Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Reportaje:EL MODELO DE ESTADO Y LAS TENSIONES CON LAS AUTONOMÍAS | 96>04 OCHO AÑOS DE AZNAR

El órdago de Ibarretxe

El proyecto soberanista del 'lehendakari' para reformar el Estatuto de Gernika ha provocado la mayor ofensiva legal y política del Ejecutivo de Aznar en defensa de uno de los puntos clave de su ideario: la unidad de España

Las relaciones del Gobierno del PP con los ejecutivos vasco y catalán han pasado del blanco al negro. En 1996, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Convergència i Unió apoyaron la investidura de un José María Aznar que precisaba esos votos para sumarlos a la precaria mayoría de que disponía en el Congreso de los Diputados. La ruptura con el PNV llegó en 1998, no sin antes haberse llegado a una empatía tal que se materializó, sobre todo, en la plena autonomía fiscal. Los acuerdos parlamentarios del PNV con HB, que culminaron en el Pacto de Lizarra, junto a la radicalización de Aznar contra el nacionalismo, dieron al traste con la sintonía exhibida hasta entonces. El proceso de distanciamiento ha culminado en la segunda legislatura -ésta ya con mayoría absoluta del PP- con el plan Ibarretxe, un proyecto soberanista que ha supuesto un auténtico órdago por parte del Gobierno vasco. En Cataluña, la buena relación entre CiU y PP ha durado tanto que casi han agotado en paz y armonía la legislatura que concluirá con las elecciones generales del próximo mes de marzo. El caso catalán es distinto porque los ejecutivos de Jordi Pujol precisaron de los votos del PP, lo que redujo el campo de maniobra de los nacionalistas catalanes. En 1999, CiU tuvo que vincular la investidura de Pujol a aparcar durante toda la legislatura la reivindicación de la reforma del Estatuto. La hipoteca tuvo para los nacionalistas más nombres y apellidos: Plan Hidrológico Nacional o insuficiente financiación que desde CiU se vieron obligados a presentar como un triunfo. Pero el aliado intermitente catalán ha pasado ahora a la oposición, después de que en diciembre de 2003 se constituyese un Gobierno tripartito y de izquierdas en Cataluña que arranca con la petición de la reforma del Estatuto. En Andalucía, la oferta del PP de liquidar la deuda histórica -estimada entre 750.000 y 400.000 millones de pesetas- si gana las elecciones desató una tormenta política que ha contribuido a acercar las reivindicaciones autonómicas de dos socialismos que juegan con realidades distintas: la andaluza y la catalana.

El 29 de septiembre de 1998, José María Aznar mantuvo, en La Moncloa, su última reunión con el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, en la que pusieron punto final a casi dos años y medio de relaciones, iniciadas cuando ambos líderes pactaron el compromiso de investidura del presidente del Gobierno, en mayo de 1996.

El encuentro de Aznar con Arzalluz fue borrascoso. El PNV acababa de comprometerse con Batasuna (entonces HB), tras un acuerdo previo con ETA, en el Pacto de Lizarra, de orientación soberanista y de ruptura del Estatuto vasco, y la banda armada había anunciado la primera tregua indefinida de su historia.

Aznar acusó a Arzalluz de "deslealtad". Le recordó al líder del PNV que dos años antes, en noviembre de 1996, en una cena celebrada en el Hotel Aranzazu de Bilbao, en plena luna de miel del PP y PNV, se había comprometido a avisarle si "la piscina estaba llena". Y es que en la discreta reunión de Bilbao, Arzalluz había adelantado a Aznar su intención de tantear "si había agua en la piscina" del mundillo de ETA; es decir, las posibilidades de un alto el fuego de la banda armada. Aznar, que no se comprometió a nada, entendió que Arzalluz le avisaría de sus gestiones, cosa que no hizo.

EL PACTO DE LIZARRA
La ruptura con el PNV

La ruptura de Aznar y Arzalluz, en septiembre de 1998, fue traumática, pues en los más de dos años que mediaron desde mayo de 1996, el PNV apoyó la investidura de Aznar y los Presupuestos del Gobierno del PP a cambio de un avance en el autogobierno vasco; materializado, sobre todo, en una casi plena autonomía fiscal.

El pacto del PP con el PNV fue complementario del que realizó pocos días antes el PP con CIU para asegurar la investidura de Aznar, que carecía de mayoría suficiente para formar Gobierno. Con CiU se comprometió a ampliar la capacidad de financiación autonómica de la Generalitat, así como un mayor autogobierno: en puertos, costas y suelo, así como la supresión de los gobernadores civiles. El acuerdo del PP con los nacionalistas llevó a Arzalluz a señalar, entusiásticamente, que "en diez días habían logrado más que en 13 años de Gobierno del PSOE".

No obstante, ya un año antes de la ruptura, en julio de 1997, se empezó a abrir el foso entre el PP y el PNV. Fue tras las grandes movilizaciones sociales que generó el asesinato por parte de ETA del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. "El pacto entre el PP y PNV empezó a romperse por su parte más débil, el reto del terrorismo, al que ambos partidos marginaron en su acuerdo de investidura", dice Ramón Jáuregui, responsable autonómico del PSOE en ese momento y ex vicelehendakari.

El PNV temió que la inédita movilización del País Vasco contra ETA y HB acabara arrastrando al nacionalismo en su conjunto e inicia el acercamiento al nacionalismo radical con la pretensión de lograr el alto el fuego de ETA a cambio de radicalizar su programa. Este giro político se visualiza en el Parlamento vasco donde, a lo largo de 1998, PNV y HB pactan una batería de acuerdos de signo radical que provoca la salida de los socialistas del Gobierno vasco que formaban con el PNV y EA. Los pactos parlamentarios del PNV y HB culminan en el Pacto de Lizarra de septiembre de 1998.

A la par, Aznar inicia la radicalización de su posición contra el nacionalismo. A comienzos de 1998 había rechazado el plan Ardanza, último intento del entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, de salvar el Pacto de Ajuria Enea -el acuerdo de todos los partidos vascos contra ETA, vigente desde 1988-, y que el PSOE estaba dispuesto a debatir. Aznar, mediada la legislatura, y con los Presupuestos de 1998 aprobados, ya se considera con las manos libres. El entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, anuncia que el Gobierno da por cumplidos los compromisos pactados con los nacionalistas en la investidura de Aznar. Arguye que "España es el país más descentralizado de Europa y que el Estado de las autonomías ha llegado al límite" y entierra la prometida reforma del Senado para convertirlo en cámara territorial.

RADICALIZACIÓN
Discurso antinacionalista

Sin embargo, el socialista Jáuregui cree que en ese momento "el PP ha descubierto la utilidad partidista que puede extraer del discurso antinacionalista, al comprobar el potencial movilizador del rechazo al asesinato de Miguel Ángel Blanco". A partir de ahí, se inicia la radicalización del PP y el PNV y la polarización política de sus posiciones. Los nacionalistas mantienen hoy que el PP es el responsable de empujarles al soberanismo al rechazar el plan Ardanza. Pero el PP contraataca y asegura que Arzalluz tenía desde hacía tiempo diseñada la estrategia del salto al soberanismo.

La ruptura de la tregua de ETA, en noviembre de 1999, la campaña de asesinatos de la banda en 2000, y la tardanza del PNV en desmarcarse de HB radicalizan aún más el discurso antinacionalista del PP, que lo convierte en eje de su campaña para las elecciones generales de 2000, en las que logra mayoría absoluta. "El PP había ganado crédito como partido moderado por su política de diálogo en la primera legislatura y, con la ocupación del espacio de la confrontación nacionalista, concentra también el voto de extrema derecha", explica Jáuregui.

En la segunda legislatura, el Gobierno del PP consolida su política autonómica. Reafirma que el Estado de las autonomías ya ha llegado a su límite máximo y desarrolla un discurso nacionalista sobre España con estos ejes: recuperación de la simbología nacional, con la exhibición de la bandera y la acentuación del nacionalismo en los eventos deportivos, así como la confrontación de la uniformidad de España frente al particularismo de los nacionalismos periféricos.

Este proceso se consolida en la medida en que el nacionalismo vasco, con Ibarretxe a la cabeza, se radicaliza. Los encuentros de Aznar con Ibarretxe en La Moncloa -en diciembre de 1999, en junio de 2000 y, el último, en julio de 2001- saldados con una crispación inusitada, lo escenifican. Al fin, Ibarretxe anuncia en septiembre de 2002, y ratifica un año después, un plan soberanista que pretende reafirmar en una consulta popular, y que rompe con el actual Estado de las autonomías. El Gobierno denuncia el plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional.

EL RETO SOBERANISTA
"La deslealtad"

El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, cree que el reto soberanista de Ibarretxe "no es un fracaso del Estado de las autonomías, sino una prueba de la deslealtad del PNV que gobierna una Administración sin parangón en la historia del País Vasco". Y que, en definitiva, el PNV trata de obtener beneficio político del fin de ETA. Jáuregui opina, sin embargo, que "en la medida que el PNV radicaliza su discurso nacionalista, el PP articula un discurso neonacionalista español que encuentra buena acogida en una parte sensible de la opinión".

El discurso del PP, que cocina la Fundación FAES, se materializa en una actitud rígida ante la Constitución, presentada como muro defensivo contra la radicalización del nacionalismo periférico; la visión de las comunidades autónomas más como instituciones competidoras del Estado que como cooperadoras y un bloqueo del desarrollo competencial cuando no de recuperación de traspasos que ya disponían las autonomías en materia social.

Con esta orientación y con un enfrentamiento, sin parangón en la democracia, entre los Gobiernos central y vasco, de difícil reconducción, culmina la segunda legislatura del PP. La convicción por parte del PP de que esta política produce beneficios electorales le ha reafirmado en hacer de este debate el eje de su campaña electoral. Tras las elecciones. ¿Seguirá Rajoy por ese camino?

Pero, en enero, se produce un cambio en la dirección del PNV, de Arzalluz por Josu Jon Imaz, que apunta una nueva etapa. Imaz ha adelantado su rechazo a la política de unidad nacionalista y de negociación con ETA, que ha caracterizado la última etapa de Arzalluz. A su vez, ha anunciado su pretensión de acercarse a los no nacionalistas. Pero este escenario, aún difuso, se abrirá tras las elecciones de marzo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de febrero de 2004