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Juan José Ibarretxe adoptó ayer un tono serio y solemne para rechazar el aluvión de críticas que, desde el PP y el PSOE, recibió su consejero de Interior, Javier Balza, por haber tolerado la celebración en San Sebastián de una manifestación en favor de los presos de ETA previamente prohibida.
ERTZAINZA / EFE
La Ertzaintza detuvo a un hombre de 32 años por agredir a un escolta del lehendakari durante su visita al santuario de Arantzazu. Los incidentes comenzaron cuando varias personas exhibieron una pancarta a favor de los presos de ETA y los concejales de Batasuna en Oñati (Gupúzcoa) intentaron sumarse a la comitiva de autoridades.
El secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep Lluís Carod, admitió ayer que mantuvo entrevistas con dirigentes de Batasuna antes de iniciarse el proceso de ilegalización para tratar de persuadirle del 'sinsentido del terrorismo'.
El ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, portavoz del PP en el Parlamento vasco, sigue siendo el favorito para la sucesión de José María Aznar, aunque pierde apoyo popular y ventaja sobre el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, según el Pulsómetro de la Cadena SER, dedicado esta semana a la sucesión.
Los siete cuadros que faltaban por recuperar del robo perpetrado el 8 de agosto de 2001 en la casa de la empresaria Esther Koplowitz estaban colgados en la paredes de un chalé adosado de Platja d'Aro (Girona) que la policía reventó el domingo.
Un buque de la Armada de Estados Unidos avistó ayer en aguas del Estrecho dos pateras con 95 inmigrantes a bordo que intentaban alcanzar la costa española, según informó el centro de Salvamento Marítimo en Tarifa.
El joven de 24 años José Manuel G., acusado de asesinar a Susana Martín-Vegue, de 35 años, en marzo de 2000 en un hotel de la ciudad castellano-manchega de Manzanares (Ciudad Real), donde se citó con ella y donde fue encontrado el cadáver, negó ayer tal imputación durante el primer día del juicio con jurado popular que se celebra en Ciudad Real.
El 'principal beneficiado' por la privatización del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid en 1992 no fue el ayuntamiento, que recibió 0,60 euros por el paquete accionarial, sino el asesor del equipo de gobierno del PP en tal proceso, José Ignacio Rodrigo.
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