Un catedrático dice que la querella contra Gimeno puede ampliarse a otros dos delitos
La querella que los concejales del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castellón han presentado contra el alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, los ediles Alberto Fabra y José Pascual, además de cuatro funcionarios, Caja Rural Castellón y Calviga, empresa del grupo Batalla, enumera tres delitos, pero el catedrático que elaboró el informe en que se basó la querella dice que ésta puede ampliarse en dos más.
La querella está basada en documentos e informes que se adjuntaron junto al texto denunciante, y que argumentaban la acusación de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público. Uno de los apartados de esta documentación la componen los informes encargados para el estudio de las decisiones del equipo de gobierno popular, que concluyeron con la adjudicación a Calviga de las obras de urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía del tren. El informe elaborado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón, José González Cussac, se realizó sobre las conclusiones de otros documentos redactados por expertos en urbanismo, derecho administrativo y tributario. La tarea que se le encomendó fue señalar en qué delitos se había podido incurrir.
El informe resulta contundente en las conclusiones sobre la posibilidad de un delito de prevaricación. "Aquí no hay una mera ilegalidad, sino varias acumuladas. Y al margen de que cada una de ellas constituyan en sí mismas flagrantes infracciones del Derecho, la suma de todas ellas comporta una contrariedad palmaria, evidente, clara y manifiesta del Ordenamiento Jurídico, que no puede explicarse con arreglo a parámetros racionales ni de interés público", señala. "Muy semejante a este supuesto es el contemplado en la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1994, que trae causa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 7 de mayo de 1992, y conocido como caso de la construcción de Burgos", añade.
Actividades prohibidas
Mientras que la querella se presentó por tres presuntos delitos, el catedrático va más allá y señala, además, la posibilidad de que se haya incurrido en un presunto delito de revelación de secretos y otro de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Éstos hacen referencia a "las evidencias de una revelación de secreto o información relativa al cargo desempeñado, realizada por una autoridad o funcionario", tal como indica el texto, y a la posibilidad de que existieran "intereses patrimoniales, directos o indirectos, de autoridades y funcionarios en las zonas afectadas (...), vínculos de cualquier género de estas autoridades con sociedades mercantiles relacionadas con los hechos (...) o relaciones personales (familiares, afectivas o políticas)".
