Todo no vale, señor Atutxa

El presidente del Parlamento vasco en su artículo Todo no vale, del 19 de septiembre, intenta justificar el acuerdo de la Mesa del Parlamento de no cumplir el auto del juez Baltasar Garzón, que insta a la Cámara a suspender el Grupo Parlamentario de Batasuna, en base a una serie de argumentos que, en definitiva vienen a descalificar jurídicamente las resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional. Como todas las resoluciones judiciales, los autos de Garzón pueden ser objeto de crítica. Faltaría más. Nuestra Constitución garantiza en su artículo 20 el derecho fundamental de liberta...

El presidente del Parlamento vasco en su artículo Todo no vale, del 19 de septiembre, intenta justificar el acuerdo de la Mesa del Parlamento de no cumplir el auto del juez Baltasar Garzón, que insta a la Cámara a suspender el Grupo Parlamentario de Batasuna, en base a una serie de argumentos que, en definitiva vienen a descalificar jurídicamente las resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional. Como todas las resoluciones judiciales, los autos de Garzón pueden ser objeto de crítica. Faltaría más. Nuestra Constitución garantiza en su artículo 20 el derecho fundamental de libertad de expresión y la crítica a las resoluciones judiciales tiene perfecto acomodo en el ejercicio de tal derecho.

Existen medios para llenar las lagunas reglamentarias. Lo que falta es voluntad política para cumplir el auto

El acuerdo de la Mesa sí que es un auténtico despropósito. Es más, es un verdadero desafío al Estado de derecho

Lo que me sorprende, a primera vista, es que, aun reconociendo el señor Atutxa que no es un experto en Derecho, se atreva a calificar el auto de Garzón como 'el disparate más formidable desarrollado en el Estado español, desde que se aprobó la Constitución, contra uno de los principios básicos del sistema: la división de poderes'. Son términos demasiado duros los empleados por Atutxa, impulsor del acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco que declara nulo de pleno derecho el auto judicial. Ese acuerdo sí que es un auténtico despropósito. Es más, es un verdadero desafío al Estado de derecho.

Siguiendo el método de los ejemplos utilizado por el presidente del Parlamento, yo también voy a poner uno. Imaginemos que un juez, en ejecución de una sentencia, decreta el embargo de las cuentas corrientes del ejecutado y ordena a una entidad financiera la retención de los saldos existentes a nombre de éste. Recibido el auto judicial, el consejo de administración de la entidad financiera, que tiene en gran estima a su cliente embargado, adopta el acuerdo de declarar nulo de pleno derecho tal auto. Evidentemente, salvando las distancias y con el máximo respeto a la institución parlamentaria, eso es más o menos lo que han impuesto en la Mesa del Parlamento vasco los partidos que apoyan al Gobierno de Ibarretxe. Unilateralmente, sin competencia alguna para ello, declarando la nulidad de una resolución judicial. Inaudito.

El señor Atutxa, argumenta que la ejecución del auto de Garzón exigía la modificación del Reglamento del Parlamento vasco, que es, efectivamente, norma con rango de ley. Uno, que tampoco es experto en Derecho, tiene a gala, sin embargo conocer bastante bien dicho Reglamento, el cual, precisamente, prevé la existencia de lagunas reglamentarias y la forma de suplirlas. Así el artículo 24.2 señala textualmente: 'Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en caso de duda y supliéndolo en los de omisión. Cuando en el ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces'.

Analizando el contenido de dicho precepto, podemos sacar las siguientes conclusiones: 1) Que el propio Reglamento reconoce la posibilidad de existencia de lagunas en el mismo o, lo que es lo mismo, la ausencia de norma a aplicar ante un determinado supuesto de hecho. 2) Que para cubrir esa laguna reglamentaria no es preciso modificar el Reglamento tramitando, a tal efecto, una iniciativa legislativa. 3) Que dicho Reglamento prevé expresamente que, en caso de omisión, entre las funciones del presidente está la de suplirla, bien a través de disposiciones ad hoc, o bien a través de disposiciones de carácter general, debiendo contar, en este caso el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

Utilizando este procedimiento, se han aprobado disposiciones tan importantes como la adoptada el 3 de octubre de 1980 por el entonces presidente, señor Pujana, regulando la iniciativa legislativa ante el Parlamento vasco de las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos. O la dictada también por el mismo señor Pujana el 6 de noviembre de 1984, estableciendo el procedimiento a seguir para fijar las aportaciones de las Diputaciones forales a los gastos presupuestarios de la Comunidad Autónoma. O la aprobada el 27 de junio de 1985 en relación a la tramitación de enmiendas a la totalidad a las proposiciones no de ley. Las materias sobre las que el presidente del Parlamento ha dictado disposiciones de carácter general no son, como hemos visto, triviales, señor Atutxa. Medios existen para integrar las lagunas reglamentarias y posibilitar el cumplimiento del auto judicial. Y le recuerdo que estoy hablando de medios. De posibilidades reglamentarias. De cauces legales. De posibilidades de actuar para cumplir el auto. Si finalmente no consigue el plácet de la Junta de Portavoces, ya no estaríamos hablando de falta de medios legales o reglamentarios, sino de falta de voluntades políticas. Eso es harina de otro costal.

Otra fórmula que podría haber estudiado el Parlamento vasco, para no desobedecer el auto judicial y actuar dentro de los cauces del Estado de Derecho sería la de instar al Gobierno vasco el planteamiento de un conflicto de jurisdicción, haciendo una interpretación extensiva de la Ley Orgánica 2/1987. Señor Atutxa, existen mecanismos para cumplir el auto judicial o para, en caso de haber legítima discrepancia, plantear conflicto competencial. Pero hace falta para ello voluntad política. Y ni usted, ni los grupos que sustentan el Gobierno vasco la tienen. Ustedes son el cielo protector de Batasuna. PNV, EA e IU están protegiendo a Batasuna frente al Poder Judicial. Y la protegen haciendo caso omiso a lo que establece la Constitución, que, en su artículo 118, obliga al cumplimiento de las resoluciones judiciales; y eludiendo, igualmente, el fondo de la cuestión: que Batasuna forma parte integrante del entramado y la estrategia de ETA y que hay un auto judicial que lo prueba y que nadie ha desmentido.

En algo estoy de acuerdo con usted, señor Atutxa: para defender determinadas posiciones políticas no vale todo.

Manuel Huertas Vicente (PSE-EE) es secretario primero de la Mesa Parlamento vasco.