Alcaldes y presupuestos
La foto de los alcaldes de Sevilla y Córdoba, Alfredo Sánchez Monteseirín y Rosa Aguilar, respectivamente, coordinando una respuesta conjunta en torno al problema común surgido con la reducción de plazas en el AVE que enlaza ambas ciudades con Madrid, encierra un potencial político que los propios ediles, en general, no saben aprovechar debidamente. Ocupados como están en resolver sus necesidades locales y, también, en mirar al vecino con recelo y hasta con envidia, bastante tienen con salir adelante en el día a día de sus ayuntamientos como para ponerse, ahora, a coordinar actuaciones y hasta...
La foto de los alcaldes de Sevilla y Córdoba, Alfredo Sánchez Monteseirín y Rosa Aguilar, respectivamente, coordinando una respuesta conjunta en torno al problema común surgido con la reducción de plazas en el AVE que enlaza ambas ciudades con Madrid, encierra un potencial político que los propios ediles, en general, no saben aprovechar debidamente. Ocupados como están en resolver sus necesidades locales y, también, en mirar al vecino con recelo y hasta con envidia, bastante tienen con salir adelante en el día a día de sus ayuntamientos como para ponerse, ahora, a coordinar actuaciones y hasta, si se da el caso, protestar para defender intereses dañados por un tercero.
Al Gobierno central parece incomodarle en especial este tipo de réplicas, tal y como se ha podido comprobar con el estilo que han empleado para responder a las críticas llamando desde el Ministerio de Fomento poco menos que estúpido a todo aquel que denuncie y se queje de esa falta de plazas disponibles en la alta velocidad ferroviaria andaluza. Así que no es de extrañar que ambos mandatarios vuelvan a verse las caras para hacer un seguimiento a la solución que se demanda de este problema que denota, una vez más, el trato discriminatorio del que es objeto, sistemáticamente, Andalucía. Sin embargo, todo hace indicar que estamos ante un movimiento estrictamente coyuntural que no obedece, en nada, a una estrategia municipal más integral. Ni siquiera la anunciada llegada a la presidencia de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) del socialista Manuel Jiménez Barrios, alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), hace pensar que esta superestructura haga fortalecer el poder local frente al resto de instituciones como ocurre con la central y la autonómica.
Su partido ya ha tomado la decisión de que sea él quien acceda a tal responsabilidad. Precisamente, esta semana, se reúne la comisión ejecutiva de la FAMP. En el orden del día deberá fijar la fecha de su asamblea general que tendrá lugar en el próximo mes de diciembre y en la que se procederá a renovar sus órganos de gobierno. El PSOE quiere consenso con el resto de fuerzas políticas, siempre y cuando la presidencia recaiga en sus manos, por lo que habrá que ver cómo se lo toman el resto de fuerzas políticas que ya ha anunciado su disposición a guerrear un tanto en este asunto.
Pero donde, desde luego, no cabe consenso alguno es en el debate a la totalidad que se va a celebrar a partir de este miércoles en el Parlamento andaluz sobre el proyecto de ley de Presupuestos de 2004 y de Acompañamiento. Para tal fin, la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, vela armas. Como es su costumbre, y también su deber, estudia dato a dato para pertrecharse de la mejor manera y tratar de salir airosa de una cita en la que se tendrá que ver las caras con la jefa de la oposición, Teofila Martínez, al menos así se espera, y a la que, por cierto, ha venido acusando estos días de no conocer dichos presupuestos y, por tanto, de hacer críticas al respecto sin fundamento de ningún tipo. El cruce dialéctico promete, aunque tal vez ocurra como en ocasiones anteriores, en las que este duelo se presentaba cargado de unas expectativas, por parte de algunos, que luego no se vieron confirmadas debidamente.
Del mismo modo, tampoco ha habido acuerdo alguno a la hora de sacar adelante el Ejecutivo central una norma de gran trascendencia como ha sido la ley de Puertos, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados con las consabidas quejas de los distintos grupos políticos por la actitud del PP de aprobar un texto sin haber permitido estudiar las enmiendas que se introdujeron en el Senado. Esta norma pretende aumentar la viabilidad económica y la competencia portuaria con la entrada al sector privado. Un texto que, en definitiva, tiene que redundar en beneficio de puertos como el de Algeciras, uno de los más importantes del mundo y en constante auge, tal y como se demostrará este lunes con la presentación en Madrid a la comunidad exportadora e importadora de las instalaciones y servicios que tiene en la zona centro del país, en el llamado Puerto Seco y que ya está contribuyendo a la captación de más mercancías para esta súper infraestructura campogibraltareña. Un logro, por tanto, al que se le quiere dar la debida trascendencia, de ahí la anunciada presencia en el acto del presidente andaluz, Manuel Chaves.