Editorial:

Berlusconi, sin límites

En el corazón de la política italiana anida una anomalía única: la posición de un jefe de Gobierno que, además del primer magnate del país, es el supremo de los medios de comunicación. Ese crudo antagonismo, que repele el más elemental sentido común democrático, ha vuelto a chirriar al aprobar in extremis el Gobierno derechista italiano un decreto para proteger el imperio televisivo de Silvio Berlusconi. La medida bloquea una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a Rete4, la más rentable de las tres cadenas en abierto del emporio privado Mediaset, a emitir por satélite...

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En el corazón de la política italiana anida una anomalía única: la posición de un jefe de Gobierno que, además del primer magnate del país, es el supremo de los medios de comunicación. Ese crudo antagonismo, que repele el más elemental sentido común democrático, ha vuelto a chirriar al aprobar in extremis el Gobierno derechista italiano un decreto para proteger el imperio televisivo de Silvio Berlusconi. La medida bloquea una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a Rete4, la más rentable de las tres cadenas en abierto del emporio privado Mediaset, a emitir por satélite a partir de enero para respetar las reglas de la competencia.

Lejos de zanjar el conflicto entre sus formidables intereses económicos y su poder político, como prometiera antes de ganar las elecciones de 2001, Berlusconi ha sometido al Parlamento una ley hecha a la medida de su imperio mediático. La ley Gasparri permitía justamente eludir el mandato del Tribunal Constitucional sobre Rete4. Berlusconi no contaba con que el presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, invocara una grave amenaza al pluralismo informativo para rechazar, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el texto legal que la mayoría gubernamental había aprobado en las dos Cámaras.

Berlusconi ha vuelto a contraatacar emitiendo un decreto que congela por unos meses la aplicación de la sentencia del Constitucional. El Ejecutivo consigue así que no se modifique el actual panorama televisivo mientras se vuelve a negociar la ley de comunicaciones devuelta por Ciampi al Parlamento. Un escenario es que la mayoría derechista modifique el texto en la línea solicitada por el presidente. El otro, que lo mantenga, lo que obligaría constitucionalmente al presidente a refrendarlo, pero supondría un choque frontal entre los dos poderes máximos del Estado.

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El conflicto de intereses en torno al cual gira la gobernabilidad italiana tiene tintes surrealistas para cualquier ordenamiento de la Europa democrática. Berlusconi, que considera papel mojado sus promesas electorales y manifiesta una alarmante falta de respeto por las instituciones, simplemente utiliza el cargo en beneficio propio, con el aparente beneplácito de la mayoría de sus conciudadanos. El jefe del Gobierno italiano pervierte la intersección entre capitalismo y democracia.

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