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Un juez frena el aumento de las tarifas de gas y electricidad en Argentina

Los recientes aumentos del 9% y el 7% en las tarifas de los servicios de luz y gas autorizados por decreto del Ejecutivo argentino, uno de los requisitos exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la firma de un acuerdo, quedaron en suspenso por decisión de un juez de Buenos Aires que admitió la demanda de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, presentada en nombre de los usuarios. La medida podría extenderse desde hoy a todo el país si prospera en el mismo sentido el reclamo del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentado ante otro tribunal.

Las demandas se basan en que el decreto del Ejecutivo, de menor rango jurídico, no puede modificar la Ley de Emergencia Económica aprobada por el parlamento el pasado 6 de enero. La ley ordena poner en funcionamiento una Comisión de Renegociación, de la que debían participar representantes de las empresas, del Gobierno y de los usuarios, para revisar los contratos de los servicios públicos privatizados. Las organizaciones que representan a los usuarios sostienen que es en el ámbito de esas audiencias públicas donde se debe discutir todo, "las inversiones comprometidas, los planes, la calidad de los servicios y las tarifas". Esas reuniones abiertas al público, convocadas por el Gobierno, fueron postergadas también en su oportunidad por la Justicia.

El ministerio de Economía, bajo la presión del FMI y de los Gobiernos europeos portavoces de las empresas afectadas por la devaluación del peso y con deudas a pagar en dólares, tomó una decisión política y enfrentó los pedidos de aumentos superiores al 30% autorizando subidas inferiores al 10% sólo para los servicios de gas y electricidad, "a cuenta" de lo que se resolviera luego en la Comisión. Además, quedaban exentos de ese aumento los clientes de bajo consumo comprendidos en la llamada "tarifa social".

Para justificar el decreto, el Ejecutivo recordó que las empresas tienen la obligación de "asegurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos" en momentos de crisis. Tras la decisión de ayer del juez Ernesto Marinelli, que ordenó la suspensión de los aumentos hasta tanto se resuelva el conflicto de fondo sobre los contratos de las empresas, la batalla judicial podría llegar finalmente a la Corte Suprema de Justicia.

Las empresas concesionarias del servicio eléctrico advierten que "de seguir así", es decir, sin aumentos, se va a notar el desabastecimiento de electricidad entre 2004 y 2007.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de diciembre de 2002