Demora judicial
Lo escribe Darío Fo en Muerte accidental de un anarquista, poniéndolo en boca de su protagonista demente y desmistificador: "Al ciudadano de a pie no le interesa que la mierda desaparezca, le basta con que se denuncie, estalle el escándalo y se pueda comentar". Y probablemente así es. Incluso en las democracias más desarrolladas, que no por ello se han aligerado de los poderes vigilantes o fácticos, atentos siempre a moderar o diluir las consecuencias de las denuncias. Contra esta realidad, poco más pueden hacer los medios de comunicación, una vez cumplida su obligación de señalar la supuesta porquería y pasarle la pelota a otras instancias públicas, sean partidarias o gubernativas.
Cierto es también que en no pocas ocasiones los conflictos que se han puesto en la picota no se solucionan definitivamente por el desistimiento de los observadores mediáticos que los expusieron ante la opinión pública. Suele ocurrir que, pasado el pasmo de verse aventados en los papeles, y después olvidados, los autores de la trapisonda vuelven a las andadas, confortados con la seguridad de que los comentarios al escándalo que anota el citado dramaturgo sólo son flor de un día. Los políticos saben como nadie cuán evanescente es la estela de una noticia, por incómoda que les resulte, y hasta hay quien las propicia con tal de nutrir con su nombre la efímera actualidad.
No quisiera ser yo ser reo de inconstancia o falta de seguimiento a propósito de un desmán arquitectónico cometido en edificio protegido, sito en la calle Avellanas, de Valencia. Fue en el mes de enero último y en esta columna cuando glosamos la tropelía que se cometía en los áticos del mentado inmueble, con grave quebranto de las leyes que amparan el patrimonio público así como de los propietarios damnificados. Por mera casualidad, obviamente, los organismos municipales resolvieron con presteza, enmendando la morosidad o presunta complicidad de los funcionarios implicados. Los expolios y los desguaces de la piqueta habían de restaurarse, y en eso se está.
Pero todo este embrollo, que paradójicamente ha provocado una abogada que ejerce de fiscal y que ensoñó un ático maravilloso e imposible a costa de terceros, comporta unas secuelas judiciales que, una vez tramitadas procesalmente, están a la espera del fallo. Pero están a la espera desde marzo pasado, lo que, según como se mire y a tenor de como anda la Justicia, puede ser un tiempo prudencial o una eternidad. A nosotros se nos antoja esto último y de ahí que interesaríamos a quien fuere para que se le prestase la ayuda oportuna a la titular del juzgado número 14 de primera instancia, señora Solís García del Pozo, a fin de aligerarle los asuntos pendientes de sentencia y no verse en el brete de dar indicios, acaso infundados, de corporativismo. Ya se sabe que los bomberos, entre ellos, no se pisan la manguera.
Por fortuna, estos retrasos tan reiteradamente denunciados de las oficinas judiciales tienen sus días contados. La Ciudad de la Justicia de Valencia dejará de ser pronto una realidad virtual y el mismo candidato socialista a la Generalitat ha prometido dotar a todos los jueves con un ordenador portátil. Si gana, claro, y si los jueces no se dedican a navegar por Internet, haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad.
