Los Estatutos de la Politécnica diferencian al colectivo de becarios del personal investigador

"Dos no riñen, si uno no quiere". Éste fue el guión que ayer siguió el equipo de gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia para convencer de que "la solución más limpia y sencilla" para cerrar el farragoso proceso de adaptación de los Estatutos a la LOU pasaba por "aceptar las 19 modificaciones mínimas" hechas por la Generalitat al texto aprobado en julio. Una posición a la que el Claustro dio un mayoritario voto de confianza, excepto en el artículado referente a los becarios de investigación, cuya representación se disputaban el PAS y el alumnado. Un debate paralelo que, finalmente, ...

"Dos no riñen, si uno no quiere". Éste fue el guión que ayer siguió el equipo de gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia para convencer de que "la solución más limpia y sencilla" para cerrar el farragoso proceso de adaptación de los Estatutos a la LOU pasaba por "aceptar las 19 modificaciones mínimas" hechas por la Generalitat al texto aprobado en julio. Una posición a la que el Claustro dio un mayoritario voto de confianza, excepto en el artículado referente a los becarios de investigación, cuya representación se disputaban el PAS y el alumnado. Un debate paralelo que, finalmente, se cerró con el reconocimiento de un estatus diferenciado del personal investigador.

El Claustro aprobó ayer con sólo 6 abstenciones de 199 votos la salida técnica planteada por el equipo rectoral, consistente en "asumir los cambios por entender que ninguno de los mismos afecta de manera importante" al texto aprobado el 2 de julio, "excepto en dos alegaciones referidas a las composición de las Juntas de Centro y a la representación de los becarios de investigación", según resumió al término de la sesión el secretario general de la universidad, Vicent Castellano. No obstante, el desacuerdo sobre el artículo 117, que se refería a los becarios como personal de investigación -algo que el Consell no aceptaba por entender que los beneficiarios de una beca de formación posdoctoral no tienen estatus contractual, según lo establecido en el decreto del Ministerio de Ciencia y Tecnología-, sirvió a la oposición al rector Justo Nieto para abrir un debate paralelo sobre la representación de este colectivo desde dos frentes distintos, como son el de Personal de Administración y Servicios (PAS) y el alumnado, que finalmente vieron aparcadas sus alegaciones al aprobarse por 143 votos la salida ofrecida por la Mesa.

Según Castellano, en un caso, "un grupo abogaba por otorgar representación a los becarios junto a los estudiantes"; mientras que "otro no les otorgaba representación y se repartía los tres representantes que tenían asignados entre el PAS (que asumía dos) y el colectivo del profesorado laboral contratado (que asumía el otro)". La propuesta no sólo no prosperó, sino que sirvió al equipo de gobierno, a través de la Mesa del Claustro, fiel al Estatuto del Becario, para aceptar las alegaciones de la Generalitat, pero conceder un estatus diferenciado -aunque, siempre dentro del 5% de representación asignado al colegio del Personal Investigador-. En la actualidad el colegio del Personal Investigador (en el que están incluidos los ayudantes, los investigadores y los becarios) tiene una representación del 5%, de manera que los grupos opositores buscaban, según algunos claustrales, "reparar la pérdida de representación del PAS acordada por la comisión de reforma, que reduce su peso final al 7%". Los estudiantes, según lo aprobado por la Politécnica, se quedan con un 21% frente al 54% que se acordó para el colegio de los funcionarios doctores (3 puntos más que lo fijado por la LOU); y un 13% para el resto de profesores.

Un tercer debate sobre el supuesto conflicto de intereses que puede producirse entre las decisiones o atribuciones del Consejo de Gobierno (órgano rector académico) y el Consejo Social (órgano de participación externa) queda aparcado, de momento, según explicó el vicerrector y responsable de la comisión de reforma, Javier Sanz. De hecho, ayer se suprimió el artículo referente a quién arbitrará el conflicto, confiando en que la nueva Ley General Valenciana de Universidades -prometida por el presidente, Francisco Camps- permita corregir los excesos de control político introducido en la ley valenciana de consejos sociales por el anterior director general de Universidades, el recién cesado Salvador Forner.