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Mena rechaza repatriar a los menores extranjeros a los que sus padres impulsan a emigrar

El fiscal cree que hay que limitar las repatriaciones a los que se escapan de su país

El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, denunció ayer el "sarcasmo" que supondría expulsar a los inmigrantes menores indocumentados con la premisa de que si han llegado a España es porque ya están emancipados y no se encuentran desamparados. Esta idea, defendida por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y que cuenta con el beneplácito del Gobierno del PP, choca con la interpretación de Mena, quien considera que hay que diferenciar entre los menores que se escapan con la idea de llegar a España y los que son enviados por sus padres. A éstos no se les debería repatriar.

Manifestando el deseo de que el nuevo Gobierno de la Generalitat aborde el problema de los inmigrantes menores desamparados con más habilidad que el saliente, José María Mena pasó revista a las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha. Y la evaluación fue demoledora. Al Gobierno central le recriminó la promoción de unas leyes "inútiles y represivas", y de la Generalitat destacó la "profunda ineficacia" de la Dirección General de Atención al Menor (DGAM), encargada de la tutela efectiva de los adolescentes.

Según Mena, la falta de medios de este organismo provoca enfrentamientos permanentes entre los funcionarios de la DGAM y los fiscales, que en muchas ocasiones no consiguen que la Generalitat se haga cargo de la tutela del menor con la diligencia que marca la ley. No tienen medios. El fiscal jefe explicó, a modo de ejemplo, que en el verano de 2001 varios fiscales llegaron a amenazar con detener a los funcionarios que se negaran a tramitar los procedimientos de tutela de los menores. Y es que el fiscal jefe no se ha cansado nunca de reiterar que "la Generalitat no atiende a los menores cuando se le requiere".

Mena también se mostró escéptico al hablar de la repatriación de los inmigrantes menores de edad. "Hasta ahora sólo se ha conseguido tramitar cinco expedientes de repatriación, de los que se han ejecutado cuatro", afirmó. En su opinión, "la obligación de la fiscalía es devolver al menor a sus padres, estén donde estén, pero la expulsión no es el camino cuando son los padres los que envían al menor en una patera". "Tenemos al menos un caso en que un menor ya expulsado volvió a Cataluña enviado por su padre a bordo de una patera y con la orden de no regresar a Marruecos", explicó. "A estos menores hay que atenderlos aunque esto nos cueste dinero", defendió.

José María Mena compartió mesa con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Eliseo Aja, coautor de un libro sobre los menores inmigrantes premiado por la Fundación Carlos Pi i Sunyer. Aja no dudó en calificar de "ilegal" la repatriación de menores que defiende la fiscalía general del Estado. Según Aja, la Constitución deja claro que todos los menores serán protegidos según las convenciones internacionales vigentes, en este caso el Convenio Internacional para la Protección del Menor de 1999, al que está adherido el Estado español.

Sin embargo, advierte Aja, la Ley de Extranjería vulnera esos principios al permitir la repatriación de los menores en situación irregular, lo que, en su opinión, supone "su expulsión camuflada" utilizando como excusa el concepto de reagrupación familiar. Desde el punto de vista jurídico, explica el catedrático, los adolescentes no pueden ser repatriados a sus países de origen si allí no existen instituciones de protección del menor, si no se ha podido contactar con sus familias y si el joven no acepta su expulsión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2003