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ANÁLISIS

"La pequeña delincuencia no tiene respuesta adecuada"

Magistrados y fiscales analizan las principales reformas legales propuestas contra la inseguridad

El Gobierno ha puesto en marcha una serie de reformas legales que pretenden facilitar la expulsión de extranjeros irregulares condenados por delitos menores, endurecer las penas para impedir excarcelaciones de delincuentes condenados a cientos de años de cárcel antes del cumplimiento máximo de pena, agilizar los juicios rápidos para los delitos que causan más alarma social y fomentar medidas que protejan a las mujeres maltratadas. Todo para combatir los altos índices de criminalidad que sufre España en los últimos años. Jueces y fiscales encargados de aplicar estas reformas opinaron sobre el plan de lucha contra la delincuencia en un debate celebrado el pasado viernes en la sede de EL PAÍS.

Durante más de dos horas, los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales debatieron sobre las reformas legales que plantea el Gobierno en su Plan del Lucha contra la Delincuencia presentado en septiembre. Todos destacaron la falta de medios y el peligro constitucional de algunas medidas. Lo que sigue es un amplio resumen de la conversación.

- JUICIOS RÁPIDOS. Aprobada la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir la celebración de juicios rápidos para los delitos que más alarma social causan.

Asociación de Fiscales (AF). Los juicios rápidos son fundamentales porque en este momento la pequeña delincuencia no tiene una respuesta adecuada. Hay que llegar lo antes posible al juicio, eliminando papeleos innecesarios si los hechos son claros. Nos preocupa que si el fiscal no presenta la acusación en plazo, el delito se pueda archivar. En Toledo, donde yo trabajo, hay siete juzgados pero sólo dos fiscales de guardia que no pueden estar en todos los sitios. El día que hay que atender eventualidades es imposible. La ley dice que se requiera al fiscal jefe, pero el jefe no está de guardia. Va a ser muy difícil incluso con uno o dos fiscales más.

J. A. Martín-Caro (AF): 'La pequeña delincuencia en este momento no tiene una respuesta adecuada'

R. Fluiters (JpD): 'Las mujeres que denuncian los malos tratos no encuentran respuesta del sistema'

José M. Suárez (APM): 'La sociedad no entiende que una vida humana valga sólo dos años de prisión'

A. Camacho (UPF): 'Los extranjeros sabrán que si son condenados a menos de seis años sólo serán expulsados'

Jueces para la Democracia (JpD). Los juicios rápidos están fuera de la realidad. El Gobierno está pensando en una justicia dotada de otros medios y de muchos más jueces. Es algo pensado para las grandes capitales donde el juez de guardia tiene bastantes medios y un fiscal a su lado. Pero en localidades más pequeñas, como las de la periferia de Madrid o Barcelona, eso es impensable. Tendríamos que duplicar o triplicar el número de fiscales y desde luego crear muchos más juzgados que los 80 que promete el Gobierno. Además, la ley introduce aspectos restrictivos de principios sagrados del ordenamiento. Me refiero, por ejemplo, a la grabación de un testigo que es llevada al juicio. Traer el soporte documentado de una declaración para que tenga pleno valor en el juicio es algo que el Tribunal Constitucional ha dicho que es contrario a la Constitución. Si tratamos de suprimir la fase de instrucción, que es lo que en definitiva se trata de hacer, no entiendo por qué se introducen modificaciones que reducen las garantías constitucionales.

Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (FV). Los hechos con una constatación muy simple deben juzgarse rápidamente. Ahora bien, la reforma produce un gravísimo problema de coordinación en las grandes ciudades, el ejemplo más claro es Madrid. La agenda del juez queda en mano de 18 comisarías. ¿Tendremos fiscales en todos los juzgados de aquí a seis meses? En las pequeñas ciudades, donde hay una sola comisaría, los juicios rápidos funcionarán. Pero en las ciudades con varias comisarías habrá que organizar un buen sistema de coordinación. En Madrid se han hecho unos muestreos de lo que se tramitaría con cada uno de los procesos que recoge la nueva ley. Se dan situaciones paradójicas, como que un juzgado tenga citadas a 300 personas por la comisaría en un edificio que no tiene salas para que la gente espere. Tendremos que avisar al que esté citado bajo una sanción económica muy seria y decirle: 'Su asunto tiene una demora de tantas horas'. Puede quedarse en una reforma platónica.

Unión Progresista de Fiscales (UPF). El redactor de la ley se ha olvidado de una cosa básica: la estructura del ministerio fiscal. En la provincia de Madrid, por ejemplo, cada fiscal lleva cinco juzgados de guardia a veces separados por 60 o 70 kilómetros. En Madrid capital el problema está en los juzgados de guardia. El juez o los jueces de guardia tendrán que revisar los 1.000 atestados policiales que entran diariamente para comprobar si alguno de ellos tiene entrada en la ley de juicios rápidos. Leer 1.000 atestados dando cinco minutos a cada uno, supone 83 horas de trabajo trabajando las 24 horas del día. ¿Alguien ha pensado que esto es imposible? ¿Cómo le vamos a explicar a un ciudadano cuando el fiscal no presente acusación que el delito se ha archivado? La celeridad es importante, pero no un valor absoluto. ¿Va a tener efectos en la reducción de la criminalidad? La respuesta penal sólo tiene efectos hasta un determinado punto. Más allá hace falta políticas de reinserción social porque la pena no lo es todo. Se dice que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, y eso no depende de la rapidez. La gente no entiende que la respuesta penal al hurto de su coche sea una pena reducida que no implique necesariamente prisión. Con la nueva ley, el delincuente también entrará en el juzgado por una puerta y saldrá por la otra.

- ENDURECIMIENTO DE PENAS. El Gobierno planea dificultar el acceso al tercer grado (semilibertad) para impedir que se conceda desde el primer día de condena. También se reformará el cómputo de beneficios para la concesión de la libertad condicional. Los condenados a cientos de años cumplirán íntegramente la pena máxima de 25 o 30 años.

Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El cuadro de penas del Código Penal está absolutamente descompensado y debe ser modificado, pero no para que sea excesivo, sino para que sea realista. La sociedad no entiende cómo es posible que una vida humana valga dos años de prisión. Y vale eso porque la ley vigente lo permite, y eso no lo entiende nadie.

Asociación de Fiscales (AF). Por mucho que se quiera criticar la actuación de la juez de Vigilancia de Bilbao [Ruth Alonso, que acordó la libertad condicional de un etarra condenado a 298 años de cárcel por seis asesinatos tras pasar sólo 13 años en prisión], ha actuado dentro del margen de discrecionalidad que le permite la ley. Si reducimos ese margen, habrá casos a los que en justicia se debería beneficiar al preso y no se podrá hacer. ¿Qué pasa si el interno es un enfermo terminal o ha tenido una excelente conducta? Hay que personalizar en cada caso concreto. Generalizar es muy peligroso. Si se quiere dificultar el acceso a al libertad condicional, hay que concretar más los delitos para los que se quiere hacer.

APM. Estoy de acuerdo con que el juez debe tener un ámbito de discrecionalidad. Si una persona se está muriendo, ¿para qué va a estar en prisión?

UPF. Yo no estoy de acuerdo con que el Código Penal sea especialmente benevolente. Los delitos contra la propiedad están gravemente penados, los de tráfico de drogas, también... No se puede crear la sensación de que las penas son reducidas, no es bueno.

APM. ¿Y los delitos contra la vida?

UPF. Si hablamos de terrorismo, descentramos el debate. No se puede generalizar. Se puede optar por poner penas más graves a determinados delitos, pero no a todos. Por lo que se refiere a la reducción de la discrecionalidad del juez [de Vigilancia], hay que recordar que la Constitución exige que la pena de prisión sirva para reinsertar al delincuente. Pero además, la propia sociedad exige ese margen para el juez. La semana pasada tuvimos en Madrid el caso de una señora condenada por tráfico de drogas que se había reintegrado y se hacía cargo de su familia. La gente pedía justamente que no fuera a prisión.

FV. No estoy de acuerdo con que el catálogo de penas del Código del 95 sea de penas pequeñas que no se corresponden con lo que pide la sociedad. El problema está en el fin que demos a la pena. Si se quiere ocultar a las personas de por vida, pues efectivamente no hay nada mejor para la seguridad ciudadana que no vuelva a reintegrarse en la sociedad el delincuente. Lo que pasa es que eso es contrario a los derechos fundamentales. La pena tiene que cumplir no sólo esa función de inutilizar temporalmente al sujeto, sino también la de la reinserción. Ésa es la razón de que se tenga que individualizar caso por caso en la aplicación de los beneficios penitenciarios. La prisión no es sólo un castigo, sino también la adaptación del sujeto a las normas de la sociedad. Hay que romper una lanza por la ley penitenciaria que ha permitido que muchas personas en tercer grado hayan podido readaptarse a las condiciones de la vida en libertad. Si los casos excepcionales nos llevan a hacer leyes de aplicación general, tendremos malas leyes. Porque determinado caso chirríe a la conciencia popular, no se debe modificar la Ley.

JpD. La principal finalidad de la pena debe ser que el preso no vuelva a delinquir. Para ello, el tratamiento individualizado de cada recluso es fundamental. Este Gobierno tiene la tentación de dictar una norma de carácter general ante un caso concreto. El problema del terrorismo va a envenenar el ordenamiento jurídico y la ejecución de las penas. El tema del etarra Ostoaga [excarcelado por la juez Ruth Alonso] es paradigmático, porque va a dar lugar a una reforma de la ley para crear el juzgado central de Vigilancia Penitenciaria que pueda controlar la ejecución de las penas de los presos condenados por la Audiencia Nacional. Incluso ha dado lugar a una modificación del criterio del Supremo en lo que es la competencia de la Audiencia Provincial para conocer del recurso de apelación contra resoluciones del juez de Vigilancia Penitenciaria, lo que da lugar a casos groseros como que un preso de Las Palmas condenado por la Audiencia Provincial de Oviedo, recurra a este tribunal las resoluciones del juez de vigilancia de Las Palmas. En cuanto a las penas, estamos hartos de ver que la gente se escandaliza porque un señor no va a la cárcel, pero también cuando el que va a entrar es alguien que ya está resocializado. La ley penitenciaria es exitosa: los que quebrantan la pena durante los permisos son muy pocos. Si nos olvidamos de esto, la pena tendrá únicamente un carácter retributivo y llenaremos las cárceles.

APM. En España, por desgracia, no hay control de la reinserción. Se concede la libertad condicional y después no hay un control porque no hay medios materiales para hacerlo. Por supuesto que hay que individualizar el cumplimiento de las penas, pero me reitero en que el cuadro de penas es insatisfactorio. Hay que establecer un cuadro de valores y el primero de ellos es la vida. Yo no digo que se castigue de la misma manera al que roba y al que mata, pero en mi opinión, el sistema penal y el penitenciario producen penas simbólicas que permiten la reincidencia.

UPF. Ahora mismo se está juzgando en la Audiencia Provincial de Madrid a una ecuatoriana que presuntamente mató a su hijo justo después del parto. Ha sido condenada a 17 años de prisión, el juicio se ha anulado, y yo ya he escuchado críticas a lo excesivo de la pena impuesta. Lo que más preocupa a la gente son los robos, los hurtos y los robos con fuerza, que generalmente no acarrean la prisión provisional. Los juicios rápidos tratan de responder a esos delitos, pero si nosotros metemos seis meses o un año en la cárcel a una persona, y la volvemos a sacar en las mismas condiciones, volverá al mismo medio y volverá a cometer el delitos. ¿Por qué el plan no tiene una parte destinada a fomentar la reinserción?

JpD. La sensación de impunidad no viene del hecho de que un delincuente entre y salga sino de que los delitos investigados suponen sólo el 1% de los que realmente se cometen. Acabo de terminar una guardia de una semana en la que he tenido 30 denuncias por robo con intimidación o violencia, que es uno de los delitos que más alarma social crea y, sin embargo, en ninguno de ellos la policía ha conseguido detener al autor, ni encontrar al sospechoso. Muchas de las denuncias llevaban detalles elocuentes de la fisonomía o de la personalidad. Lo que se echa en falta es un refuerzo de los medios técnicos de la policía; de personal de policía judicial que investigue los delitos. Se está cargando sobre los jueces la responsabilidad de la seguridad ciudadana. El ministro cometió un desliz dialéctico el otro día cuando dijo que vamos a cambiar la ley para que haya condenas rápidas. ¡Hombre! vamos a cambiar la ley para que haya juicios rápidos.

UPF. Sobre índices de hechos delictivos cometidos, todos sabemos lo que entra para ser archivado provisionalmente que no vuelve a levantarse nunca más. Es un porcentaje importantísimo.

FV. Es un porcentaje del 80% e incluso más.

UPF. Éste es un factor que puede conllevar el aumento de la inseguridad: que muchos hechos ni siquiera tengan la posibilidad de que se inicie un procedimiento.

- EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS CONDENADOS POR DELITOS MENORES. El plan gubernamental pretende que la expulsión de los extranjeros no regularizados condenados a penas inferiores a seis años sea obligatoria para el juez, y no opcional como hasta ahora.

APM. Es una decisión del legislador que, en principio, no es contraria a la Constitución siempre que exista en todo caso un control judicial.

AF. Hay que hablar de delincuente extranjero en situación irregular en España y no de inmigrante. Hay que hacer esta diferencia porque tanto el delincuente español como el extranjero regularizado si delinquen se van a quedar aquí y vamos a intentar reinsertarlos. Ahora bien, si se trata de un irregular, lo tenemos que expulsar. No tiene mucho sentido gastar medios públicos en reinsertar a esa persona.

UPF. La propuesta tendría un efecto perverso. Si se aplica la expulsión de manera automática, los delincuentes van a saber que si son condenados a menos de seis años sólo van a ser expulsados. Un ejemplo: el tráfico de hachís desde determinados países ribereños. Los traficantes, al día siguiente de ser expulsados volverán a cometer el delito y estaremos favoreciendo que se multiplique la entrada de hachís, porque esa conducta no va a tener su castigo. Tampoco se va a reinsertar al traficante.

JpD. Tienes razón. Lo mismo pasaría con los robos con intimidación, que es un delito muy frecuente que se va a una pena inferior a seis años. Hay que tener en cuenta que esto afecta también a los inmigrantes legales que si cometen cualquier infracción, por pequeña que sea, gracias a la ley de Extranjería pasan a engrosar una causa de ilegalidad.

AF. Me parece un disparate que un inmigrante legal que conduce borracho un día pueda ser expulsado por ello.

FV. Parece razonable que el juez tenga la posibilidad de optar por el cumplimiento de la pena o por la expulsión, que es lo que hasta ahora tenemos. Si la expulsión se hace obligatoria, como no regulemos claramente que la pena queda en suspenso, se va a producir el fenómeno que comenta Antonio (UPF). La única posibilidad de evitar ese perverso efecto llamada es permitir que la expulsión tenga aparejada una pena de prisión que no sé si sería la de quebrantamiento de pena. Podría suspenderse la pena de prisión y si después de ser expulsado vuelve, se le aplica.

AF. La expulsión no debe suponer el perdón absoluto del delito, sino la suspensión del proceso. Si ese individuo vuelve y es detenido, el proceso vuelve a revivir. El hecho de que se le expulse significa que se deja en suspenso.

JpD. El plan contra la delincuencia, en materia de extranjeros, vuelve a caer en el error de ligar la extranjería y la delincuencia. Yo en Fuenlabrada estoy manejando una población inmigrante enorme que no está involucrada en ningún tipo de crímenes.

- MALOS TRATOS A MUJERES. El Gobierno planea ampliar las penas de alejamiento del agresor.

JpD. He tenido casos de maltratadas que no quieren el alejamiento ni que las molestemos nunca más. Porque el Estado no les da una vivienda ni un medio de vida. Dependen económicamente del maltratador. Me ponen los pelos como escarpias esas campañas que dicen: 'Denuncia, no te calles'. Porque las que han denunciado no sólo no han encontrado una respuesta del sistema sino que después se han dado cuenta de que la única solución para ellas y sus hijos era volver con el maltratador. Hoy el tema del maltrato está íntimamente ligado al incumplimiento del pago de pensiones por separación. En otros países el Estado asume el pago de la pensión y después la reclama vía Hacienda para obligar al pago. El Estado les proporciona una vivienda, pero no es una casa de acogida, que son guetos a los que la mujer que ha estado una vez no quiere volver nunca más.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de noviembre de 2002