Iniciativas a estudiar

En estos últimos meses, en el marco de la campaña electoral que se avecinaba, ha sido frecuente que los dirigentes del PP y el andalucista Rojas-Marcos hayan acusado al presidente de la Junta de Andalucía de poner en práctica una política seguidista respecto del presidente de la Generalitat. Manuel Chaves se habría convertido en una suerte de acólito de Pasqual Maragall, incumpliendo su obligación de poner los intereses de Andalucía por encima de cualquier interés de partido. Dicha acusación alcanzó su máximo nivel cuando se tuvo conocimiento de la entrevista de Carod Rovira con la dirección de ETA y especialmente tras la difusión del comunicado en el que se declaraba a Cataluña como zona libre de atentados. El rendimiento electoral de la acusación salta a la vista y hace ocioso cualquier tipo de comentario. El extraordinario aumento de votos del PSOE tanto en Cataluña como en Andalucía y el de Esquerra Republicana ponen de manifiesto hasta que punto el tiro ha salido por la culata.

Una de las ventajas del Estado de las autonomías es que unas comunidades pueden aprender de otras. Es de sentido común

Hay, sin embargo, algunas iniciativas políticas del tripartito catalán que deberían ser estudiadas muy atentamente por el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque son de sumo interés. Pues en estos algo más de cien días y a pesar de todas las agresiones de las que el Gobierno catalán ha sido objeto por el Gobierno presidido por José María Aznar, se han empezado a diseñar políticas que apuntan en la buena dirección.

La más importante de todas es la elaboración de un proyecto de ley para garantizar la autonomía de la radiotelevisión pública catalana, siguiendo el modelo de la BBC. El proyecto pone fin a la práctica que se sigue en todas las radiotelevisiones públicas del país, sean estatales o autonómicas, de la designación por el Gobierno del director del ente gestor de las mismas. Se contempla la creación de un órgano colegiado integrado por nueve personas que será el encargado de gestionar de manera autónoma la radiotelevisión catalana. Ocho de los nueve miembros del órgano gestor serán designados por el Parlamento de Cataluña entre personas de reconocido prestigio por mayoría de tres quintos, esto es, por una mayoría que únicamente puede ser alcanzada por consenso entre los partidos que están en el Gobierno y los que están en la oposición y el noveno será elegido entre los trabajadores del medio. El director será designado por estos nueve consejeros y únicamente tendrá que dar cuenta de su gestión ante ellos.

Se trata de la primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución que se diseña una norma para hacer efectivo lo que preceptúa el artículo 20.1.3 de la Constitución respecto del "respeto al pluralismo de la sociedad" en el acceso a "los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público". En un momento en el que se insinúa con frecuencia que el Gobierno catalán no es muy respetuoso de la Constitución, creo que no está de más subrayar que en el ejercicio de un derecho tan esencial para una sociedad democrática, como es este, el tripartito, apenas constituido, está siendo mucho más respetuoso con la Constitución de lo que lo ha sido el Gobierno de España desde la entrada en vigor de la misma.

No cabe duda de que el modelo catalán será tomado en consideración por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que a través de la legislación que se apruebe en las Cortes Gnerales acabará teniendo influencia en las demás comunidades autónomas. Uno de los elementos de regeneración democrática de los que más necesitado estaba el sistema político español se está abriendo camino a partir de Cataluña. En todo caso, creo que el Gobierno de la Junta de Andalucía haría bien en estudiar el proyecto de ley catalán para ver qué tiene de aprovechable para la ordenación de la radiotelevisión pública andaluza.

También es de sumo interés la iniciativa de poner fin a la financiación pública de aquellos colegios concertados que incumplan con la exigencia de la coeducación. Con buen criterio el Gobierno de la Generalitat entiende que la coeducación viene exigida por la igualdad constitucional proclamada en el artículo 14 de la Constitución y que no se puede apoyar con fondos públicos ningún centro que no la respete. En la medida en que, en Andalucía, existan centros escolares concertados en los que no se practica la coeducación, se debería seguir una política similar a la que ha anunciado el Gobierno catalán. No por seguidismo, sino porque también en este caso es el Gobierno catalán el que está marcando el camino de respeto a la Constitución española.

En esta semana se ha anunciado también la próxima presentación de un proyecto de ley para regular la prostitución, poniéndose fin de esta manera a la suerte de limbo jurídico en el que se encuentran las mujeres que la practican. Me parece que también es una iniciativa que merece ser estudiada. Se trata, obviamente, de un problema que no creo que se plantee en términos muy distintos en Andalucía y que también necesita ser regulado en nuestra comunidad autónoma. La respuesta al mismo no puede quedar confiada a lo que resuelvan los jueces y tribunales cuando les llega un asunto, sino que tiene que hacerse mediante ley. Es la única manera en que se puede alcanzar la seguridad jurídica que también es exigible en esta actividad.

Hay medidas de trasparencia informativa, como la de hacer públicos los sueldos de todos los altos cargos de la Generalitat, que también merecen ser tomadas en consideración.

Una de las ventajas del Estado de las autonomías es que unas comunidades pueden aprender de lo que se está haciendo en otras. Esto no es seguidismo, sino sentido común.