El Supremo informa contra el indulto al ex general Galindo y demás condenados por el 'caso Lasa-Zabala'
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha informado al Gobierno en contra del indulto al ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y otros cuatro condenados a penas de entre 75 y 71 años de cárcel por el asesinato y secuestro, en 1983, de los supuestos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Uno de los cinco magistrados de la sala se ha mostrado a favor de un indulto parcial.
Una breve nota de prensa del Tribunal Supremo dio cuenta ayer del informe desfavorable a la petición de indulto total para Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el comandante de la Guardia Civil Ángel Vaquero, el ex sargento Enrique Dorado y el ex cabo Felipe Bayo.
La nota oficial resalta que el tribunal sentenciador, "pese a reconocer que, en otros casos, se han tenido en cuenta para informar favorablemente la concesión de indultos, sólo parciales, argumentos tales como el tiempo transcurrido desde la ejecución de los hechos hasta su enjuiciamiento (que aquí es casi 20 años), el haber desaparecido las circunstancias concurrentes en el momento de la comisión e igualmente haber desaparecido el peligro de nuevos hechos delictivos similares, en el presente caso ha tenido en cuenta para motivar su decisión desfavorable la extraordinaria gravedad de los hechos, y consecuentemente de las penas impuestas, así como los posibles beneficios que puedan tener los penados, derivados de la legislación penitenciaria".
Fuentes del Tribunal Supremo conocedoras del texto del informe, del que ha sido ponente el magistrado Joaquín Jiménez, señalaron a este periódico que el informe a la petición de indulto para los condenados por el caso Marey fue favorable porque se trataba de una solicitud de indulto parcial por delitos de menor gravedad.
Precisamente el magistrado Julián Sánchez Melgar, uno de los cinco integrantes de la sala, presidida por Luis Román Puerta, aunque se manifestó de acuerdo con el informe contrario a la concesión de indulto total, mostró su criterio favorable al indulto parcial, de la mitad de la pena, dado el tiempo transcurrido desde que se produjeron los delitos.
Falta indemnizar a las víctimas
La mayoría de la sala -integra-da también por los magistrados Joaquín Delgado y Joaquín Martín Canivell- argumentó en contra del informe favorable al indulto parcial por la extraordinaria gravedad de los delitos, entre ellos dos asesinatos, condenados con más de 70 años de cárcel, y por no haber indemnizado los beneficiarios de la petición de indulto a los familiares de las víctimas, quienes también se oponen a su concesión.
Otro argumento utilizado por la Sala Penal del Supremo, siempre según las fuentes antes citadas, para informar en contra del indulto, es que el Ministerio Fiscal se ha pronunciado desfavorablemente respecto a los cinco indultos solicitados. Igualmente, entre los informes penitenciarios aportados por el Ministerio Fiscal, el Supremo ha tenido en cuenta, al menos por lo que se refiere al ex general Rodríguez Galindo, que este condenado no ha dado muestras de arrepentimiento.
En cuanto a las 100.000 firmas que acompañan a la petición de indulto de unas condenas impuestas por el Supremo y confirmadas el pasado mes de julio por el Tribunal Constitucional, el tribunal sentenciador considera que, desde su perspectiva jurídica, no le corresponde analizar esa circunstancia.
Por su parte, la nota de prensa del Supremo hace mención a que no corresponde a la sala "valorar tal dato", y añade: "sino que corresponde al Gobierno de Su Majestad su valoración e incidencia en la decisión a adoptar".
