El fiscal y el abogado del Estado concluyen que ETA y Batasuna "son lo mismo"
Los demandantes ratifican, 15 días antes de finalizar el plazo, la petición de ilegalización
La Fiscalía General y la abogacía del Estado mantienen en sus alegaciones a la prueba presentada ante la Sala Especial del Tribunal Supremo que el entramado Batasuna es un complemento de la banda terrorista ETA, por lo que el partido debe ser ilegalizado según lo previsto en la Ley de Partidos. La entrega de sus respectivos escritos de alegaciones pocos días después de iniciado un plazo que terminaba el próximo 3 de marzo denota la premura de los demandantes por obtener la sentencia. A partir de ahora comenzará a correr un plazo de 20 días para Batasuna, finalizado el cual se inicia el plazo f...
La Fiscalía General y la abogacía del Estado mantienen en sus alegaciones a la prueba presentada ante la Sala Especial del Tribunal Supremo que el entramado Batasuna es un complemento de la banda terrorista ETA, por lo que el partido debe ser ilegalizado según lo previsto en la Ley de Partidos. La entrega de sus respectivos escritos de alegaciones pocos días después de iniciado un plazo que terminaba el próximo 3 de marzo denota la premura de los demandantes por obtener la sentencia. A partir de ahora comenzará a correr un plazo de 20 días para Batasuna, finalizado el cual se inicia el plazo final de 20 días para dictar sentencia.
Los escritos reiteran que el entramado Batasuna "está absolutamente subordinado a ETA militar" y en su consideración final el fiscal del Estado recuerda la "elocuente expresión" del alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, de que "hasta los niños de pecho" conocen que ETA y Batasuna "son lo mismo".
El escrito del fiscal José María Luzón trata de recomponer la impresión de escasa preparación que dejaron sus testigos, un comandante y dos capitanes de Información de la Guardia Civil, durante el interrogatorio a que fueron sometidos por el abogado de Batasuna Iñigo Iruin. Según Luzón, el informe de sus testigos no quedó "en modo alguno desvirtuado" pese al "intento legítimo del letrado de la parte demandada por acorralarlos".
Luzón precisa que el término "acorralarlos" lo utiliza en su acepción de "dejar a alguien confundido y sin saber qué responder" -lo que acontenció a menudo durante el interrogatorio- y agrega que Iruin es un "profundo conocedor de la materia" por su actividad política de otros tiempos como senador de HB, diputado del Parlamento vasco y miembro de la Mesa Nacional de HB.
El máximo responsable de la abogacía del Estado, Arturo García Tizón, presentó personalmente en el Supremo el extenso escrito de alegaciones, acompañado de dos anexos gráficos con la relación de condenados por terrorismo que han concurrido a elecciones por HB, EH o Batasuna. García Tizón subrayó que "la actitud de Batasuna no ha cambiado".
El asesinato de Andoain
El jefe de la abogacía del Estado añadió que había incorporado a la demanda la negativa a condenar el asesinato del jefe de la Policía Municipal de Andoain (Guipúzcoa), Joseba Pagazaurtundua, el pasado sábado. "El silencio, la abstención y la falta de condena de estos hechos criminales constituyen un motivo más de ilegalización", dice su informe.
La premura en la presentación de los informes ha impedido recoger el resultado de la auditoría practicada por el Parlamento Europeo al eurodiputado de Batasuna Koldo Gorostiaga, al que reclama 118.000 euros. Gorostiaga declaró como testigo de Batasuna y sostuvo ante la sala especial que en el Europarlamento le habían anticipado que la auditoría sobre el dinero de su cuenta hallado en poder del tesorero de Batasuna, cuando éste fue detenido en Francia, había resultado totalmente "favorable" para él.