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El trasvase del Ebro, "técnicamente perfecto"

Durante todo el mes de agosto, los dirigentes populares de Valencia, Murcia y Almería han mostrado reiteradamente su indignación por lo que consideran una actitud de injerencia inaceptable por parte de la comisaria europea de Medio Ambiente, en relación con el trasvase del Ebro que -según palabras solemnes del conseller Rafael Blasco- es "técnicamente perfecto".

El PP sigue sin enterarse de lo que significa que España sea miembro de la UE y que, como tal, tenga derechos y obligaciones. Todo va unido, y desde luego mucho más cuando un país miembro solicita fondos, como es el caso del trasvase del Ebro. Por eso son muy desafortunadas las declaraciones de defensa ardiente del mismo, con el argumento de que se trata de una ley aprobada en las Cortes; nadie en la UE pretende condicionar a priori ninguna legislación nacional: otra cosa es que dicha legislación no cumpla con la normativa comunitaria, y, además, se pidan ayudas para desarrollos concretos de la legislación nacional. En Valencia ya han padecido retiradas de fondos europeos, a causa de la constatación, por parte de las instituciones europeas, de que no se habían cumplido adecuadamente los requisitos de carácter ambiental: me refiero, en concreto, al encauzamiento del barranco del Poyo (90 millones de euros) o al tramo ferroviario Benicàssim-Tarragona, en análoga situación.

Y, más recientemente, se ha producido el bloqueo en la concesión de 54 millones de euros, destinados al trasvase Júcar-Vinalopó, por parte de Michel Barnier, el comisario de Política Regional -que tiene la última palabra a la hora de emplear los fondos-, por tener dudas sobre la correcta aplicación de la normativa ambiental en la tramitación de dicha obra. Por cierto, el comisario Barnier pertenece al Partido Popular Europeo: me sorprende que la Generalitat no pida su dimisión, como ya ha hecho el consejero murciano Antonio Cerdá en el caso de la comisaria de Medio Ambiente, socialista; acusada abiertamente de "politizar" de manera partidista la tramitación de las ayudas para el trasvase del Ebro.

Hay que insistir en que tales ayudas todavía no han sido formalmente solicitadas, porque la infraestructura está en pleno trámite de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y hasta que no se haya culminado no se pueden pedir los fondos y por lo tanto, no está asegurada la financiación europea. Y merece la pena recordar que esta DIA se está haciendo sin que se cumplan requisitos legales importantes, incluso de la legislación española, en materia de aguas y de evaluación del impacto ambiental, como aparece explicado en numerosas alegaciones de contenido jurídico. Cabe destacar la inexistencia de un Plan Integral del Delta del Ebro, que según la Ley del Plan Hidrológico Nacional debería haberse aprobado hace más de un año. ¿Cómo puede evaluarse el impacto de transferir 1.050 hm3 si no hay un compromiso definitivo del Gobierno del PP sobre las medidas para minimizar sus efectos sobre el Delta, el espacio de mayor relevancia ecológica de todos los afectados por el trasvase? Precisamente la falta de información rigurosa sobre esta cuestión es lo que ha provocado la convocatoria, por parte de Margot Wallström, de una reunión en Bruselas, durante octubre, para analizar de forma monográfica los aspectos técnicos relativos al caudal previsible del Ebro en 2010 y el caudal mínimo que garantice el adecuado mantenimiento del Delta del Ebro. Por lo tanto, a la reunión se ha invitado sólo a expertos y a instituciones que hayan aportado a Bruselas estudios técnicos sobre el asunto a debate; por eso no están justificadas las reacciones esperpénticas de los gobiernos autonómicos de Valencia y de Murcia, que, a juicio de la comisaria no han aportado, en esa materia, nada que se diferencie de la posición del Gobierno, que estará por supuesto representado por los expertos que designe. Tiene mucha razón Joan Ignasi Pla cuando afirma que el único responsable de que la Generalitat Valenciana no haya sido invitada a ese encuentre es la propia Generalitat.

La reunión responde a la evidente insatisfacción de la comisaria respecto de los datos y argumentos defendidos hasta ahora por el Gobierno Aznar, en relación con la afección al Delta y con las previsiones del caudal futuro del Ebro que "avalan" la viabilidad hidrológica del trasvase, tal como hemos podido comprobar en las sucesivas cartas enviadas por la comisaria al Ministerio de Medio Ambiente. Eso es todo; no hay la menor politización en la citada convocatoria, ya que en la reunión estarán representados, de forma paritaria, quienes apoyan el trasvase del Ebro (designados por el Gobierno) y quienes se oponen a él (designados por ONG e instituciones que han presentado informes sobre los temas a debate).

Y, desde luego, la Comisión Europea (no sólo Wallström) tendrá que analizar con gran detalle el anteproyecto que se ha sometido a la opinión pública, así como las alegaciones recibidas; existen importantes dudas sobre la viabilidad económica de una actuación que tendría alternativas menos costosas y de menor impacto, como defienden numerosos expertos y organizaciones sociales, y el PSOE. Hemos podido comprobar, con datos del documento oficial, que el consumo energético necesario para llevar el agua del Ebro hasta Almería equivale al consumo de energía correspondiente a la desalación de una cuantía de agua equivalente a la que se pretende trasvasar...

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El hecho de poner sobre la mesa las deficiencias jurídicas, económicas o ecológicas del trasvase del Ebro no constituye, en contra de lo que afirma el PP, un acto de "deslealtad" o de "antipatriotismo": todo lo contrario. España tiene asegurada una cuantía global de fondos europeos hasta 2006, y sólo podrá disponer de ésta si presenta proyectos que Bruselas acepte financiar. En el caso de que el trasvase del Ebro no recibiera ayudas europeas, España no perdería el correspondiente importe, ya que podría volver a pedirlo para otras actuaciones más acordes con la normativa comunitaria. Nadie sensato quiere que no se resuelvan los problemas del agua propios de España, y en particular del Levante; pero existen diferentes opciones, y ése es el debate que el PP no ha querido nunca abordar con rigor. Como bien señala la COAG en sus alegaciones al trasvase del Ebro, "...esta infraestructura no arreglará nada si no se frena el proceso inmobiliario insostenible del litoral levantino".

Pero para el conseller Blasco el trasvase del Ebro es tan "técnicamente perfecto" que permitiría, incluso, facilitar la lucha contra los incendios -las canalizaciones previstas podrían alimentar depósitos de agua para la extinción-. Sin entrar en otras consideraciones, desde luego hay métodos preventivos mucho más eficaces -y baratos- para evitar la extensión del fuego, que tienen que ver con la necesidad de actuaciones para incrementar las especies forestales autóctonas, en bosques diversificados, gestionados de forma sostenible, y que respondan a una mayor presencia humana en las áreas rurales; y que no den prioridad, como pretende el Proyecto de Ley de Montes del Gobierno del PP, a actuaciones forestales puramente productivistas. Recordemos que la mejor política de agua sería una correcta política forestal, que favorezca la cantidad y la calidad del agua disponible, reduzca los riesgos de inundaciones y de erosión de los suelos y contribuya a frenar el calentamiento del planeta.

Cristina Narbona es secretaria federal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE.

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