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Los fiscales piden 1.000 años de cárcel y 12 cadenas perpetuas para 78 disidentes cubanos

El Parlamento Europeo prepara una condena de las detenciones registradas estos días

Los primeros nueve juicios sumarísimos contra los disidentes cubanos detenidos en la isla hace tres semanas se celebraron ayer en La Habana y otras seis ciudades del país, en medio de fuertes medidas de seguridad y sin permitir el acceso a los tribunales a periodistas extranjeros ni a diplomáticos. En total, la fiscalía pide 12 cadenas perpetuas y más de 1.000 años de prisión para los 78 opositores, activistas de derechos humanos y periodistas, acusados de "conspirar" con EE UU para subvertir el orden interno. El Parlamento Europeo prepara una condena de las detenciones.

En La Habana se celebraron ayer simultáneamente tres juicios. En el Tribunal de 10 de octubre se realizó la vista oral contra la ex prisionera política Martha Beatriz Roque y otros cinco encausados. La fiscalía pide para Roque cadena perpetua y para el resto penas entre los 12 y 20 años de cárcel.

A todos se les acusa de violar la Ley 88, o de Protección de la Independencia Nacional y la Economía Cubana, por servir a una "potencia extranjera" y colaborar "con los propósitos de la ley Helms-Burton, el bloqueo, la guerra económica contra Cuba, la subversión y medidas similares encaminadas a menoscabar la independencia, integridad y soberanía" de Cuba. Roque, que dirigía la Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil, salió de prisión hace tres años, después de estar tres años y medio encarcelada por delito de "sedición".

Decenas de policías cerraron las calles alrededor del Tribunal e impidieron el acceso a periodistas extranjeros y diplomáticos de España, Gran Bretaña, Suecia, Alemania, Canadá y República Checa.

"Una fuerza mercenaria"

Lo mismo ocurrió -pero con una presencia policial discreta- en el Tribunal Supremo, donde fueron juzgados los disidentes Osvaldo Alfonso Valdés y Héctor Palacios, del Centro de Estudios Sociales, para quienes los fiscales Luis Lorenzo Palazuela y Edelmira Pedris solicitaron sendas penas de cadena perpetua, también por violar la Ley 88. Otros cuatro opositores se enfrentan a condenas de entre 15 y 20 años de privación de libertad. En sus conclusiones provisionales, los fiscales afirmaron que Palacios y sus compañeros recibieron ordenadores portátiles, faxes, radios, dinero y "literatura contrarrevolucionaria" de la Sección de Intereses de EE UU en La Habana, cuyo jefe, James Cason, está acusado por las autoridades de fabricar y apoyar "una fuerza mercenaria" con el propósito de socavar la soberanía del país.

El alegato fiscal argumenta que, "aunque los acusados han dicho que pretenden una transición pacífica hacia la democracia en Cuba desde posiciones moderadas, durante las investigaciones se determinó que además de organizar algunas fuerzas para cumplir sus objetivos, se dieron a la tarea de brindar información a diversos medios de prensa, tergiversando la realidad cubana y siempre culpando de los errores e insuficiencias al Gobierno revolucionario, apoyado por la mayoría del pueblo cubano".

En la vista oral, la fiscalía presentó 27 testigos. La esposa de Palacios, Gisela Delgado, denunció que era "un proceso amañado en el que se han violado todas las garantías procesales".

En el tercer juicio sumarísimo celebrado ayer en la capital cubana, en el Tribunal de Provincia Habana, se acusaba al periodista independiente Omar Rodríguez Saludes, que se enfrenta a una petición fiscal de cadena perpetua, y a otros cuatro opositores, para quienes se piden penas de privación de libertad de entre 15 y 25 años de cárcel. Varios de los encausados pertenecen al Movimiento Cristiano Liberación, que dirige Oswaldo Payá, y participaron en el proceso de recogida de firmas del denominado Proyecto Varela, iniciativa disidente que pide un referéndum sobre el cambio político en Cuba. Este proyecto fue respaldado por 11.000 firmas entregadas al Parlamento cubano el año pasado.

Hoy serán juzgados en La Habana los periodistas independientes Raúl Rivero y Ricardo González, para quienes los fiscales piden 20 años de cárcel y cadena perpetua, respectivamente.

El pleno del Parlamento Europeo se dispone a aprobar la semana próxima una resolución de condena a las detenciones masivas registradas estos días por el régimen de Castro, informa Gabriela Cañas. Mientras los grupos de la Eurocámara preparan su texto, el principal partido, el Partido Popular y Demócratas Europeos (PPE-DE), ya tiene un borrador de resolución en el que "condena enérgicamente" los arrestos y pide su "inmediata liberación" y la de " demás presos políticos".

El PPE-DE, que cuenta con 232 de los 626 eurodiputados, considera que el proyecto Varela ofrece una "alternativa válida, viable, constitucional, democrática y pacífica para el inicio de las reformas". Añade que la violación de la libertad de expresión es "un serio obstáculo para la aceptación, por parte de la UE, de Cuba como miembro del partenariado de la UE con la ACP ".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2003