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La consejera de Las Artes destaca la "acción social" de los 'okupas' de El Laboratorio

El domingo comienza un encierro contra el desalojo de este inmueble privado de Lavapiés

La consejera de Las Artes, Alicia Moreno, que irá como independiente en la candidatura del PP para el Ayuntamiento de Madrid, destaca la "capacidad de acción social" de los okupas de El Laboratorio (Lavapiés) en una carta que ha enviado tras su visita, el pasado 4 de marzo, a esta antigua imprenta de Amparo, 103, usada como centro social desde hace un año. Pero el reconocimiento llega cuando sobre los okupas pende ya una orden judicial para dejar este edificio antes del martes, a la que responderán con un encierro. Los dueños del inmueble se quejan de "la lentitud judicial".

Moreno, que ayer ratificó que irá en las listas de Alberto Ruiz-Gallardón para el Consistorio, reconoce en su misiva la labor de El Laboratorio "en un barrio como Lavapiés, tan necesitado de inversiones y esfuerzos de todo tipo", y muestra la disposición de su consejería "para colaborar, en todo lo posible, en materias de su competencia".

Los okupas, según manifestaron ayer en rueda de prensa, valoran el reconocimiento de Moreno, pero consideran que llega tarde. El juzgado 11 de instrucción les ha dado de plazo hasta el lunes para que abandonen voluntariamente este edificio tras la denuncia presentada por los dueños del inmueble. Si no lo hacen, les echarán. Ellos han decidido no marcharse y han preparado una batería de actividades para resistirse pacíficamente a su expulsión de este edificio que usan desde febrero de 2002.

Lo primero que han hecho es pedirle al juez que anule el desalojo o, al menos, que lo suspenda hasta que se celebre la vista oral sobre el caso y se vea si son culpables de un delito de usurpación (castigado en el Código Penal con multa de tres a seis meses, reemplazables en caso de impago con arresto de fin de semana). Grupos como Ecologistas en Acción, la Plataforma Cultura contra la Guerra, CNT, CGT, el Foro Social de Madrid y las Juventudes de IU han presentado un escrito al juez apoyando la petición.

Asimismo, el domingo comenzará un encierro en que seguirán desarrollándose las actividades habituales de El Laboratorio (clases de claqué, acrobacia, capoeira, expresión corporal, escritura, proyecciones de cine, conferencias, conciertos...) "para demostrar que, pese a la orden de desalojo, el centro sigue vivo". El lunes, el grupo Animalario representará gratis, a las 22.00, la obra Ana y Alejandro, lo que no sabemos de la boda de la hija de Aznar, que lleva casi dos meses en escena en un salón de bodas.

Los okupas consideran que este edificio "es un claro caso de especulación inmobiliaria porque se ha dejado vacío durante 20 años para esperar a que subiese su valor en un barrio necesitado de dotaciones", y piden a las instituciones que lo compren o expropien para poder seguir con sus actividades, que consideran de interés para Lavapiés.

Aseguran también estar dispuestos a negociar con los poderes públicos una ubicación alternativa para sus actividades. Hay precedentes como la Escuela de la Prospe, en Chamartín, a la que la Comunidad cedió un edificio para evitar que se quedase sin sede tras ser obligada a desalojar una finca del Arzobispado.

"En El Labo siempre hemos estado abiertos al diálogo con las instituciones, pero no hemos visto ninguna voluntad por su parte", explican los okupas, aunque admiten que "éste es un momento difícil para negociar con un partido como el PP que apoya la guerra de Irak".

"No hay especulación"

Felipe Samarán, representante de los propietarios, que han solicitado el desalojo del edificio para poder demolerlo y levantar viviendas, niega las acusaciones de especulación y defiende su "legítimo derecho" a usar el inmueble en su beneficio. "En 1982 cerró la imprenta y desde entonces no hemos estado parados; primero hubo que sacar maquinaria pesada del local, después tuvimos que arreglar la herencia, ver qué utilidad dábamos al terreno y pedir las licencias. Siempre ha vivido un guardés en el inmueble, por lo que no se puede decir que estuviera abandonado", explica, y añade que la licencia de demolición del bloque la obtuvieron en la primavera de 2002, una vez okupado. "Llama la atención la pasividad de la justicia, llevamos un año para que se dicte un desalojo que debería de haber sido inmediato porque estaba clara la propiedad de la finca. Nos sorprende que se dé la misma importancia a gente que delinque que a quien cumple la ley. No tengo nada que decir de las actividades del centro, pero no creo que deban hacerse a costa de unos particulares", añadió

Ayer visitaron el centro el gerente de la EMV, Ángel Rodríguez Hervás, Concha Denche, de IU, y Félix Arias, del PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2003