivo aducido por la consejera catalana para justificar la suspensión - la consejera vasca ni se molestó en fundamentar su delirante e inconstitucional proyecto- es el compromiso electoral asumido por Zapatero de reformar la LOCE si ganaba -como así ha ocurrido- las elecciones. Sin embargo, otras comunidades autónomas administradas por el PSOE han inferido de esa promesa la razonable conclusión de que será preciso aguardar a la formación del nuevo gobierno socialista. En cualquier caso, la reforma parcial o total de la LOCE exigiría un trámite legislativo de varios meses. Sólo hay un procedimiento para acelerar los tiempos: el establecimiento de una moratoria del calendario de desarrollo reglamentario de la LOCE fijado por el decreto que firmó la ministra Castillo el 27 de junio de 2003. Esa medida es a la vez legal y factible: bastaría con que el nuevo Gobierno dictase un decreto modificando o derogando el anterior.

Esa posibilidad no guarda parentesco alguno con la disparatada tesis según la cual el gobierno de una Comunidad Autónoma tendría capacidad jurídica para suspender, revisar o derogar una ley dictada por las Cortes Generales. Ni siquiera el Gobierno central puede adoptar ese tipo de medidas: los decretos-leyes deben ser sometidos de inmediato a la aprobación del Congreso. Así pues, la responsabilidad de modificar la LOCE corresponde exclusivamente al Parlamento. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero está facultado para tomar, dentro de su nivel competencial, medidas suspensivas. La Disposición Adicional Primera de la LOCE apodera al Gobierno para aprobar -previa consulta a las comunidades autónomas- "el calendario de aplicación" de la norma a lo largo de "un ámbito temporal de cinco años" a partir de su entrada en vigor. Buen número de tales medidas -incluidas las que la consejera catalana de Educación desea paralizar- han sido introducidas en este curso 2003-2004. Sin embargo, quedan aún pendientes para los tres años académicos siguientes otras materias polémicas: la enseñanza obligatoria de la doctrina católica -o del hecho religioso en tanto que alternativa forzosa- como asignatura evaluable para el curriculum; los itinerarios excluyentes (humanístico, científico y tecnológico) dentro de la ESO; los programas de iniciación profesional (PIP) para los descartados a la fuerza de esos itinerarios; el examen de reválida al concluir el bachillerato, etc.

La utilización por el Gobierno de Aznar de la mayoría absoluta como una apisonadora destinada a laminar las discrepancias de la oposición rompió los equilibrios y los consensos sobre la educación primaria y secundaria (mediante el garrote de la LOCE) y la enseñanza superior (mediante la estaca de la LOU). A nadie debería extrañar, así pues, que la nueva mayoría parlamentaria se disponga a rectificar errores y a reparar ofensas a través de la actividad legislativa en el campo educativo. Y tampoco que el Gobierno de Zapatero utilice la vía del decreto para establecer una moratoria en el calendario de aplicación de la LOCE fijado -también por decreto- durante la etapa de Aznar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 03 de abril de 2004.

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