Los expertos piden que se ordene el caos de los pozos ilegales

El 80% de las aguas subterráneas en España está en manos privadas, y "la situación legal de la propiedad" de estos recursos "puede calificarse de caótica", según un estudio de la Fundación Marcelino Botín. En los ochenta, los pozos ilegales se estimaban en medio millón, cifra que puede haberse duplicado, explican los autores, que piden que se regule la situación y que se involucre a los usuarios en la gestión del agua.

El Proyecto de Aguas Subterráneas auspiciado por la Fundación Marcelino Botín arrancó en 1998, y el trabajo del equipo interdisciplinar de investigadores se ha plasmado en varios libros, ponencias y seminarios, y en el simposio internacional que se celebra hasta el viernes en el Palacio de Congresos de Valencia.

Ramón Llamas, director del estudio y catedrático de Hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid, presentó ayer las líneas generales de la investigación, y destacó que el bombeo de aguas subterráneas "ha aumentado espectacularmente en los últimos 40 o 50 años", pero se ha realizado "de forma anárquica", por lo que es necesario promover la regularización de las extracciones. Para ello, la Administración debe involucrar en la gestión de las aguas subterráneas a los usuarios, con la creación de asociaciones que controlen el aprovechamiento de los acuíferos y eviten la sobreexplotación, dijo Llamas. El catedrático resaltó la necesidad de "poner orden en el caos" del uso de las aguas subterráneas y mostró su confianza en que el Plan Hidrológico Nacional contribuya a la regulación de estos recursos. El número de aprovechamientos o pozos en España se estima en más de un millón, según el estudio de la fundación, que señala el "caos jurídico" en las aguas subterráneas.

En este sentido, Pedro Brufao, doctor en Derecho Administrativo y miembro del equipo investigador, señaló que el 80% de las aguas subterráneas está en manos privadas, "pero no se sabe quién es el titular". Brufao recordó que la secretaría de Estado de Aguas invertirá 157 millones de euros en "la clarificación jurídica" de la titularidad de los recursos extraídos de pozos. La Ley de Aguas de 1985 intentó incorporar todos los recursos al dominio público, pero la realidad es que "la situación legal de la propiedad" de este agua "puede calificarse de caótica", señala la publicación de la Fundación Marcelino Botín Aguas subterráneas, retos y oportunidades. El decreto de 2001 que siguió a la reforma de la ley en 1999 estableció un plazo de tres meses para entregar la documentación que acreditara la titularidad de los pozos en el llamado Catálogo de Aguas Privadas como condición para no perder los derechos de uso, pero el proceso de regularización ha desembocado en un aluvión de recursos administrativos contra las confederaciones hidrográficas, apuntó Brufao. Además, los trámites para la legalización de un pozo pueden alargarse hasta tres años, añadió el experto.

Luis Martínez Cortina, doctor e ingeniero de caminos, resaltó que España es el país de la UE que usa menos agua subterránea para el abastecimiento urbano, mientras que tiene el mayor número de presas por habitante. Martínez alabó que la Comunidad Valenciana, cuyos regadíos en un 60% se alimentan de aguas subterráneas, ha fomentado la creación de asociaciones de usuarios.