Evitar extravagancias
En caso de duda lo mejor es evitar extravagancias. Qué más quisiera ETA que la suspensión de la autonomía vasca. Los aprendices de brujo que invocan para ello el artículo 155 de la Constitución hacen el juego a quienes, como Arzalluz, son especialistas en explotar el victimismo con fines no necesariamente respetables. Hace ahora dos años, el presidente del PNV lanzó en un discurso dominguero el mensaje de que 'si las cosas van así, los siguientes [detenidos] seremos nosotros'(...), a lo que añadió: 'Y ojalá venga ese día, porque entonces se acabó el cuento'.
La ilegalización de Batasuna...
En caso de duda lo mejor es evitar extravagancias. Qué más quisiera ETA que la suspensión de la autonomía vasca. Los aprendices de brujo que invocan para ello el artículo 155 de la Constitución hacen el juego a quienes, como Arzalluz, son especialistas en explotar el victimismo con fines no necesariamente respetables. Hace ahora dos años, el presidente del PNV lanzó en un discurso dominguero el mensaje de que 'si las cosas van así, los siguientes [detenidos] seremos nosotros'(...), a lo que añadió: 'Y ojalá venga ese día, porque entonces se acabó el cuento'.
La ilegalización de Batasuna, ya sea por la vía penal o por la Ley de Partidos, está llena de dificultades jurídicas y políticas: por la falta de precedentes, por las trampas que los afectados pondrán a fin de intentar impugnarla, por la reticencia o abierto rechazo del Gobierno nacionalista encargado de aplicar las medidas. Sólo faltaba la insinuación de que podría suspenderse la autonomía vasca para agravar esas dificultades alimentando la esperanza de quienes llevan meses diciendo que lo que se pretende es ilegalizar ideas y no comportamientos coactivos de tipo terrorista.
En ningún país de nuestro entorno tendría existencia legal una organización como Batasuna, que tiene detrás las pistolas y bombas de un grupo terrorista. Y el caso del Sinn Fein puede ser citado como excepción, pero no como ejemplo a seguir: 3.500 muertos, intervención del ejército y alambradas separando a las dos comunidades como requisito conducente a la negociación. La ilegalización no acaba con ETA, pero desinflar el globo hinchado por la impunidad de su entorno se ha convertido en condición para su derrota política. Eventuales errores de un juez o vacíos legales surgidos no deberían hacer perder esa perspectiva.
Que Batasuna tenga grupo propio en el Parlamento vasco o se integre en el mixto no es un asunto trascendente. Sí lo es, en cambio, que la Mesa de ese Parlamento se niegue a aplicar una resolución judicial. Las opiniones expresadas estos días por diversos juristas indican que algunas medidas del auto de Garzón son discutibles, pero no absurdas; no de tal naturaleza que justifiquen una querella por prevaricación.
Se ha argumentado que la suspensión de un partido no tiene por qué implicar la de su grupo parlamentario una vez que se admite que sus componentes conservan el acta de diputados. Es lo que defiende el nacionalismo vasco, pero sus razones serían más atendibles si las instituciones que dirigen hubieran cumplido en la parte que les corresponda las resoluciones judiciales, como ordena la Constitución. Y en todo caso, hay cauces para recurrir sin salirse del marco legal. Las barrocas explicaciones de Atutxa no demuestran lo contrario. Ayer anunció una denuncia contra Garzón por un presunto delito contra la división de poderes. Es otra desmesura, pero al menos se plantea en el marco legal.
La autorización de las manifestaciones corresponde a la autoridad gubernativa, incluso para decidir si entran o no, según quienes las convoquen, en el ámbito de la suspensión judicial de Batasuna. No podrán ignorarse indicios como que esté prevista su clausura con un discurso de Otegi, como ocurría en la del sábado de la pasada semana. No se hace un favor a la Ertzaintza pidiendo perdón a los manifestantes, como ha hecho el Gobierno de Vitoria, pero las críticas de Iturgaiz y otros dirigentes del PP a la actuación de los mandos policiales son desmesuradas e injustas.
El momento es delicado. No hay duda del interés en deslegitimar, con la excusa de tal o cual aspecto menor, el objetivo de acabar con la impunidad del brazo político de ETA. Pero precisamente por ello debe evitarse responder a los desplantes desestabilizadores con desafíos extravagantes. El artículo 155 se introdujo en la Constitución como una garantía genérica ante situaciones extremas, de incumplimiento grave por parte de una comunidad autónoma de sus obligaciones institucionales. Antes de llegar a esa situación las leyes contemplan alternativas. Pasar por encima de ellas para demostrar la hondura de nuestra indignación sería la peor de las ocurrencias.
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