Represión en Cuba

Desde hace años, el Gobierno de Fidel Castro estudiaba el modo de decapitar a la naciente oposición cubana. Una ley aprobada en 1999, por un Parlamento que no es más que la caja de resonancia del poder castrista, establecía que por el delito de "propaganda enemiga" un ciudadano podía ser condenado a 20 años de cárcel. Aquella ley draconiana, llamada de "protección de la independencia y la economía nacional", entendía por "propaganda enemiga" cualquier cuestionamiento público del régimen, ya que la crítica o denuncia de la falta de libertades y el irrespeto a los derechos humanos serían utilizadas, fuera de Cuba, como justificaciones de la política de Estados Unidos hacia la isla. Con esa ley mordaza, Fidel Castro parecía leerle sus derechos al pueblo cubano: "No hables, porque todo lo que digas podrá ser usado en mi contra".

La coyuntura esperada para desatar la represión llegó con la guerra de Irak. El cálculo de Fidel Castro, quien presume de astucia política, fue bastante obvio. Estados Unidos se concentraría en una intervención costosa, sumamente impopular en Europa y América Latina, por lo que una oleada represiva en La Habana pasaría inadvertida y, en caso de alguna interpelación diplomática, siempre podría afirmarse, con descomunal cinismo, que Cuba libraba su propia guerra contra el terrorismo. El Gobierno cubano, enfrascado desde hace años en una fantasiosa "batalla de ideas", ya no distingue entre una oposición pacífica, como la que intenta articularse en la isla, y una secta terrorista que asesina a políticos civiles y bombardea edificios públicos. Para ese Gobierno las ideas son armas y la política es una continuación de la guerra por otros medios.

Entre el martes 18 y el jueves 20 de marzo, el Gobierno de Fidel Castro arrestó a más de 80 opositores cubanos, afiliados a las decenas de partidos políticos, organizaciones de periodistas, bibliotecarios y economistas independientes e instituciones promotoras del respeto a los derechos humanos que existen en la isla. Estas asociaciones han ido gestándose, en las últimas décadas, al margen de la Constitución cubana, la cual, en sus artículos 54° y 62° establece la ilegalidad de instituciones civiles y políticas independientes del Estado. Entre los activistas encarcelados figuran algunas personalidades de amplio reconocimiento internacional, como los economistas Óscar Espinosa Chepe y Martha Beatriz Roque, quien ya sufrió cinco años de prisión por haber redactado, junto al disidente socialista Vladimiro Roca, el documento La patria es de todos; el académico Héctor Palacios, director del Instituto de Estudios Sociales y Políticos; el político liberal Osvaldo Alfonso, y el poeta Raúl Rivero, director de la agencia de prensa independiente Cuba Press.

La oposición cubana, como es sabido, aunque ilegal, es tolerada por el Gobierno de Fidel Castro con el fin de evitar condenas en foros internacionales, que limiten el acceso a créditos de la maltrecha economía de la isla. Los opositores, sin embargo, son hostigados constantemente por la policía política a través de arrestos, interrogatorios, registros y "actos de repudio", que son la modalidad cubana del pogromo antisemita. En su poema 'Orden de registro', perteneciente al cuaderno Puente de guitarra (Universidad Autónoma de Puebla, México, 2002), Raúl Rivero relata la extraña experiencia de un allanamiento de la Seguridad del Estado: "¿Qué buscan en mi casa / estos señores? / ¿Qué hace ese oficial / leyendo la hoja de papel / en la que he escrito / las palabras ambición, liviana, quebradiza... / Ocho policías en mi casa / con una orden de registro / una operación limpia, / una victoria plena / de la vanguardia del proletariado".

El sistema político cubano está concebido de tal manera que la oposición no sólo sea ilegal, sino delictiva y, por tanto, punible. Los grupos disidentes cubanos son culpables de un delito de conciencia que consiste en oponerse pacíficamente al Gobierno de Fidel Castro ¿Por qué la oposición es un delito? Porque Cuba, según la élite castrista, vive en guerra perpetua contra Estados Unidos -el imperio del mal- y en una guerra no hay gobernantes y opositores, sino amigos y enemigos, héroes y traidores. Poco importa que disidentes como Elizardo Sánchez Santacruz, Vladimiro Roca y Raúl Rivero, se opongan públicamente al embargo comercial de Washington contra la isla y hasta defiendan un cambio político promovido por el actual Gobierno. En un régimen totalitario, como el que subsiste en Cuba, la disidencia y la crítica son sinónimos de deslealtad y apostasía.

Esta vez, para acusar de alta traición a los opositores cubanos, el Gobierno de la isla encontró el pretexto que necesitaba: una serie de indiscretas reuniones de James Cason, jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, con miembros de la disidencia. Aunque la práctica de dialogar con la oposición sea recomendable para la diplomacia de gobiernos democráticos, en el caso de Cuba, que es una dictadura, el Departamento de Estado debería ser más cuidadoso. Un largo expediente de hostilidad y subversión justifica que el Estado cubano, tan proclive por su parte al cabildeo ideológico en América Latina y Europa, asuma la actitud del representante de Washington como una intervención en asuntos domésticos. Esas indiscreciones, además de aumentar la tensión entre Estados Unidos y Cuba, desacreditan a los opositores, quienes intentan borrar el estigma castrista que los presenta como "agentes del imperialismo yanqui", deseosos de "anexar" la isla al territorio norteamericano.

Es inevitable leer la reciente oleada represiva como una reacción contra el respaldo internacional logrado por el opositor Proyecto Varela, que encabeza el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Oswaldo Payá. Esta iniciativa, apoyada por más de 11.000 ciudadanos de la isla, propone una serie de reformas constitucionales que amplíen el margen de libertades económicas, civiles y políticas de la sociedad cubana, sin exigir, propiamente, un cambio de régimen. A pesar de su moderación y su apego a la legitimidad del Gobierno de Fidel Castro, el Proyecto Varela fue desestimado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, tras un ritual de confirmación en el que se declaró "irrevocable" la naturaleza totalitaria del sistema. El encarcelamiento de 80 opositores es la respuesta tiránica del Gobierno cubano a una demanda pacífica y constitucional de 11.000 ciudadanos.

El momento elegido por Fidel Castro para ordenar la represión de la disidencia es revelador de la temeraria impunidad de su régimen. En pocos días se debatirá en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una resolución que, como cada año, recomienda a Cuba dar pasos efectivos en favor del respeto a los derechos humanos y le solicita que autorice la visita de un representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. El Gobierno de la isla aspira a que Cuba no sea condenada en Ginebra, tras una muestra tan fehaciente de su naturaleza represiva. Países latinoamericanos con una importante credibilidad democrática, como México y Chile, que han tenido el valor de oponerse a la guerra de Estados Unidos contra Irak, deberían tener también la firmeza de apoyar dicha resolución, ya que en el último año se ha agravado la falta de libertades en Cuba.

La actual campaña represiva del Gobierno cubano se produce, además, en un momento de intenso cabildeo a favor de la derogación del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba. Como tantas veces en el pasado, la actuación despótica del régimen de Fidel Castro parece favorecer a los cada vez más reducidos círculos intransigentes que, en Washington y Miami, le apuestan a un tránsito a la democracia, acicateado por la asfixia económica y la marginación internacional de la isla. La violenta represión política desatada en las principales ciudades cubanas viene a confirmar, una vez más, que el régimen de Fidel Castro vive en un estado de guerra perpetua contra enemigos reales e imaginarios y que la lógica y el lenguaje de la confrontación, lejos de debilitarlo, lo fortalecen. El mundo occidental, sin embargo, que con tanta vehemencia pide paz y cordura, no debería contemplar pasivamente cómo se encarcela la democracia en un pequeño país del Caribe.

Rafael Rojas es escritor y ensayista cubano, codirector de la revista Encuentro.