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El Supremo absuelve a Jiménez de Parga de la demanda de la Generalitat

Pujol replica que Cataluña se siente "incómoda" en el marco español

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha absuelto al presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, de la demanda interpuesta contra él por la Generalitat de Cataluña, al estimar que sus opiniones sobre las costumbres higiénicas de las comunidades históricas en el año 1000 "nunca pudieron constituir una afrenta u ofensa a la dignidad del pueblo catalán", aunque pudieron ser ajenas "a la moderación y a la prudencia".

La absolución de Jiménez de Parga sentó mal en la Generalitat, cuyo presidente, Jordi Pujol, manifestó que Cataluña "se siente extraña e incómoda" dentro del actual marco institucional español y en la forma como se va consolidando, especialmente desde hace dos años. Desde la "moderación", Pujol apuntó que el "concepto de España neocentralista" que, a su juicio desarrollan PP y PSOE, lleva a Cataluña a "quedar fuera y arrinconada en el sistema de juego".

Para Pujol, las palabras de Jiménez de Parga cuestionando las nacionalidades históricas son "una frase insultante que no puede borrar nuestra historia" y que tiene una importancia "relativa" frente a la reflexión sobre el encaje de Cataluña en España.

Sin embargo, la sentencia del Supremo, pese a rechazar la petición de la Generalitat de que el presidente del Constitucional se abstenga de realizar en el futuro declaraciones que comprometan la dignidad de Cataluña, contiene un cierto tono de reconvención a Jiménez de Parga al asegurar que lo que dijo puede ser tenido "como ajeno a los principios de moderación y prudencia", aunque no atentase a la dignidad del pueblo catalán.

Además, el Tribunal Supremo reconoce a la Generalitat de Cataluña la plena legitimación para actuar judicialmente cuando estime que se ha lesionado el crédito, la dignidad, el prestigio y la autoridad moral del pueblo catalán.

La sentencia evoca el recorrido histórico de la Generalitat desde que en el siglo XIII la Diputació General era el órgano de Gobierno de Cataluña hasta el Estatuto de Autonomía de 1932 y el "triste paréntesis" que la guerra civil determinó en los derechos de los ciudadanos e instituciones de autogobierno "que se ha cerrado felizmente hoy, por la Constitución y el Estatuto".

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"Lo que no deja lugar a dudas de lo que supone la Generalitat para el pueblo de Cataluña, una vez recuperadas las libertades democráticas y sus instituciones de autogobierno", añade el Supremo. En consecuencia, dice que la pretensión de la defensa de Jiménez de Parga de no considerar legitimada a la Generalitat, "no deja de ser una entelequia".

Comunidades históricas

La primera de las afirmaciones de Jiménez de Parga combatida por la Generalitat sostenía que en un territorio repleto de historia como España, "unos reinos de brillante trayectoria no pueden quedar seriamente reducidos a segundones frente al resto de comunidades que dicen que son distintas porque plebiscitaron afirmativamente en la República un Estatuto de Autonomía".

Según el Supremo, aún en el caso de que estas afirmaciones pudieran constituir "un error o una falacia" como sostiene la Generalitat, "nunca pueden significar una ofensa, sino simplemente una opinión más o menos fundamentada desde el punto de vista particular y que, desde luego, puede ser rebatida en el área de la discusión científica y doctrinal, pero nunca puede ser estimada como ofensa para nadie".

Sobre las costumbres higiénicas en el año 1000, Jiménez de Parga dijo que los andaluces y Granada tenían surtidores de agua de colores distintos y olores diversos, mientras "en alguna de esas llamadas comunidades históricas ni siquiera sabían qué era asearse los fines de semana".

Según el Supremo, sobre ese punto "no puede haber un componente de desprecio, sino únicamente una divagación histórica, costumbrista, que podrá ser o no tenida en cuenta, ser una ocurrencia que podrá hacer o no gracia, pero nunca constituir una ofensa o afrenta, sobre todo por el dato de decir algo que habría acaecido hace algo más de diez siglos".

La crítica que formuló Jiménez de Parga, "no está sometida a juicio del Derecho, sino al juicio o parecer de otros investigadores o ensayistas", prosigue la sentencia. Y añade que los criterios de interpelación histórica, sociológica o política utilizables para la definición de "comunidades históricas" de España "no pueden ser conocidos en términos judiciales, ya que forman parte del amplio campo reservado al devenir científico histórico y a la libre expresión de pensamiento".

El Supremo señala en otro apartado que el intento del presidente del Constitucional de haber actuado en el ámbito privado "no deja de ser un alarde de voluntarismo inaceptable", por cuanto en el foro de debate de Nueva Economía fue presentado como "Presidente del Tribunal Constitucional", y además, en el proceso ha sido defendido por el abogado del Estado.

Pero el alto tribunal también critica que la Generalitat utilice una acción de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código Civil, "con base en una acción que perjudica económicamente a Cataluña, y en razón a una afrenta a la dignidad del pueblo catalán". El Supremo muestra su "extrañeza" por la vía utilizada y concluye que la demanda tiene que acogerse al cauce de la ley de Protección del Derecho al Honor.

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