Aguirre se niega a que la Asamblea defienda la Ley de Parejas de Hecho

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha decidido imponer su mayoría para impedir que la Cámara, como institución, se persone en un procedimiento de inconstitucionalidad abierto contra la Ley de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid. Esta ley fue aprobada en 2001 en la Asamblea con sólo los votos del PP y siendo presidente de la Comunidad Alberto Ruiz-Gallardón.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) planteó la cuestión de inconstitucionalidad de esta ley a raíz de un procedimiento abierto por el partido ultraconservador Familia y Vida. En septiembre de 2002, Familia y Vida interpuso una demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior por el decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Uniones de Hecho. Familia y Vida argumentó que colisiona con las competencias exclusivas del Estado, ya que se trata de cuestiones reguladas por el Código Civil.

El tribunal estimó que antes de entrar a valorar la constitucionalidad de este decreto, ha de decidirse sobre la constitucionalidad o no de la ley. De tal forma, el tribunal decidió plantear cuestión de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 4, 5, 8 y 9 de la Ley de Uniones de Hecho.

Esta ley fue aprobada el 13 de diciembre de 2001 en la Asamblea de Madrid con el voto a favor del PP y la abstención tanto de PSOE e IU. En su explicación de voto, el grupo socialista justificó su abstención por considerar la ley insuficiente a la vista de las enmiendas aceptadas, no porque se opusiera a su contenido.

Es decir, fue el grupo parlamentario encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón el que logró sacar adelante la actual Ley de Parejas de Hecho de la Comunidad de Madrid. Ayer, el grupo parlamentario que respalda a Esperanza Aguirre impidió, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara, que la Asamblea pueda personarse como parte ante el Constitucional para defender el texto legal que esta misma institución aprobó.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permite la personación en los procedimientos de inconstitucionalidad de los órganos ejecutivos y legislativos de una comunidad autónoma en el caso de que esos procedimientos versen sobre leyes dictadas por esa comunidad.

El grupo popular en la Asamblea solicitó a los servicios jurídicos de la Cámara un informe para que se pronunciaran sobre la procedencia o no de que la Asamblea se personase. En ese informe se lee: "Los parlamentos autonómicos manifiestan la tendencia a personarse en los procesos de inconstitucionalidad en los que (...) se pone en duda la constitucionalidad de las leyes autonómicas emanadas de los mismos".

El portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, justificó la negativa de su grupo a personarse en defensa de la ley en que se trata de una decisión "de carácter estrictamente jurídico que promueven los tribunales y no ninguna autoridad jurídica", además, aseguró que lo que ha admitido a trámite el Tribunal Constitucional, "no se refiere en ningún caso al fondo de la ley", sino a una "cuestión de competencias de la Comunidad de Madrid".

La portavoz adjunta del PSOE, Ruth Porta, acusó al PP de "falta de coherencia" y manifestó que "este grupo parlamentario del PP, con la dirección política actual, jamás hubiese aprobado esta ley, dado su carácter ultraconservador".