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Cuarteles por tanques

Las inversiones en armamento acordadas por el último Consejo de Ministros, por un importe de más de 4.000 millones de euros (equivalente a unos 700.000 millones de las viejas pesetas), suponen una fuerte apuesta por la modernización de las Fuerzas Armadas, y por hacerlo en la dirección de una mayor integración en una defensa europea. Sobre esto podría existir una base para un amplio consenso, pero subsisten dudas sobre los mecanismos de financiación, que en parte proceden de los créditos que Ciencia y Tecnología adelanta a las empresas en forma de ayuda en I+D. Otra parte sustancial dependería de la venta de inmuebles propiedad de Defensa, lo que ha suscitado una polémica sobre los criterios aplicables a esa operación. Hay motivos de sobra, por tanto, para que el ministro comparezca en el Congreso y explique los criterios de su decisión y cómo se propone financiarla.

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Decenas de encuestas vienen constatando desde hace años que la mayoría de los españoles piensa que paga demasiados impuestos y que, cuando se les pregunta qué gastos públicos recortarían para reducir la fiscalidad, indefectiblemente dicen que los de Defensa. El Gobierno no ha hecho apenas ningún esfuerzo pedagógico por contrarrestar esa opinión. Incluso es posible que la mención de Federico Trillo a la venta de propiedades del Ejército como vía de financiación de las nuevas inversiones -se le entendió que ésa sería la principal fuente- fuera deliberada, para que la fuerte inversión no fuera leída como amenaza de más impuestos. Últimamente, sin embargo, se ha abierto paso la idea, ya rodada en otros países del continente, de que para conseguir una menor dependencia de la superpotencia americana Europa necesitaba invertir mucho más en defensa, modernizando su armamento.

De lo aprobado el viernes por el Gobierno destaca la opción por el tanque franco-alemán Tigre, en lugar del norteamericano Apache, algo que hace un año no era evidente. La decisión obedece en buena medida a criterios industriales (participación de 20 empresas españolas y creación de 1.700 puestos de trabajo), pero también políticos, en la medida en que favorece la integración en un sistema compartido de defensa. También es llamativa la decisión de invertir 360 millones de euros en la construcción -en astilleros españoles- de un barco de 230 metros de eslora para operaciones a larga distancia y con capacidad para una fuerza equivalente a la ahora desplazada a Irak.

Trillo tendrá que aclarar qué opciones estratégicas hay detrás de esta inversión, y también cómo se financiarán los créditos concedidos a las empresas de armamento en concepto de investigación y desarrollo, que gestiona el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y qué criterios orientarán la captación de fondos mediante la venta de propiedades de Defensa. Éste es desde hace tiempo -se planteó por primera vez en 1984- un asunto polémico. Los resultados no han sido muy brillantes. Plantea problemas jurídicos, pues muchas veces son terrenos cedidos en su día por los Ayuntamientos (o expropiados a particulares) en función del uso militar al que estaban destinados. Es lógico que los vecinos se resistan a que esas instalaciones se conviertan en base de un negocio inmobiliario del que no se beneficien en absoluto, cuando, por ejemplo, podrían destinarse a vivienda o equipamiento social.

Sin embargo, también tiene sentido que las instituciones públicas intenten sacar el mayor rendimiento posible de su patrimonio, lo que redundaría en un menor esfuerzo presupuestario (y, por tanto, fiscal). Pero en un momento de especial sensibilidad ante el problema de la vivienda, convertida en un bien inalcanzable para muchos, el destino que se dé a ese enorme patrimonio de suelo merece ser discutido a fondo en el Parlamento antes de convocar subastas públicas para su venta al mejor postor. Y también si el importe de la operación inmobiliaria debe dedicarse a la compra de tanques y helicópteros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 08 de septiembre de 2003.

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