Hablar de Defensa
DE UN ESTUDIO realizado por el CIS hace poco más de un año, resultaba que un 30% de españoles nunca habla de temas militares o de defensa, y que el 40% sólo lo hace rara vez. Si se tiene en cuenta que otro 23,3% habla "ocasionalmente", queda un pequeño resto de 6 de cada 100 españoles para los que las cuestiones militares y de defensa constituyen un tema habitual de conversación. Una indiferencia que coincide con el grado de atención prestado por los españoles a las noticias sobre las Fuerzas Armadas: dos de cada tres dicen no seguirlas más que con poco o ningún interés.
De modo que las...
DE UN ESTUDIO realizado por el CIS hace poco más de un año, resultaba que un 30% de españoles nunca habla de temas militares o de defensa, y que el 40% sólo lo hace rara vez. Si se tiene en cuenta que otro 23,3% habla "ocasionalmente", queda un pequeño resto de 6 de cada 100 españoles para los que las cuestiones militares y de defensa constituyen un tema habitual de conversación. Una indiferencia que coincide con el grado de atención prestado por los españoles a las noticias sobre las Fuerzas Armadas: dos de cada tres dicen no seguirlas más que con poco o ningún interés.
De modo que las Fuerzas Armadas dejaron de ser para los españoles un problema, que era como sentíamos hace dos décadas la secular cuestión militar. Marcados por una interminable historia de algaradas, insubordinaciones, pronunciamientos y golpes de Estado en toda regla, los españoles hemos asistido en los últimos 25 años a una auténtica revolución silenciosa: los militares ocuparon el puesto que les corresponde en un Estado de derecho y se acabó cualquier veleidad de continuar aquella histórica anomalía de un poder militar con una esfera de actuación autónoma del poder civil.
Una buena parte de este proceso, que nos ha llevado de unas FAS intervencionistas en política y basadas en la conscripción universal a otras profesionalizadas y respetuosas de la Constitución, corresponde a los últimos Gobiernos de UCD y a los primeros del PSOE: el juicio a los golpistas del 23 de febrero de 1981, la adhesión a la OTAN, la ley de enero de 1984 que establecía la dependencia de los jefes de Estado Mayor respecto al ministro de Defensa, la reducción de la macrocefalia sufrida por los ejércitos españoles desde la guerra de la Independencia, fueron pasos decisivos en la completa integración de las FAS en el sistema democrático. Y fue precisamente esa integración la que permitió asistir sin traumas a la suspensión del servicio militar obligatorio, una medida impensable cuando se iniciaba la transición.
Todo esto ha ocurrido sin que se haya abierto un debate público sobre el lugar, la dimensión, las funciones que los españoles querrían para sus Fuerzas Armadas. Ha sido una reconciliación pasiva, entre la opinión pública y las FAS, lo que ha tenido lugar en los últimos veinte años. Los militares dejaron de buscar al tradicional enemigo interior y los ciudadanos dejaron de mostrar interés por lo que sucedía en el interior de unos ejércitos tradicionalmente impermeables al escrutinio de la sociedad. De ahí la conmoción experimentada por la opinión pública al comprobar las deplorables condiciones en que viajan los militares enviados a misiones humanitarias y la irritación al escuchar las confusas explicaciones servidas hasta el momento por el Gobierno. De ahí también el general escepticismo ante los posibles resultados de una investigación dirigida bajo las órdenes de quienes deben ser investigados.
Una cosa es clara: de lo que pasa en los ejércitos, el único responsable político es el Gobierno. No se puede eludir esa responsabilidad con el pretexto de una investigación encaminada a esparcir sospechas en todas direcciones, a buscar un culpable fuera del círculo de las personas directamente responsables de esta desastrosa gestión de los viajes de militares. Tal vez con el propósito de facilitar esa ineludible investigación, y ante la magnitud de la catástrofe, el ministro de Defensa debió haber dimitido sobre la marcha. Sigue ahí, prometiendo asumir su responsabilidad, promesas que son casi siempre cortinas de humo en las que cualquier responsabilidad acaba por disolverse.
Y otra cosa debía aclararse: los españoles, que no muestran gran interés por sus Fuerzas Armadas, manifiestan un acuerdo casi unánime, raspando el 85%, de que participen en misiones bajo mandato de la ONU. Bien está; pero eso cuesta dinero, equipos, entrenamiento, efectivos. España es, entre los Estados europeos, de los que menos gastan en defensa: alrededor del 1% del PIB. La opinión hace bien en desconfiar de las fantasías de este Gobierno, de la acumulación de vocaciones, atlantista, mediterránea, europeísta, americanista, que España debería cumplir: hace bien porque no hay presupuesto para llenar de contenido tanta retórica. La cuestión es plantearlo a las claras y por derecho: tener unas FAS en condiciones exige gastar en defensa el doble de lo actual. Si estamos dispuestos, podemos comenzar a hablar de participación en misiones multinacionales. Y si no, más vale quedarse en casa.