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Tribuna:OPINIÓN | Apuntes

Es tiempo de parques...

Es tiempo de parques científicos y tecnológicos, se entiende. Al menos tal ocurre después de un lapso durante el que se ha producido la interrupción de importantes iniciativas emprendidas en las universidades valencianas a finales de la década de 1990. Este es el caso reciente de la inauguración de nuevos institutos de investigación en la Universidad de Valencia como núcleo de un parque científico tras las inundaciones ocurridas en septiembre de 2001, que afectaron a las instalaciones entonces existentes. Por su parte, las autoridades responsables del gobierno de la Universidad de Alicante han presentado su proyecto de expansión del campus, lo que puede suponer hasta una manera de retomar el proyecto de construcción de un parque científico y tecnológico, que paralizó la Generalitat Valenciana con las excusas más livianas, y que volverlas a escuchar incitan a la hilaridad.

Pero ¿qué son los parques científicos y tecnológicos? Estos espacios físicos están vinculados generalmente a universidades para la generación y aplicación de conocimiento, integrando también los intereses empresariales. La acomodación de la Universidad a los cambios en la sociedad afectan a su doble tarea educativa e investigadora, como ocurre con la adecuación a los retos tecnológicos, la captación de recursos privados y la imbricación con el tejido empresarial y el mercado. En último término se trata de impulsar la innovación tecnológica y la transferencia de conocimientos y tecnología desde el sistema público de Investigación y Desarrollo (I+D) al sector empresarial. La cooperación aparece como esencial, como así sucede con la política de la Unión Europea al respecto a través de sucesivos programas marco.

El desarrollo institucional de la política de ciencia y tecnología en España comenzó con la aprobación de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica de 14 de abril de 1986, inmediatamente después de la adhesión de España y Portugal a la CEE. Poco después, en 1988, se creó la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) con el objetivo de promover la renovación y la diversificación de la actividad productiva, el progreso tecnológico y el desarrollo económico, que cuenta con 46 miembros en la actualidad. Sin embargo, no fue hasta finales de la década de 1990 cuando se produjo la expansión de este tipo de proyectos: al acabar el año 2001, el número de empresas integradas en la Asociación era 1.080, con 29.036 empleados, una facturación de 3.790 millones de euros y una inversión del 21,8% en investigación y desarrollo. Precisamente, ese año se firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que parecía clarificar su política en esta materia.

Las universidades públicas ya eran entonces las principales inversoras en investigación y desarrollo en el ámbito valenciano, pues representaban el 59% del gasto total anual, que era de 43.900 millones de pesetas en 1999, aportando el empresariado un 27% y la Generalitat Valenciana sólo el 13%. La iniciativa institucional no sólo era escasa, sino asimismo tardía. La aprobación del primer Plan Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico e Innovación (PVIDI) se producía tres años después de la aparición de la Ley 7/1997, de 9 de diciembre, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico. No obstante ser presentado como pionero, el Plan Valenciano de Investigación, además de sufrir un recorte presupuestario de un 32% en su primer año de gestión respecto al presupuesto inicial previsto en 1999, suscitó las críticas de los responsables de las universidades públicas valencianas por la falta de participación en su elaboración, la simple reunión de programas heterogéneos en su mayoría de la Consellería de Industria y la necesidad de aumentar los recursos económicos.

Pero el escaso alcance de esta política institucional se evidenció en la actitud obstruccionista a la aprobación y la ejecución del proyecto de parque científico de la Universidad de Alicante por parte de la administración autonómica, que anuló los trámites del plan especial del Parque Científico del Mediterráneo, Medpark, a finales de julio de 2001. Más allá del enfrentamiento entre el entonces Presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y quien fuera Rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, cabe preguntarse qué motivos de fondo, y no meramente administrativos, produjeron tal actitud del gobierno popular. Las respuestas son varias; entre ellas, una sencilla y próxima: el espacio necesario para la construcción de las infraestructuras de aquel proyecto afectan a los intereses especulativos de unos pocos inversores privados: los terrenos de Rabasa constituyen el espacio de suelo urbanizable de mayores dimensiones de Alicante, como establece el plan parcial de ordenación urbana aprobado por el PP en el Ayuntamiento alicantino. Al fin y al cabo, la cosa está entre parques de ocio y especulación inmobiliaria, y en lugar del atractivo de la proximidad de un campo de golf, el de una Universidad a la puerta de su casa.

Francisco Sevillano Calero, profesor de la Universidad de Alicante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de marzo de 2003